En algunos sectores hay preocupación por el liderazgo de la sostenibilidad vial en Colombia debido al nombramiento de Martha Romero en el citado instituto estatal.
En medio de una de las etapas más críticas para la infraestructura vial del país, surgen serias preocupaciones sobre el liderazgo de la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), entidad responsable de mitigar los impactos ambientales y sociales derivados de los proyectos viales nacionales. En otras palabras, esta dependencia se encarga de tramitar las licencias ambientales en estos temas.
Actualmente, esta dependencia clave está en manos de Martha Helena Romero, una profesional en Arquitectura de Interiores, carrera hoy extinta y reemplazada académicamente por el programa de Diseño de Interiores. Lo que a primera vista podría parecer un detalle menor, se ha convertido en el centro de una controversia sobre la idoneidad y legitimidad de su designación, ya que esta formación pertenece al núcleo básico del conocimiento de las artes y no al de la ingeniería o arquitectura tradicional.
Fuentes internas de INVIAS y denuncias recogidas por este medio advierten que la funcionaria estaría incumpliendo el manual de funciones de la entidad al no contar con la formación técnica y experiencia específica requerida para dirigir una dependencia con implicaciones ambientales, sociales y técnicas de alta complejidad.
En los corrillos del INVÍAS comentan que Romero es el hazmerreir de la entidad por su falta de conocomientos técnicos y poca experiencia en el ramo. E inclusive en las reuniones del instituto, dicen, que supuestamente no entiende los temas que tratan y muchas veces se le nota confundida o distraida.
También aseguran que Romero comenta que ella es fija directa de la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien si es una experta en el tema de vías porque fue gerente del sistema Transmilenio de Bogotá.
Además afirman que para lo que sí ha sido buena Romero es para el nombramiento de un gran número de personas, la mayoría sin experiencia en el sector, solo por burocracia. Ha Quintuplicado el número de contratistas en su despacho, entre los cuales se encuentran amigos cercanos y familiares, porque, al parecer, allí está laborando una sobrina de la funcionaria.
«Es como poner a un regente de farmacia a realizar una cirugía», comentó de forma anónima un funcionario de carrera, haciendo alusión a la gravedad del desfase entre perfil profesional y las funciones del cargo.
A estas críticas se suman múltiples quejas por presuntos malos tratos a colaboradores, así como la falta de atención a las comunidades afectadas por proyectos viales. Según denuncias, Romero ha delegado reiteradamente su responsabilidad de interlocución en contratistas o funcionarios sin poder de decisión, lo que habría desencadenado bloqueos como el ocurrido recientemente en la vía Quibdó-Pereira, con graves consecuencias económicas y sociales para la región.
Las demoras en la gestión de requerimientos por parte de autoridades ambientales también han encendido las alarmas, ya que, de acuerdo con documentos internos, la falta de respuesta oportuna pone a INVIAS en riesgo de sanciones y demandas por incumplimientos legales.
Adicionalmente, el crecimiento descontrolado en la contratación de profesionales sin experiencia en temas viales preocupa a los sectores técnicos. Muchos de los nuevos contratistas no contarían con trayectoria en proyectos de infraestructura, lo que, según expertos, afecta directamente la calidad de los procesos y decisiones que se toman desde la Subdirección.
Este caso refleja, según analistas, una de las contradicciones más visibles del actual gobierno, que si bien ha prometido un modelo de infraestructura más sostenible, estaría debilitando los criterios técnicos en favor del clientelismo y la burocracia.
Con la sostenibilidad vial como uno de los pilares fundamentales del desarrollo regional y la protección ambiental, voces desde distintos sectores exigen una revisión profunda de las competencias de quienes lideran estos procesos y una actuación decidida de los entes de control para garantizar que los intereses del país estén por encima de las cuotas políticas.
