Según la corporación el Gobierno Nacional estaría extralimitando sus facultades reglamentarias y habría violado el principio de reserva de ley.
El Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, que buscaba implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en Colombia, por eso el Presidente Gustavo Petro aseguró que eso es «atentar contra la vida humana».
La corporación encontró que el Gobierno Nacional estaría extralimitando sus facultades reglamentarias y habría violado el principio de reserva de ley, por lo que decidió suspender la aplicación de este nuevo modelo de salud mientras se estudia la demanda de fondo.
Entre los argumentos del demandante, el representante por Bogotá del Centro Democrático Andrés Forero, se alega que el Gobierno se extralimitó al regular elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la República.
“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b” o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado», indicó el representante.
De hecho, ese decreto crea unas nuevas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), lo que desplaza el rol coordinador de las EPS y eso justamente implica una transformación estructural del modelo de prestación, lo cual debería ser objeto de debate y aprobación legislativa.
¿En qué consistía el modelo de salud del gobierno?
El decreto desde sus inicios fue ampliamente cuestionado por estar alineado a lo que plantea la Reforma a la Salud, que no ha logrado sacar este gobierno en el Congreso de la República.
A groso modo, el gobierno ha informado que se trata de una ley para resolver los problemas del sistema de salud a corto y mediano plazo.
Se crean las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) que la componen hospitales y centros de atención públicos, privados y mixtos y que contará con dos niveles en atención importantes que son:
- Nivel primario, es decir, la atención directa a los colombianos. Será el centro de atención, al cual los ciudadanos tendrán que ir en primera instancia para ser atendidos en los servicios de baja y mediana complejidad, según el decreto, en primera instancia se implementará este mecanismo en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención
- Nivel secundario o complementario, estará integrado por los servicios de mediana y alta complejidad. Allí los pacientes serán remitidos mediante un sistema articulado de referencia y contrarreferencia, es decir, ese proceso de enviar a un paciente a un nivel de atención superior o especializado y luego devolverlo al nivel de atención original para continuar su tratamiento.
Sobre esta red integrada, las gobernaciones y alcaldías tendrán el control y se deberán articular con EPS e IPS.
Sin embargo, dice el gobierno que las EPS no desaparecen para los usuarios, sino que siguen cumpliendo su función normal, con la diferencia de que ya no van a controlar la conformación de la red, ni la remisión de los pacientes y tampoco serán intermediarios de los recursos.
Este es el fallo del Consejo de Estado:

«Es ir contra la vida humana»», afirma Petro
El Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto 0858, con el que el Gobierno buscaba implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, aparte de la reforma de la salud.
Petro aseguró que suspender un sistema preventivo era ir en contra de la vida humana.
“El sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público, de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio. Lamentable aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”, añadió Petro.
Jaramillo amplió la posición y calificó como inadmisible frenar este decreto que implica la adopción del modelo preventivo y predictivo para fortalecer la atención primaria en salud.
“Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud, según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en todo el territorio nacional y sin ningún tipo de discriminación”, escribió Jaramillo.
“Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo. Los dueños del negocio no quieren que se garantice ese derecho. No nos vamos a paralizar. El cambio continúa”, reiteró.
Ahora, el Gobierno deberá defender ante el Consejo de Estado por qué se debe continuar con la ejecución de este decreto, aunque será un debate de varios meses.
El decreto implicaba, entre otras, la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) como primer punto de contacto con la población y base territorial para la atención. Las clínicas y hospitales también se reorganizarán bajo este nuevo esquema, mientras las EPS mantendrán su existencia, pero con funciones limitadas, ya que los departamentos y municipios asumirán la organización de las redes hospitalarias y su funcionamiento.
Expertos, agremiaciones de pacientes y organizaciones de profesionales de salud alertaron que el documento generaba varias confusiones en las responsabilidades de cada actor y no estaba claro cuál sería la fuente de financiación para los cambios.










