Las posibles inhabilidades de los aspirantes a la Gobernación cordobesa, Orlando Benítez y María Milene Andrade, les abren la opciones a los candidatos Carlos Gómez y Eduardo Padilla.
Ya habíamos contado en nuestro portal que el candidato a la Gobernación de Córdoba Orlando Benítez, el mismo que dijo en un lapsus que iba a «robar de frente», estaría inhabilitado por doble militancia, pues es aspirante del Partido Liberal, pero hizo alianzas con otros políticos, entre ellos, el Partido de La U y Farc, en la zona.
Ahora el turno es para la señora María Milene Andrade García, ex Defensora Regional del Pueblo en Montería y candidata de Colombia Justa Libres, quien mantenía en secreto la firma de un jugoso contrato con el Estado que la sacaría de la contienda política local.
Andrade García es socia activa de la Fundación Academia Sinú y esta entidad sin ánimo de lucro tiene un contrato convenio vigente, el No. 000002, durante tres años, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por más de 500 millones de pesos para formar o capacitar a estudiantes de la citada empresa estatal. El mencionado contrato se firmó el 1 de marzo de 2019 y va hasta el 31 de diciembre del presente año.
El contrato fue firmado por Víctor Manuel Ariza Palma, director regional del SENA de Córdoba, y Zunilda Rosa Ávila Fuentes, como Representante Legal y socia de María Milene Andrade. Es de resaltar que Ávila Fuentes es una cuestionada contratista local nombrada en varias investigaciones por corrupción en los casos de los alimentos de los niños pobres o lo que ha denominado el Cartel del PAE. Miremos estas referencias: Nota1. Nota2.
Según las normas electorales, entre ellas, el Artículo 30, numeral 4, de la Ley 617 del 2000, ningún aspirante puede tener contrato con el Estado vigente 12 meses antes de su inscripción como candidato, lo cual es causal de impedimento o inhabilidad. En este caso, la sociedad de Andrade tiene un convenio vigente o en desarrollo con SENA hasta el 31 de diciembre de 2019.
Por un hecho menos grave, fue inhabilitado el elegido Alcalde de Cartagena por voto popular en el periodo pasado, Quinto Guerra, a quien la Procuraduría le tumbó su elección y el Consejo de Estado ratificó esta decisión, al tener un pequeño contrato con el Estado.
La misma señora María Milene Andrade le envió la propuesta de la Fundación Sinú, firmada por ella, al SENA para que le dieran el valioso contrato, avalando la experiencia de 35 años de su empresa. Es decir, la actual candidata mueve sus influencias como exDefensora del Pueblo para que le adjudiquen el negocio.
La Ley 617 del 2000 es clara cuando dice que no necesariamente el implicado tiene que ser Representante Legal de una empresa para estar ihnabilitado, solo basta que haya intervenido en la gestión para logar una respectiva contratación. Como quedó en evidencia en el caso de Andrade.
La candidata Andrade no puede negar que hace parte de la Fundación Sinú, porque es una de sus fundadoras y en varias oportunidades ha asistido, en calidad de socia principal o dueña, a las Asambleas o reuniones legales de la citada firma en la Cámara de Comercio y demás entidades.
Además, el señor Pablo Suárez García, también socio activo de la firma, como se puede ver en los documentos oficiales de la misma y en las propuestas enviada por dicha Fundación al SENA, es nada menos que el esposo de la candidata María Milene Andrade. Es decir, es una empresa familiar, de la que ambos se lucran.
María Milene Andrade ya fue denunciada por este hecho ante la entidades nacionales que tienen que ver con el tema electoral, como la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y la Misión de Observación Nacional (MOE).
Además fue denunciada ante su propio partido Colombia Justa Libres por esta irregularidad, movimiento que podría verse incurso en un proceso de pérdida de personería jurídica, si se comprueba este caso de corrupción, cuyas pruebas son contundentes.
El Slogan de Andrade es: «La Fuerza de la Honestidad», pero con esta actuación en secreto, le fallo a la transparencia en el país y a la confianza de los cordobeses.
El caso de Benítez será resuelto pronto por el Tribunal Administrativo de Montería, donde cursa una denuncia en su contra por la supuesta doble militancia.
Si Benítez y Andrade resultaran inhabilitados, se le abre la opción en Córdoba a Carlos Gómez, del Centro Democrático, y a Eduardo Padilla Hernández, un reconocido veedor ciudadano, que ha liderado la lucha contra la corrupción durante años en ese departamento caribeño.
