La funcionaria dijo que se hallaron anomalías en los contratos de 59 operadores.
Astrid Eliana Cáceres, Directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) señaló que se adelantó una auditoría forense a la contratación de la entidad en articulación con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en la que hallaron irregularidades en 220 contratos de la entidad.
En la investigación se estableció que estos contratos estaban a cargo de 59 operadores con características similares, pues asegura que aparece un mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Cáceres señaló que se encontró registro de personal en nóminas reportadas al Instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores; y hallaron presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
“Contratos de operadores también son los que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana”, denunció la Directora de la institución estatal.
De acuerdo con la funcionaria, a esto se le suma el registro de incumplimiento al objeto de los contratos celebrados, frente al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados; y que en algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico, lo realizan en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido.
Cáceres recalcó que organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez en Colombia han tenido relación directa con clanes políticos.
