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Dentro de los hallazgos se encuentra que la pérdida de apropiación en la vigencia 2023 ascendió a $111.643 millones, sin que el ICBF hubiera atendido las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. También se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de raciones familiares para preparar no entregadas y compras no autorizadas, al igual que inmuebles en estado de abandono que no cumplieron con el objeto del contrato.
Con 24 hallazgos fiscales por $15.549 millones, la Contraloría General de la República concluyó una Auditoría Financiera a los estados financieros y la información presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a 31 de diciembre de 2023.
En desarrollo de esta auditoría se establecieron 147 hallazgos administrativos de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal por $15.549 millones, 4 con otras incidencias, 18 dan lugar a indagaciones preliminares, 2 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y 6 beneficios de auditoría por $414 millones.
La auditoría se practicó a la Dirección General y 14 puntos de control correspondiente a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre.
Los ingresos asignados al ICBF para la vigencia 2023, fueron de $9.08 billones, presentando un incremento de $1.15 billones, equivalente al 12,74% frente a la vigencia 2022. El 56,39% de los recursos, equivalente a $5.23 billones, proviene de Aportes de la Nación; y el 43,61% ($3.84 billones) son Recursos Propios. Y los ingresos provenientes de la Parafiscalidad del 3%, representan el 88,13% del total de los ingresos propios de la entidad.
La ejecución presupuestal de gastos en el ICBF para la vigencia de 2023 fue del 94,94% del total de los recursos asignados; es decir, los bienes y servicios realmente recibidos a 31 de diciembre de 2023.
A nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $111.642 millones, sin que el ICBF mostrara la ejecución de las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad, que deben acoger e implementar los Gerentes de Recursos para mejorar los tiempos asociados al ciclo presupuestal y aumentar los niveles de ejecución.
La ejecución más baja se identificó en los programas de Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional, con el 66,4%, y en el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que presenta un 56,99%.
En cuanto a los recursos de Funcionamiento, la ejecución más baja de estos se muestra en los rubros de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, con un 44,99% y 44,68% respectivamente.
Finalmente, se identifican debilidades en el proceso de planeación presupuestal en cuanto a los recursos programados para la vigencia 2023, lo cual generó una solicitud de reducción presupuestal que no fue viabilizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que impactó de manera directa la ejecución presupuestal de los recursos de los rubros de personal Transferencias Corrientes e Inversión.
Contratación
De acuerdo con el desarrollo del ejercicio auditor, se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de Raciones Familiares para Preparar (RFPP) no entregadas, compras no autorizadas en el contrato, consistencias pago RAM y sistema de información cuéntame, consistencia en entrega de canastas, movimiento de cuenta de uso exclusivo y planillas de entrega, falta en el cargue de información en SECOP II y deficiencias en la gestión documental en expedientes contractuales.
Por otro lado, se presentaron dificultades en la entrega oportuna de información para el desarrollo de esta auditoría, especialmente del Convenio Nro. 01014282022 firmado entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la droga y el delito, por lo que se solicitará el inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio, por la no entrega de información relacionada con el talento humano.
Obras Inconclusas
Según el reporte de obras inconclusas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se estableció que el ICBF tiene dos obras en la ciudad de Ibagué, las cuales corresponden a los hogares Infantiles Payasito y Copetín.
Se evidenció que el ICBF realizó dos pagos al contratista por $705 millones y compensación por $43 millones ordenada mediante las resoluciones 11580 del 2 de noviembre de 2016 y la 13408 del 28 de diciembre de 2016. En el informe final de interventoría se hace relación de un avance de obra del 26.07% en la totalidad del contrato, por lo cual el ICBF declaró el incumplimiento de este.
A la fecha no se evidencia que el valor desembolsado se encuentre justificado, esto en base a la visita realizada a los centros infantiles el 29 y 30 de abril del 2024, donde se evidenció que los inmuebles se encuentran en estado de abandono y no cumplieron con el objeto del contrato. Adicionalmente estas obras en la actualidad generan gastos como pagos de servicios públicos y servicio de vigilancia por lo que, al no tener certeza de los gastos en lo que se ha incurrido en estos dos hogares infantiles, se solicitará que de oficio se de inicio a una Indagación Preliminar.
Principales hallazgos encontrados
Dentro de los principales hallazgos de mayor cuantía están: uno con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $2.202 millones, por recursos entregados a los operadores de contratos de aportes y que no fueron ejecutados, ni han sido reintegrados a la fecha. Se tuvo un beneficio de auditoría por $216 millones, en atención al reintegro de operadores, y afectación contable.
Otros dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.904 millones, por corresponder a recursos del contrato que no se encuentran soportados en su ejecución, legalizados o reintegrados.
La auditoría también estableció un detrimento fiscal por $1.920 millones resultado de las inejecuciones identificadas por la supervisión en el acta de legalización de cuenta, los cuales no se han reinvertido o reintegrado.
