Por Sixto Alfredo Pinto
Columna de Opinión.
Los coletazos delictivos del monstruo Inco-Odebrecht-Ordosgoitia-Hugo Kerguelén-Mafioly-«Ñoño» Elías, siguen vigentes en el municipio de Montería, pero todos callan y ocultan su desastre patrimonial en detrimento de la capital cordobesa.
Hace 15 años en el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), el director Luis Carlos Ordosgoitia (padre del actual alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia) y Hugo Kerguelén, Odebrecht, orquestaron un gran desfalco a la infraestructura vial nacional, y corrompieron el Inco y medio Senado de la República, con la Ruta del Sol y su adicional de Ocaña (Norte de Santander) a Gamarra (Cesar), un caso que tiene hasta muertos a bordo. Kerguelén es ahora el candidato del Carlos Ordosgoitia para que lo reemplace en la Alcaldía de la capital de Córdoba.
En Montería se dice que quien manda en la Alcaldía no es el mandatario Carlos Ordosgoitia, sino el propio Luis Carlos Ordosgoitia, su padre, quien tiene antecedentes que supuestamente lo vinculan a la corrupción por presuntos nexos con paramilitares y el Pacto de Ralito, cuando estuvo manejando el Inco, en el año 2026, aunque logró librarse de todos los cargos.
Y cuando hablamos de muertos, nos referimos al periodista Rafael Moreno, asesinado por hacer investigaciones contra la corrupción en Córdoba el 16 de octubre de 2022, valga la oportunidad para dedicarle esta investigación como un homenaje a su labor truncada en pro de la transparencia en ese departamento.
Hugo Kerguelén, como estructurador, y Santander Eliécer Mafioly en la interventoría, se prestaron para darle legalidad a un exabrupto contrato patrocinado por el excongresista cordobés Bernardo «Ñoño» Elías y otros senadores que hoy resucitó la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que Elías fue condenado a más de seis años de prisión por cohecho y tráfico de influencias tras participar en la corrupción de la firma constructora brasilera Odebrecht, que repartía millonarios sobornos en las altas esferas del Gobierno, el Parlamento colombiano y las campañas políticas para que le otorgaran los mayores contratos de infraestructura del país. Recientemente el popular «Ñoño» quedó en libertad y fue recibido en su tierra Sahagún como un héroe, hecho que ha criticado en toda Colombia. Dicen que ya está listo para manejar nuevamente la política en su región a su antojo.
Sin embargo, los dueños del poder en Córdoba no pueden estar tranquilos porque el Ente Acusador está atando cabos sueltos sobre los contratos que se disimulan y esconden en Montería con el aval del mismo gobierno municipal, en cabeza de Ordosgoitia.
Bernardo «Ñoño» Elías y su testaferro sahagunense Richard Náder Ordosgoitia y demás convictos, manejan la contratación de Montería a su antojo, por parte de su cabeza visible: la gerente Érica Avendaño, esposa de Juan Kamal Náder, hermano de Richard. Estos dos últimos son catalogados en los pasillos de los entidades municipales como “compradores de contratos”. No olvidemos que Richard Náder, intermediario del condenado exSenador cordobés Musa Besaile, fue puesto preso en julio de 2018 junto con su compañero cordobés Ronald Rafael Ruíz León por corrupción al untarse de “ñoñomanía” en el caso del un contrato corrupto por más de 16 mil millones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.
Richard Náder resultó vinculado al escándalo de las coimas en Fonade en ese 2018, donde hubo feria de dádivas de miles de millones para congresistas de la época como el mismo Elías por las intermediaciones en la adjudicación de contratos de infraestructura a conocidos consorcios. Luego se supo de este Náder era socio del hermano de Musa, el exgobernador Edwin Besaile.
Volvamos a Hugo Kerguelén, quien desde el Inco, es estructurador de procesos licitatorios amañados para Odebrecht, y su combo cartagenero, familiares del alcalde Ordosgoitia. Por eso se ganó el contrato para hacer la Universidad del Sur (Unisur) en Montería, una obra anunciada en medios de comunicación en agosto de 2022 por la suma de 54 mil millones de pesos y que construye la empresa de ingenieros Lopeca.
El cartagenero Carlos Augusto Martínez, es el compañero sentimental de una cordobesa de apellido Spath, que es la secretaria de obras y supervisora de contrato de Unisur, lo cual es igual al ratón cuidando el queso.
Esta comunidad marital la descubrió e intervino la Contraloría a nivel Nacional, debido a cambio de especificaciones técnicas concebidas por el constructor; en efecto, a esta pareja le tocó transar y tapar el torcido por mil 500 millones de pesos, porque el contrato vale 54 mil millones. Ahora, Spath tiene que reajustar el contrato para compensar la multa, en detrimento del erario público local.
Con razón Hugo Kerguelén, socio del contratista Carlos Martínez, tiene tantos recursos para financiar su campaña política, pues su padre y Lopeca fueron socios constructores y excuñados. Aquí cabe el vallenato de los hermanos Zuleta: “La Sangre Llama”.
Hugo Kerguelén estructuró el contrato de Businú por 48 mil millones, para el citado combo cartagenero, de vieja data del Inco, con los ingenieros de Autopistas de la Sabana, contrato que debió ser entregado en diciembre del 2021, y que hoy, año y medio después, no han ejecutado ni el 50% de la obra contratada.
Este incumplimiento de contrato de $48 mil millones lo están conciliando, amañando o renegociando en la Cámara de Comercio de Cartagena, donde no hay ríos con caudal ni profundidad variable, con ingenuos sin experiencia en puertos oscilantes, y sin poseer conocimientos de los flujos de variación de la cota del río Sinú.
Ellos sólo están amarrados a lo que se imaginan, algo así como la operación de una presa como Urrá.
Pero Kerguelén, para proteger a sus amigos radicó la conciliación en Cartagena, con el fin de que la sociedad civil monteriana desconozca el peculado y el producto del detrimento patrimonial con el cual financiará su campaña a la Alcaldía de Montería.
Kerguelén es “padrino” del “matrimonio” Veolia-Consulcor, en el peculado por apropiación de $100 mil millones, por la inejecución de las obras hidrosanitarias del otrosí 09 del 2014, que convirtieron el río Sinú en asquerosa cloaca sanitaria departamental, todo esto con la complicidad municipal, incluido Mafioly, en un compadrazgo de vieja data, nefasto para Montería y su calidad ambiental.
Mafioly sancionado por la Contraloría General
El ingeniero Santander Eliécer Mafioly Cantillo es accionista de Consicivil SAS, la mayor socia del Consorcio Rivera Tierralta, que firmó un contrato para la recuperación de la ronda del Río Sinú en diciembre de 2021. Fue sancionado por la Contraloría en febrero de 2021 por un detrimento fiscal a la EPS Acueducto y Alcantarillado del Tolima por 292 millones de pesos.
Este personaje que se ha ganado tantos contratos en Córdoba aunque figura como sancionado por la Contraloría General de la República por su mala actuación en proyectos de construcción en otras regiones del país, pero en ese departamento costeño es uno de los empresario favoritos de la Alcaldía. ¿Por qué será?
No pasemos por alto que en noviembre de 2019 su pariente Marco José Mafioly Cantillo, interventor de obras, estuvo detenido por un escándalo de corrupción en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, debido a un contrato que costaba 12 mil millones y tuvo un valor final de 17 mil millones sin justificar.
El combinado Kerguelén-Mafioly-Martínez, sigue vigente en ejecución de obras civiles en Montería, como son, por ejemplo, los pavimentos de los Pericos, Villa Caribe y el alcantarillado de Villa Cielo (esta última solo comenzará en este mes de julio de 2023), paralizados y atrasados desde el 2021, pero eso sí, ya fueron pagados con actas proyectadas y firmadas hace más de un año por Kerguelén, para solucionar deudas de campañas políticas, en detrimento del erario público de Montería y su población de estrato 1, asaltada esta comunidad por un estrato 6 cubierto parcialmente con las escorias de Odebrecht.
A pesar de toda esta injusticia que los monstruos de la corrupción han cometido contra el pueblo raso como Ñoño Elías, cuando ellos cumplen su condena en la cárcel y son puestos en libertad, ese mismo pueblo raso que ha sido oprimido por esas quimeras, les hace el mismo delirante recibimiento que le hicieron al campeón de boxeo Happy Lora y a la fallecida estrella del canto vallenato Diomedes Díaz.
La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el sólo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La avaricia es un síndrome de pobreza: El avaro, aunque sea rico, cree que es pobre, y por eso debe conseguir más dinero, sin mirar las consecuencias, aunque tenga que destruir, robar y matar. El individuo avaro es un peligro para la sociedad.
Parece que los avaros de la corrupción arrojaron sobre la faz de la tierra cordobesa un potente hechizo colectivo. No se encuentra otra explicación para este trastorno social tan fatal. El Estado debería conformar un grupo interdisciplinario compuesto por sociólogos, antropólogos y psiquiatras, entre otros expertos, para que inicien un estudio tendiente a solucionar este espantoso fenómeno social de la avaricia que ha generado tanta corrupción.
Estas denuncias continuarán en varias entregas…
