En la tarde del martes 18 de octubre de 2022, el reconocido contratista cordobés, Emilio Tapia, condenado por corrupción y preso en la cárcel El Bosque de Barranquilla (Atlántico), radicó un denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra la exministra de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, por el sonado caso de la Unión Temporal Centros Poblados, contratación en esa cartera en la cual están perdidos 70 mil millones de pesos.
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- Interés indebido en la celebración de contratos
- Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales
- Falsedad en documento público
- Fraude procesal
- Y peculado por apropiación
Estos delitos que le endilga Tapia a la exministra Abudinen tienen previstas penas de 6 a 15 años de cárcel.
Según la denuncia de Emilio Tapia, la entonces ministra de las TIC habría incurrido en esas conductas delictivas cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esa garantía sin cumplir con la obligación de revisarla. Y al final, como todo el mundo sabe, dichas pólizas de garantía resultaron falsas.
Tapia afirma que por las decisiones de Abudinen, la Unión Temporal no pudo ceder el contrato a dos interesados internacionales quienes podían haber cumplido en su totalidad con el mismo y sin que se perdieran dineros públicos como efectivamente se perdieron. Y sostiene que la exministra declaró ilegalmente la caducidad del citado contrato.
La Unión Temporal, de la que hacían parte empresas ligadas a Emilio Tapia, quien no aparece en ningún documento de la licitación pero era el coordinador de toda la operación, había ganado una licitación por más de un billón de pesos para interconectar (con internet) escuelas rurales en los municipios más pobres de Colombia y esa misma temporal recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos a pesar de que las garantías del contrato eran falsas, dinero que ahora no se ha podido recuperar.
Al final, nunca se llevó el Internet a los niños más humildes del país y esos grandiosos recursos del Estado están extraviados.
Ahora la justicia tiene la misión de investigar la seria denuncia de Tapia.
