El Alto Tribunal le indicó al Gobierno del Presidente Gustavo Petro que tendrá ocho días para emitir un nuevo decreto transitorio que respete los parámetros técnicos definidos por la normativa.
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del Decreto que fijó el aumento del salario mínimo para el 2026. Se trata de una medida cautelar adoptada por el magistrado ponente, Juan Camilo Morales Trujillo, que ordena al Gobierno Nacional que dirige el Presidente Gustavo Petro, expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
Morales Trujillo argumentó en su decisión de 62 páginas que el citado Decreto 1469 de 29 de diciembre de 2025, carecía de justificación técnica legal adecuada.
El punto central de la decisión del Alto Tribunal administrativo es la necesidad de que el aumento del salario mínimo surja de un proceso de concertación entre el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, que lidera Antonio Sanguino, y los sectores implicados en el tema como los gremios empresariales (empleadores) y centrales sindicales (trabajadores), además de la aplicación estricta de los indicadores técnicos.
La medida suspende incremento del salario mínimo
El magistrado que estudia la legalidad del Decreto 1469 —que estableció un incremento del 23,78 %— dictó una suspensión provisional mientras se resuelve de fondo la demanda. La decisión en implica que los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Ejecutivo emita un nuevo acto administrativo que cumpla los criterios técnicos exigidos por la ley.
La decisión ordena que el nuevo decreto deberá ser transitorio y aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales relacionados con la fijación del salario mínimo.
El Gobierno de Petro tendrá ocho días para emitir un nuevo decreto que respete los parámetros técnicos definidos por la normativa. Entre ellos se incluyen variables como la inflación, la productividad y el comportamiento económico, factores que deben ser considerados dentro del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado. La orden judicial ratifica que el incremento salarial no puede obedecer únicamente a una determinación política, sino que debe sustentarse en criterios objetivos previamente establecidos.
Recordemos que el pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento sin precedentes en Colombia del 23,7 % del “salario mínimo vital”, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos incluido el subsidio de transporte.
El Presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 23.7 %, en la cual defendió la legalidad de su decreto, asegurando que el concepto de salario vital es un mandato de la Constitución y que la medida judicial pone en riesgo el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
«Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución», afirmó el jefe de Estado, quien calificó de «anticonstitucional» cualquier intento de disminuir la demanda de alimentos vitales en el país.
Según Petro, reducir el impacto del salario en las actuales circunstancias detendría la economía nacional y aumentaría indicadores críticos como el hambre y la desnutrición infantil.
El Mandatario colombiano hizo un llamado a la coordinación de movimientos sociales para estudiar la postura del Gobierno y solicitó al «pueblo trabajador» expresarse sobre el asunto. Por lo cual se esperan marchas y protestas por este asunto. Petro además enfatizó que el Poder Judicial debe reconocer que su administración se debe al voto popular y al cumplimiento de la carta magna.
El Presidente explicó que las últimas mediciones económicas demuestran que el aumento del 23.7 % ha tenido una incidencia marginal en el incremento de precios de alimentos. En su análisis, el verdadero riesgo para el empleo y la inflación en Colombia radica en el alza de las tasas de interés y no en el fortalecimiento del ingreso mínimo.
Gustavo Petro invitó a construir un «pacto social de la vida y de la paz». «Para el Ejecutivo, la suspensión del decreto 1469 de 2025 es una medida con carácter «antisocial» que busca anular las prerrogativas del Gobierno en materia salarial, afectando la dignidad de quienes devengan el mínimo», manifestó.
