Entre los afectados se encuentra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, quien será vinculado por ser presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el caso «Odebrecht», dijo en Cartagena este 17 de agosto de 2023 que no cesa en su empeño de esclarecer todo el entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en torno a contratos que generaron una serie de irregularidades, sobornos a funcionarios y beneficios económicos para esa citada empresa.
Es en ese sentido, dentro de la primera línea de investigación que se refiere a las supuestas irregularidades en la contratación pública celebrada por Odebrecht en Colombia durante los años 2009 a 2016, específicamente en lo relacionado con el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, fueron llamados a imputación 33 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Fiscalía recaudó el suficiente material probatorio y evidencia física que demostraría que, al parecer, esas personas intervinieron en la suscripción de seis otrosíes de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista.
Llamados a imputación
Los 33 presuntos implicados fueron llamados a imputación de cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cada uno será imputado de acuerdo con su presunta responsabilidad en los actos irregulares de cada otrosí.
Los investigados ocupaban en la ANI, entre otros cargos, la presidencia, distintas vicepresidencias, gerencias, comités, y tenían roles de asesor y contratistas.
A continuación, se relacionan las personas que fueron llamadas a imputación, con los cargos que desempeñaban para el momento de los hechos:
- Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
- Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).
- Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).
- Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
- José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.
- Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.
- Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico.
- María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera.
- Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
- Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
- Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8.
- Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
- Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
- Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).
- Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual.
- David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
- Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
- Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.
- Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
- Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.
- Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e).
- Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13.
- Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07.
- María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
- Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos – Gestión Contractual 2.
- Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales.
- Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración.
- Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2.
- Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista).
- Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo.
- Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista).
- Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero.
- Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.
Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación.
Los otrosíes presentan estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios e incompletos. Los documentos objeto de la investigación son:
- Otrosí No. 1 del 11 de marzo de 2013: irregularidades en el estudio de conveniencia y oportunidad que desconocieron los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación estatal. Los investigadores evidenciaron, por ejemplo, que se le otorgó una ventaja al concesionario al bajar los parámetros de calidad en los pavimentos lo cual permitió reducir los costos de construcción que ya estaban definidos. Y se realizó pago proporcional anticipado sin haberse culminado la obra, generando un impacto negativo por valor de $2.227´684.344.
- Otrosí No. 2 del 5 de abril de 2013: por el cual se autoriza ampliación de plazos de inicio de operaciones doble calzada y ajustes de programación de obras. Es evidente que en algunos tramos de la obra se presentó retraso en el inicio de la construcción por cinco eventos considerados como de no responsabilidad del contratista, cuando en realidad si lo fueron. Por ejemplo, se verificó que el contratista durante cinco meses no realizó trámite alguno para la licencia ambiental lo que fue considerado, al parecer, por los funcionarios llamados a imputación como un tema de fuerza mayor. En este punto, consecuencia de lo anterior, dio lugar a que el concesionario solicitara reconocimientos económicos infundados en perjuicio del Estado y se dejaron de cobrar multas por retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.
- Otrosí No. 4 del 28 de octubre de 2013: por el cual se autoriza la ampliación de plazos en el inicio de operación de la doble calzada en los tramos 2, 3, 4 y 7 del proyecto y el ajuste de reprogramación de obras. En este punto se habría permitido que el contratista ajustara el cronograma de obra a su conveniencia. También dio lugar a reclamaciones económicas posteriores a favor del concesionario y se dejaron de cobrar multas por retrasos de obras por un valor de hasta $35.883´004.450.
- Otrosí No. 5 del 19 de diciembre de 2013: por el cual se adiciona al contrato de concesión la elaboración de los estudios y diseños fase III de la intercepción a desnivel para el acceso a Puerto Boyacá. Para el cumplimiento de este objeto contractual se asignaron $837.871.486. Esta obra no estaba contemplada en el proyecto inicial y los estudios de conveniencia y oportunidad no estaban ajustados a los requerimientos de ley.
- Otrosí No. 8 del 23 de diciembre de 2014: por el cual se autoriza el ingreso de recursos a la subcuenta de estudios. El presupuesto girado para la construcción de la obra fue de $10.330.791.573 y tenía como destinación inicial la ejecución de las obras relacionadas con la intersección del desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
En los estudios de conveniencia y oportunidad en los comités y en los otrosíes 5 y 8 no se contó con el concepto previo del Consejo Nacional Política Económica y Social (Conpes) y no se realizaron los trámites previos ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la autorización de nuevas vigencias futuras o su reprogramación.
- Otrosí No. 10 del 3 de noviembre de 2016: que tiene modificaciones al alcance de las obligaciones del concesionario. Las personas llamadas a imputación presuntamente con su proceder eliminaron la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación del tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre. Al tiempo presuntamente se desconoció el estado de la obra ejecutada y se habría autorizado un descuento de $19.976.971.349 por las obras no ejecutadas, pero en realidad el valor a descontar era de $65.395.611.623, lo cual obró en beneficio del concesionario y en perjuicio de los intereses del Estado, por un valor indexado a mayo de 2023 de $86´789.846.127.
Las audiencias de imputación fueron radicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao y su realización está sujeta a la designación de hora, fecha y juzgado, que haga la Judicatura por reparto.
Fiscalía revela entramado de corrupción de Odebrecht
El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación presenta un importante resultado en el marco del entramado de corrupción desarrollado por la multinacional brasileña entre los años 2009 y 2016 en Colombia, relacionado con la línea de investigación denominada: ´Métodos estructurados para pagos ilegales´.
La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial.
Este modelo se replicó en Colombia. Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña.
Así se consolidó una empresa criminal paralela que al parecer logro la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.
En Colombia y a través del Departamento de Operaciones Estructuradas se materializó el pago de sobornos; área que se caracterizó por ser secreta y distante de la oficial, pero paralela a las actividades propias del contrato. El manejo tenía como único fin cumplir acuerdos económicos producto de los contratos obtenidos.
El entramado delincuencial tenía 3 fases: (i)conseguir los mega contratos, (ii) modificar el objeto del contrato y (iii) cancelar dádivas.
Dádivas, que era pagadas a través de empresas ´offshore´ (ubicadas fuera del país donde se ejecutaba el proyecto y en paraísos fiscales). Utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda.
El manejo financiero fue gestionado a través de una Fiducia que coadyuvó a dar un manto de legalidad a los movimientos financieros ilegales adelantados.
Los peritos financieros de la Fiscalía advirtieron que para el manejo de los recursos se habría implementado y diseñado un procedimiento de seguridad que incluía dos sistemas. El primero conocido como ´MyWebDay´ con el cual se hacían las solicitudes, procesaban, rastreaban y justificaban los sobornos. Todo ´en la sombra´ del presupuesto original del proyecto. El segundo sistema es ´Drousys´, usado para las comunicaciones de los integrantes del consorcio, operadores financieros externos y los coasociados, usando para ello, correos electrónicos y mensajería instantánea. La confidencialidad era la regla para ocultar la identidad de los beneficiados de los pagos por eso se usaban nombres claves, códigos y contraseñas.
Los sobornos no eran registrados en los balances contables, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, luego y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles, para ello contaban con empresas contratistas quienes a través de órdenes de pago o de servicios entregaban las dádivas pactadas. El soborno era cancelado en dinero en efectivo, transferencias electrónicas o mediante la compra de activos, como lo fue bienes inmuebles.
Los sobornos
En al menos ocho años la multinacional Odebrecht (empresa dominante del Consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80 mil millones de pesos.
Identificándose que la empresa Odebrecht, suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país, vía conocida como la Ruta del Sol, sector II. El pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11.493 millones de pesos. Según la investigación, el dinero fue recibido por un exviceministro que ya recibió una condena.
Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró a través de dos congresistas firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario.
En desarrollo del proyecto nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales. Entre marzo y octubre de 2013 se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado colombiano por más de 120 mil millones de pesos, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron, así como por el no cobro de multas por incumplimientos en la ejecución de la obra y modificaciones en el objeto contractual. Los ocho restantes otrosíes les facilitó obtener flujo de caja, eliminar y adicionar obras y, ajustar el presupuesto en favor del contratista. Se estableció que varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones habrían recibido en sobornos más de 1.028 millones de pesos.
Finalmente, con la suscripción de dos otrosíes se autorizó le ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo ´Ocaña – Gamarra´, con el primero de ellos por valor de 3.177 millones de pesos se realizaron los estudios y diseños y con el otro se autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior de 676 mil millones de pesos. Actuar que les permitió a través de una adición de una obra en contravía del objeto pactado en el contrato original, la cual no contó con los conceptos y estudios del COMPES y el CONFIS, normas exigidas para el efecto. Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los 53 mil millones de pesos.
Una vez aprobada la adición, para direccionar el dinero para el pago de los sobornos fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades. De esta manera se habría suscrito contratos de actividades inexistentes, las cuales no fueron ejecutadas, si cobradas con sobrecostos y soportes falsos.
Imputación a directivos.
La Fiscalía General de la Nación formulará cargos a directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Se trata del presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. Estas personas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Contratistas citados a imputación.
Se formulará cargos contra los dos representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado porque habrían suscrito dos contratos por valor de 3.931 millones de pesos. De este contrato se habría direccionado 2 mil millones de pesos al lobista Otto Bulla. Además, estas dos personas habrían tomado para cada uno 260 millones de pesos del total de los contratos. Así mismo, al exalcalde de Gamarra (Cesar), Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Heli Giraldo Escudero, por su intervención en la Compañía Midas S.A.S, para el pago de los sobornos,
Por último, a los Socios propietarios de Midas S.A.S. Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, serán imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ya que habrían permitido usar su empresa para entregar dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.
Imputación a lobista.
Luis Bernardo Villegas Giraldo, es llamado a imputación por presuntamente realizar lobby ante funcionarios de la ANI para que rindieran concepto favorable de cuatro de los otrosíes del contrato 001 de 2010, por el cual se adjudicó la Ruta del Sol II. La persona al parecer recibió en total 9.542 millones de pesos. El cobro de sus honorarios habría sido cancelado por intermedio de tres empresas, la primera de ellas, era de su esposa Carolina de Nubila, la otra de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, y la tercera, de Hugo Alejandro Buitrago Beltrán. Por lo anterior, a estas cuatro personas la Fiscalía les formulará cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Odebrecht en cifras
El arduo trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación permite presentar resultados contundentes durante la administración del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, en el periodo 2020 – 2023.
Ruta del Sol II.
- Pago de sobornos por más de 79 mil millones de pesos.
- Beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos.
- Beneficios contractuales por conceptos de Otrosíes en más de 190 mil millones de pesos.
Campañas electorales.
- Aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 3.540 millones de pesos.
- Aportes a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga de 3.045 millones de pesos.
Tunjuelo Canoas.
- Más de 91 mil millones de pesos.
Navelena soborno
- Más de 900 millones.
Estos dineros ilícitos sumados a otros pagos corruptos permiten afirmar que los daños causados por Odebrecht a Colombia suman más de 514 mil millones de pesos, de los cuales por principio de oportunidad se han logrado recuperar más de 19 mil millones de pesos. Lo que concluye que Odebrecht le debe al estado más de 494 mil millones de pesos producto de actividades ilegales.
Con relación a las personas investigadas se tienen los siguientes resultados:
- Solicitudes de imputación: 93
- Imputaciones realizadas: 20
- Escritos de acusación presentados: 17
- Principios de oportunidad: 4
- Sentencias condenatorias: 11
