La nueva ley ya está lista para sanción presidencial. La norma obliga a las encuestadoras a la entrega de números marcados, grabaciones y formularios al CNE. Las firmas del sector deberán adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados o de lo contrario se expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones.
Ya está lista para sanción presidencial del Mandatario Gustavo Petro Urrego una ley que transforma las reglas para la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia.
Esa ley trae cambios importantes; entre ellos la limitación temporal para publicar encuestas: Solo se podrán hacer y difundir tres meses antes de las inscripciones de los candidatos, lo cual, según expertos, impide el seguimiento continuo de la opinión pública y restringe el debate democrático.
De acuerdo con los expertos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convierte en juez y parte: regula, audita, sanciona y custodia los datos. No hay instancias claras para apelar sus decisiones ni parámetros técnicos transparentes para sus auditorías, según informó Blu Radio.
La nueva ley obliga la entrega de números marcados, grabaciones y formularios de las encuestas al CNE. Esto obliga a las firmas del sector a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados y expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones.
La ley contempla la anulación automática de encuestas si se incumplen requisitos formales, como el orden de las preguntas o la firma de los responsables de la encuesta. Esto podría ser usado para impugnaciones estratégicas o como mecanismo de censura indirecta.
La norma en su artículo 11 establece responsabilidad penal por incumplimiento de las “leyes de la estadística”, una categoría jurídica inexistente en el ordenamiento colombiano. Esto genera un riesgo serio para los encuestadores, pues se podrían judicializar errores técnicos comunes como fallas de muestreo o desvíos operativos.
El proyecto fue aprobado con respaldo amplio, incluyendo congresistas de distintos partidos, lo que sus promotores llaman un “acuerdo nacional”. Los parlamentarios que la impulsaron fueron Clara López, Angelica Lozano y Paloma Valencia, entre otros.
