Los aforados de Colombia llevan muchos años reclamando ante la justicia una doble instancia en sus procesos penales, pues sienten que les han vulnerado sus derechos a la igualdad, al ser solo juzgados en una única instancia en la Corte Suprema.
Recordemos que su queja llevó a que en el 2014 la Corte Constitucional le diera un ultimátum al Congreso de la República para que regulara el tema y el asunto parecía que se había quedado en el congelador, escondido en una maraña de expedientes en el cuarto del olvido, donde quedan muchas leyes en nuestro país.
Sin embargo, el caso revivió. Después de varios años de discusiones y consultas el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, para tapar ese vacío en la legislación colombiana, se dio a la tarea de llevar a la Comisión Primera del Senado, un borrador con un proyecto de ley sobre la segunda instancia y la impugnación de las sentencias para los aforados.
En ese borrador se establece que los casi 500 expedientes de investigaciones contra congresistas y gobernadores, o sea personalidades con fuero, que están engavetados en la Corte Suprema pasarían a manos de la Fiscalía General de la Nación.
De ser aprobada la norma por el Parlamento, las investigaciones preliminares contra los congresistas en Colombia irán a la Fiscalía, al igual que cientos de indagaciones que todavía cursan en la Corte por los nexos de los políticos con los paramilitares.
De acuerdo con el proyecto de Ley, la Fiscalía será la encargada de investigar y formular acusación ante una parte de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, corporación que realizará el juicio y proferirá fallo respectivo en primera instancia.
La iniciativa determina que los casos que actualmente se encuentren en investigaciones previas, los sumarios y juicios que se desarrollen la Sala de Casación Penal de la Corte, serán remitidos en el estado en que se estén a la autoridad competente para que conozcan de la instrucción o el juzgamiento. Es decir, a la Fiscalía o a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, dependiendo el estado del proceso.
El juzgamiento se deberá ajustar al procedimiento de la Ley 600 sobre el cual procederá apelación o impugnación, que se tramitará y decidirá en subsalas de la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que significa que serán subsalas de primera y segunda instancia.
Las citadas subsalas se integrarán de la siguiente manera: para emitir el fallo se designará un magistrado ponente y otros cinco que lo sigan en orden alfabético. Lo que sería una primera instancia. Los tres magistrados restantes que componen la Sala Penal tendrían que revisar la impugnación. Lo que sería una segunda instancia.
Estas salas actuarán como tribunal de casación, dependiendo de la especialidad. Conocerán de conflictos de competencias, seleccionarán las sentencias objeto de su pronunciamiento para unificación de jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad.
El citado borrador del jurista Fernández, también establece, en un artículo transitorio, que los magistrados que intervinieron en el trámite de asuntos contra aforados sólo estarán impedidos si formularon acusación o se profirió sentencia. O sea, que cuando los casos lleguen en segunda instancia a la Corte, estos togados pueden conocer los expedientes.
A pesar de que varios condenados por la llamada parapolítica, procesados en una sola instancia, han interpuesto acciones reclamando sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte no establece ninguna medida de revisión de sentencias para los fallos que ya se han proferidos hasta hoy. La nueva ley es a futuro.
La novedosa iniciativa ahora tendrá que ser estudiada por el Congreso, que tiene en sus manos nuevamente el futuro de los aforados en Colombia.
