Este viernes, 6 de junio de 2025, durante la ceremonia de ascenso de oficiales navales de la Armada Nacional en Cartagena, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sorprendió con un anuncio sobre la Consulta Popular promovida por su Gobierno. En su discurso, aseguró que un juez había ordenado repetir la votación en el Congreso por un presunto fraude en el Senado de la República durante la votación del proyecto.
«Debo informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la Consulta Popular», declaró el Presidente Petro, quien dijo: “El juez determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas. De aquí les envío un mensaje a los senadores y senadores, independientemente de sus partidos: tienen que tomar esa decisión con tranquilidad y su corazón puesto en el pueblo colombiano. Nadie puede impedir que un parlamentario pueda ejercer con libertad su derecho a votar».
Según su interpretación, el fallo judicial reconocía un presunto fraude en el Senado durante la votación del proyecto y, por tanto, ordenaría su repetición.
La tutela a la que hizo referencia el Mandatario nacional la interpusieron lo ciudadanos Nixon Torres Carcamo, Jorge Antonio Villadiego y Máximo Noriega Rodríguez, para que se repitiera la votación en el Senado sobre la Consulta Popular y fue resuleta por la Juez Sexta Civil del Circuito de Bogotá, Hilda María Saffon Botero. En su decisión se le ordena al Presidente del Senado, Efraín Cepeda, que resuelva el recurso de apelación presentado por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro el día de la votación de dicha Consulta en un plazo máximo de 48 horas, pero no ordena repetir la votación de la Consulta Popular.
El fallo de la jueza establece tres puntos clave:
- Niega por improcedente la solicitud de amparo presentada por los ciudadanos mencionados.
- Ampara el derecho al debido proceso de la senadora María José Pizarro y ordena al presidente del Senado resolver formalmente su apelación respecto al cierre del registro de votación del pasado 14 de mayo.
- Niega la pretensión de ordenar al Congreso la reglamentación de la Ley Quinta de 1992.
