Es el mayor avance en descentralización de Colombia en 30 años. La plenaria de la Cámara avaló en último debate el proyecto de reforma constitucional que dará mayor autonomía económica a los departamentos y municipios. Conozca el Abc de esta norma…
El Congreso de Colombia aprobó en la noche del lunes 2 de diciembre de 2024 el último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo por el que el Gobierno Nacional transfiere recursos a las administraciones locales. Esta decisión significa el mayor avance en descentralización y autonomía económica de las regiones desde la Constitución de 1991, es decir en más de 30 años. Se trata de un aumento paulatino de los recursos con destino a la educación obligatoria, la salud, la recolección de basuras, los acueductos y alcantarillados.
El acto legislativo, que comenzó como una iniciativa parlamentaria independiente, en el camino recibió el apoyo del Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego. El tema es considerado como la primera gran victoria del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lo apoyó desde antes de su ingreso al Gobierno, en el mes de julio de 2024.
Es, además, un paso adelante en la construcción del gran acuerdo nacional en el que han insistido tanto el exsenador como el presidente. Para convertirse en parte de la Constitución, solo hace falta la conciliación entre los textos aprobados en Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Sin embargo, para que aterrice a la realidad, el Congreso debe aprobar una ley de competencias, que defina en detalle las nuevas responsabilidades que tendrán los municipios y departamentos a cambio de recibir más dinero. Para ello, la reforma prevé un plazo de 12 meses.
En definitiva, el Congreso aprobó en ocho debates una modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución, que establecen las reglas del SGP. Gracias a ello, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se gira a las regiones pasará del 25% actual a un 39,5%, con aumentos graduales a lo largo de 12 años. La propuesta inicial, que generó muchas alarmas en distintos centros de estudios económicos y produjo el pronunciamiento en contra de 27 exministros de Hacienda, establecía llegar hasta el 46,5% en 10 años, lo que apretaría aún más las cuentas ya deficitarias del Estado central colombiano.
El Representante del Partido Liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto y por años cercano a Cristo, explicó la importancia histórica de la reforma: “Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. Damos el paso final para devolverle a las regiones su capacidad de tomar sus propias decisiones para atender sus necesidades. Este proyecto no es solo una reforma financiera, es un clamor histórico de las regiones. Es una apuesta por cerrar las brechas territoriales y construir una Colombia con oportunidades para todos”.
En la Plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma obtuvo 124 votos por el sí y tan solo 3 por el no, una mayoría absoluta gracias al apoyo de congresistas miembros de bancadas de Gobierno, independientes e incluso de la oposición. Representantes del Pacto Histórico, el partido del presidente Petro, el partido Verde, el partido Liberal, el partido de la U, el partido Conservador hasta algunos de Cambio Radical y del Centro Democrático votaron positivamente el proyecto.
Este resultado se debe en parte a que la descentralización no es un asunto propio de la división ideológica en Colombia, a que el proyecto no es visto como bandera de Petro y a que la necesidad de reforzar el Estado local es compartida por diferentes fuerzas. Pero también es el fruto de una larga negociación liderada por el Ministro Cristo y del apoyo de alcaldes y especialmente gobernadores de diferentes tendencias políticas.
El Ministro del Interior Cristo agradeció la presencia de las autoridades locales en el último debate: “Reconocemos la importancia de la voz de alcaldes y gobernadores, cuya experiencia y liderazgo han impulsado el último debate del proyecto para transformar el Sistema General de Participaciones. Este es un paso clave hacia el propósito constitucional de devolverles a las regiones la capacidad de atender sus necesidades y cerrar brechas históricas”.
¿Qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)?
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados). El SGP está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991. El SGP se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
¿Por qué hay que reformar el SGP?
Una reforma al SGP es fundamental para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo. Hoy día, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). La reforma constitucional presentada por el Gobierno Nacional, y que cursa su sexto de ocho debates en el Congreso de la República, busca que en adelante los entes territoriales reciban el 46,5% de los ICN para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios.
¿Quebrará la reforma a la Nación? ¿Es fiscalmente insostenible?
No. La reforma no solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales. No hay más plata para las regiones si no se redefinen las competencias.La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica.
¿La reforma del SGP fortalece las instituciones en las regiones?
Sí. La redistribución de competencias entre la Nación y los territorios pretende otorgar mayores responsabilidades a las entidades territoriales: además de recibir más recursos, los territorios deben. fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, un paso hacia el cierre de las brechas regionales y una oportunidad para corregir desequilibrios históricos entre Bogotá y las regiones. La discusión alrededor de la reforma es quién maneja el poder y los recursos, la experiencia ya ha demostrado que concentrar poder y recursos en Bogotá no es efectivo ni eficaz. La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría acabar con esa práctica.
¿Se puede considerar la reforma parte del Acuerdo Nacional?
La reforma al SGP no solo se puede considerar parte del Acuerdo Nacional, sino que probablemente es una de las piedras angulares sobre las que el país podrá sustentar las futuras discusiones –más allá de 2026, más allá del Gobierno Nacional–, sobre el rumbo que debe tomar el desarrollo territorial. Los entes territoriales en Colombia deben tener la capacidad de decidir cuál es la mejor manera de invertir los recursos para su desarrollo, es una conversación fundamental en el marco del Acuerdo Nacional; si no lo pueden hacer, difícilmente podrán superar los ciclos de violencia y la desigualdad. Esa es la conversación que no podemos olvidar: la Constitución de 1991 trajo la promesa de la autonomía territorial, pero hasta ahora no se ha concretado. La reforma es el primer paso para hacerlo.
