Por Rafael Nieto Loaiza
Un año de Petro. Ha sido malo, muy malo, pero no tan grave como imaginé.
Para empezar, porque las instituciones han funcionado. No es poca cosa. El sistema judicial ha operado con independencia y ha frenado a la Casa de Nariño en varias ocasiones. El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el Presidente pretendía definir las tareas de energía; la Corte Suprema corrigió a Gustavo Petro y le recordó que el Fiscal no es su subordinado, y no se dejó presionar y advirtió que abordaría la elección del nuevo fiscal cuando fuera oportuno y no ahora; la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia y anunció que suspendería leyes que estén en vigencia, de manera excepcional y mientras decide de fondo las demandas, para evitar que sigan desarrollando efectos irremediables. En contra de la posición de Petro, también respaldó las funciones de control disciplinario de la Procuraduría frente a funcionarios de elección popular, en los nuevos términos definidos por la ley y la jurisprudencia. La Procuradora, por su parte, hace lo que debe a pesar de la irritación permanente del inquilino del palacio presidencial.
La Fiscalía ha dado muestra de equilibrio y carácter. Por un lado, le recuerda una y otra vez a Petro que no puede violar la ley con la excusa de la “paz total” y le anuncia que no respaldará una política gubernamental que renunció a la lucha contra el narcotráfico. Por el otro, así como acusa a Oscar Iván Zuluaga, avanza, por fin, en los procesos de Odebrecht y nos da la esperanza de que también Santos pague por la financiación ilegal de sus campañas y, ojalá, por los contratos entregados a la multinacional a cambio de ese dinero. Y no le ha temblado el pulso para enjuiciar a Nicolás Petro. Se espera también una pronta decisión contra Juan Fernando Petro por recibir dinero de bandidos a cambio de favores gubernamentales. Confiemos en que en estos pocos meses se concreten las acusaciones por corrupción y abuso de poder contra Laura Sarabia y se apriete el cerco sobre Armando Benedetti y el clan Torres, de manera que sepamos la verdad sobre la financiación de la campaña de Petro. Por cierto, ahora tendrá que lidiar también con el caso del capo de Casanare y su señora, aportantes a la campaña según palabras textuales de una de las cabezas del Pacto Histórico en ese departamento.
Y el Congreso y los partidos políticos, entregados al gobierno, con un par de excepciones, el año pasado, este 2023 han dado muestras de independencia y de ser capaces de hacer su tarea de control político. A pesar de los tránsfugas y de los que se venden por contratos y puestos, que no son pocos, Petro dejó de tener las mayorías, y la oposición y los independientes han recuperado el control del Senado y de varias comisiones claves. Si el gobierno logró la aprobación sin problemas de esa voraz y asfixiante reforma tributaria, hoy tiene embolatadas la reforma a la salud y la laboral y los proyectos de ley que desarrollan la “paz total”. Lo que se apruebe en estas materias, y en lo pensional, no será en todo caso la versión radical, neomarxista, que quiere el gobierno.
Petro y la izquierda perdieron su discurso. Su narrativa del cambio y de la lucha contra la corrupción no tiene ya legitimidad. Su relato unívoco y maniqueo sobre los gobiernos anteriores, a los que acusaban de promotores de la violencia y de narcotráficantes, no tiene ya credibilidad. Los escándalos que rodean a Petro redujeron a cenizas su narrativa y su relato. Y no por acusaciones de la oposición sino por los hechos delictivos y las desvergüenzas que protagonizan los de su círculo más íntimo, su primogénito, su hermano, su esposa, su vicepresidente, su mano derecha en Palacio, su operador político por excelencia, sus ministros y embajadores. No pasa una semana en que no estalle un nuevo alboroto.
La prensa, por su lado, también hace la tarea. Semana ha sido clave en la investigación de los escándalos mayores. Pero lo que se ha sabido sobre la campaña presidencial y el gobierno ha sido tanto y tan feo que incluso Caracol, parte del grupo Prisa, tan complaciente con el progresismo, ha hecho denuncias importantes. La FM enerva a la Casa de Nariño. Los editoriales de El Espectador han sido valientes en la defensa de la libertad de prensa y en censurar los ataques presidenciales. El Colombiano no cesa en publicar información sobre el desastre petrista y en general la prensa regional cumple su labor.
Petro, para rematar, perdió la calle. Si puso en jaque a Duque con movilizaciones y bloqueos, hoy es incapaz de sacar a sus huestes de sus casas. Cuando desde Casa de Nariño han querido presionar el Congreso con los balconazos, se han encontrado que la capacidad de movilización popular de la oposición ha sido mucho mayor.
Finalmente, la izquierda tendrá muy malos resultados el 29 de octubre. Será, además, un contundente referendo contra Petro. Bogotá, Cali y Medellín dejarán de estar en poder de los zurdos y Barranquilla seguirá en las de los Char. Capitales muy importantes, además, para las elecciones del 2026.
Sí, la economía viene mal, la seguridad es un desastre y la corrupción está desbordada. Pero podría ser mucho peor. Al menos tenemos la certeza de que Petro no irá más allá de su período, de que las instituciones funcionan y de que la ciudadanía ha despertado.
