A casi dos años del Gobierno, la Unidad para las Víctimas presentó el balance en la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.
Desde agosto de 2022, se han entregado 204.703 indemnizaciones a 178.953 víctimas, por un valor de 1,7 billones de pesos. Además, se han reconocido como víctimas del conflicto a grupos étnicos, como el pueblo raizal del Archipiélago, al movimiento sindical y a la comunidad campesina de Sumapaz.
Se logró el ingreso a zonas que están en medio de crisis de desplazamiento masivo y confinamiento, para brindar atención humanitaria a 516 comunidades con 48.594 hogares, por un valor superior a los 33.885 millones de pesos.
Con metas ambiciosas para el cuatrienio 2022-2026, la Unidad busca indemnizar a 600.000 víctimas, formular y avanzar en 642 Planes Integrales de Reparación Colectiva, y contribuir a la superación de la vulnerabilidad de 2.000.000 de víctimas.
El aumento del presupuesto, de 2,7 billones en 2023 a 4,4 billones en 2024, respalda estos compromisos y marca un punto histórico en la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El enfoque de soluciones duraderas en los municipios y departamentos, así como la promoción de la reforma a la Ley de Víctimas en el Congreso, son pilares clave de la gestión de la Unidad.
La directora de la entidad, Patricia Tobón Yagarí, destacó las transformaciones institucionales que se realizaron desde agosto de 2022, necesarias para derribar los obstáculos a los que se enfrentaban las víctimas cuando se encontraban por primera vez con la entidad.
“Encontramos una entidad centralizada, que no tenía en cuenta las necesidades de las víctimas en los territorios, porque el modelo de planeación y gestión de la política pública era centralista y no lograba articular efectivamente las acciones”, precisó Tobón Yagarí, resaltando el alto número de procedimientos y la insuficiencia de recursos que generaron un déficit en la atención y reparación, “pues en los más de diez años de la ley solo se han indemnizado 1,3 millones de personas”, de más de cinco millones de víctimas que solicitaron esta medida de reparación.
La participación de las víctimas del conflicto ha sido fortalecida mediante la implementación del enfoque diferencial y territorial.
El Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI) ha sido una herramienta clave para comprender las necesidades específicas de cada territorio y articular programas sociales de manera efectiva.
