La JEP imputó al alto oficial retirado, exComandante del Ejército Nacional en la época del exPresidente Álvaro Uribe Vélez, por delitos de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad debido al asesinato de 130 personas civiles a las que la IV Brigada de Medellín, bajo bajo su mando, hizo pasar como guerrilleros en el Oriente Antioqueño entre el 2002 y el 2003.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, y a ocho militares más por el asesinato o desapariciones de 130 personas a las que mentirosamente hicieron pasar como guerrilleros muertos en combates, casos llamados «Falsos Positivos», entre el 2002 y el 2003, en el oriente antioqueño.
Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate», emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad a Montoya Uribe. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003.
La actuación de Montoya Uribe se dio durante los gobiernos de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) en el marco del Plan Colombia para fortalecer la Fuerza Pública, y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuando el Ejército puso en marcha el Plan Patriota dentro de la famosa estrategia de Seguridad Democrática. Montoya fue Comandante de la IV Brigada entre el 2000 y el 2003 y Comandante del Ejército, entre el 2006 y el 2008, en la época de Uribe.
Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES) y retirados del Ejército Nacional.
La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
A través del quinto Auto de Determinación de Hechos y Conductas que se emite en el marco del Caso 03, que investiga «falsos positivos», y el primero que se conoce del Subcaso Antioquia que priorizó el oriente de ese departamento, la JEP documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná. Así mismo, determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política de la IV Brigada del conteo de cuerpos. Es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar.
Los máximos responsables
Por ser máximos responsables, por su posición de liderazgo, y en su calidad de garantes de los derechos de las personas, la JEP llamó a reconocer responsabilidad al general (r) Mario Montoya Uribe, antiguo comandante la IV Brigada, quien después fue comandante del Ejército Nacional, así como a los dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 4 «Jorge Eduardo Sánchez» (BAJES) por contribuir a generar las condiciones propicias para que los ejecutores materiales perpetraran los crímenes, condiciones sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada. Esos oficiales también contribuyeron a que esta práctica se arraigara, especialmente entre las tropas de esa unidad militar.
Montoya mintió
En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo llamó a reconocer responsabilidad a título de autor, al haber creado dolosamente, como garante institucional, un riesgo jurídicamente desaprobado para la población civil en la zona que operaba. La Sala de Reconocimiento determinó que como comandante de la IV Brigada del Ejército. Montoya Uribe: 1) mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc-EP y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza. Un ejemplo que ilustra esta conducta, y que logró esclarecer la JEP, fue la presentación en rueda de prensa como guerrilleros del IX Frente de las Farc-EP los cuerpos de dos niñas y tres jóvenes civiles, que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael.
Las investigaciones establecieron que en ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como «Parmenio» que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta. A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate. Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de Erika Castañeda recordó en audiencia pública ante la JEP haberle gritado “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera».
Así mismo, la Sala determinó que el general (r) Montoya Uribe 1) presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa. 2) Empleó constantemente, cuando se dirigía a sus subordinados, un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal y 3) rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolas resultados operacionales indeseados.
Por haber contribuido de manera amplia y efectiva a la ejecución de conductas graves y representativas, además de haber incidido en el desarrollo y la configuración del patrón macrocriminal, por la escala de hechos en los que participaron y por la notoriedad de los mismos, la Sala de Reconocimiento imputó como coautores al comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales; al comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco; al comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro Ramírez; al comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez Riaño; al comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán Patiño y al soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.
Este segundo grupo de máximos responsables en la modalidad de partícipes determinantes actuó en conjunto con otros miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en la base de la cadena de mando. Estos comparecientes se relacionaban más con los ejecutores materiales y en ocasiones participaron directamente en la perpetración de los crímenes. Es decir, se trata de integrantes de la Fuerza Pública que estando en el teatro de operaciones ordenaron directamente a sus subordinados inmediatos la comisión de los asesinatos y actuaron junto con los ejecutores materiales o realizaron aportes esenciales para las ejecuciones, con lo cual consolidaron el patrón macrocriminal.
Las tres modalidades de asesinatos o «falsos positivos»
La primera modalidad indica que las víctimas fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.
Este fue el caso, entre muchos otros, de Luz Stelly Morales, de 16 años, quien fue asesinada por tropas de la Batería Atacador 1 luego de ser sacada de su casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada. Luz Stelly fue señalada por una guerrillera desmovilizada del ELN y asesinada por la tropa luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la Batería. “No nos están aceptando esa otra desmovilizada, ya tenemos una, nos toca dar esa baja». Los crímenes se concentraron en zonas previamente dominadas por grupos insurgentes, a cuyos pobladores se los atacó bajo la premisa de que su convivencia forzada con los grupos guerrilleros era un signo inequívoco de su lealtad hacia ellos.
La segunda modalidad correspondió al engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública. Se trata en su mayoría de personas habitantes de calle y en algunos casos de trabajadores informales de la central minorista de Medellín.
Así ocurrió, el 6 de julio de 2003, cuando miembros del Pelotón Cañón 2 del BAJES, vestidos de civil, se dirigieron a la central minorista de Medellín «José María Villa». Allí llegaron a ofrecerles a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayudar con una mudanza a las afueras de Medellín. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta engañosa, fueron conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la operación Marcial Norte. Un mes después, en agosto de 2003, miembros del mismo pelotón repitieron la práctica, esta vez engañando a seis personas habitantes de calle de Medellín, que aún se encuentran sin identificar, ofreciéndoles ir a raspar coca. Los seis también fueron asesinados y reportados como bajas en combate en Granada.
La tercera modalidad documentada por la JEP es fue el asesinato y desaparición de personas protegidas por Derecho Internacional Humanitario (DIH) que estaban puestas fuera de combate. Un ejemplo de esta modalidad es el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar. El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2001, en las inmediaciones de un hospital de campaña de la guerrilla, en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada.
En el marco de las tres modalidades identificadas, las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, con la intención de presentarlas falsamente como muertas en combate.
¿Los delitos cometidos?
Con base en la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala calificó los crímenes a partir del Código Penal Colombiano y del Derecho Internacional. En los términos del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, la Sala calificó los asesinatos y desapariciones forzadas determinadas como crímenes de lesa humanidad, ya que en la legislación penal colombiana no existe una definición de esta clase de crímenes y el Estado colombiano tiene la obligación de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, al ser parte de la CPI.
Ataques sistemáticos contra la población civil
No se trató de conductas aisladas o casuales. Cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas fue objeto de ataques con una misma finalidad: responder a la presión desmedida y sin control por bajas en combate que se estableció desde la comandancia de la IV Brigada y descendió a través de los distintos niveles de la cadena de mando. Esto se combinó con mensajes que desincentivaban la producción de otra clase de resultados, como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes que tenían los militares, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno e internacional, en su trato con la población civil y con enemigos capturados.
Los ataques contra la población civil fueron generalizados y sistemáticos. Primero, porque se trató de un ataque masivo que en el lapso de dos años condujo a la muerte de un número importante de personas. Y segundo, porque los perpetradores estaban prestos a aprovechar cualquier oportunidad para aumentar sus indicadores a costa de la vida de civiles y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de “dar una baja», ya sabían cómo proceder.
Presión para conseguir más «bajas» o muertes
La Sala de la JEP señala que la presión por bajas en combate fue permanente y no ocasional, se ejerció en todos los niveles jerárquicos y fue incentivada por los comandantes de batallones y brigada. Los mecanismos para ejercer esta presión fueron los programas radiales, como su principal medio de transmisión de los incentivos positivos y negativos, la competencia entre unidades tácticas y el requisito de presentar una cuota de bajas mensual. Comparecientes del Subcaso Antioquia señalaron en versión ante la JEP que el comandante de la IV Brigada del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, transmitía el mensaje de querer como resultados operacionales solo bajas y ningún otro resultado. En efecto, al revisar los libros de programas del comandante de la IV Brigada emitidos entre enero y agosto del 2003, la Jurisdicción encontró que en ellas se resalta la “necesidad de que las unidades se pongan al día con las bajas». La Sala contabilizó al menos 24 programas radiales en los que felicitaba a quienes hubieran dado bajas en combate. Así mismo, encontró que cuando las unidades reportaban bajas, el comandante de la Brigada decía: “La gente que se destaca hay que darle permiso».
En los libros con las transcripciones, resúmenes y/o notas de los programas radiales realizados por el comandante de la IV Brigada y los comandantes de sus respectivos batallones que halló la Sala de Reconocimiento en los archivos oficiales se encontraron frases como: “Hasta la fecha se ha hecho 200 bajas. Un total de 3 «g» por día. El país está esperando más resultados por el Ejército» o “La mejor Brigada es la que da más de 204. Tenemos que ser la mejor». Así mismo, encontró que en los casos donde no se reportaban bajas en combate se utilizaron expresiones tales como: “El pie de fuerza no está a la par de los resultados operacionales». Llamó la atención de la Sala encontrar en esos programas reportes hechos por todas las unidades solo en términos de bajas.
Montoya pedía «litros de sangre»
De acuerdo con varios comparecientes. la orden de reportarse en términos de “litros de sangre» fue creada, emitida e inculcada por el general (r) Mario Montoya Uribe cuando él era el comandante de la IV Brigada. La Sala encontró que la obligación impuesta a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros», “chorros», “ríos», “barriles», o “carrotancados» de sangre fue la orden más recurrente y que tuvo mayor efecto en los comparecientes a la hora de interiorizar el mensaje de que las bajas en combate eran el único indicador de éxito. Así mismo, la JEP documentó un afán por aumentar el número de bajas de la brigada, con el fin de ser representativo en el país, como efectivamente sucedió durante sus dos años de comandancia.
El alto oficial no aceptaba capturas
La Sala de Reconocimiento aclaró que aunque existen registros operacionales de la Brigada IV durante los años del periodo de comandancia del general (r) Montoya Uribe en los que se evidencian capturas, desmovilizaciones, incautaciones y otros resultados operacionales, estos no eran mayormente felicitados ni recompensados, como sí lo eran las bajas en combate. Ni las capturas, ni las incautaciones, ni otros resultados diferentes a las bajas eran tenidos en cuenta, por ejemplo, para otorgar permisos. La JEP documentó que para el alto oficial las capturas no eran consideradas resultados válidos, porque derivaban en mayores trámites de verificación. En el mismo sentido, comparecientes de distintos batallones adscritos a la IV Brigada indicaron que, por estrategia militar, había entre los superiores la creencia de que las bajas se preferían a las capturas, porque si estas no se legalizaban o el detenido por falta de pruebas quedaba libre, la tropa del enemigo no se debilitaba, pues el capturado volvería a las filas.
Se incentivaba al personal por las muertes
Las exigencias a lo largo de la cadena de mando en la IV Brigada se hacían en forma de felicitaciones, regaños y reportes comparativos entre batallones. Así lo relató uno de los comparecientes ante la JEP: “Se felicitaba al personal, se medía la estadística de los batallones, decían quién iba de primero, quién iba de segundo». Así mismo, en el libro de programas radiales del comando de la Brigada del 2003 se evidencian también menciones de presión dirigidas a la producción de resultados, en especial bajas, por ejemplo, las siguientes que se transcriben literalmente: “Reportar por barriles de sangre», “La necesidad de que las unidades se coloquen al día en bajas», “Toda operación debe obedecer a un excelente planeamiento y tener combates y resultados», “El mejor resultado es el tangible. La acción de cada UT [Unidad Táctica] y el resultado es el mayor respaldo a Navío y Neutrón. Para la baja de un bandido necesitamos comprometimiento» y “La mejor brigada da 204 bajas».
A la par con la presión por resultados, se implementó una política de incentivos que pretendía incentivar el reporte de muertes en combate. A partir de las versiones voluntarias recibidas por la Sala de Reconocimiento es posible establecer que en la IV Brigada, durante los años 2002 y 2003, los miembros de las unidades recibieron buenas calificaciones o felicitaciones y menciones en la hoja de vida, condecoraciones, cursos y comisiones al exterior. Dentro de los incentivos más significativos los comparecientes mencionaron la concesión de permisos, con los cuales se podían tomar días libres con mayor flexibilidad e incluso acumularlos (a diferencia de las vacaciones, las cuales eran programadas).
Se recriminaba por falta de «bajas»
En el caso de los incentivos negativos, los comandantes recriminaban la falta de resultados a través de los programas radiales con expresiones como: “¿Qué pasó con los resultados?», “¿Cuántos días lleva sin hacer bajas?», “¿Es que en el área del Ospina no hay guerrilla o qué?», “¿será que no?», “usted no sirve para nada», “usted solo se está robando el sueldo», “solo está comiéndose los víveres y nada más». Otra consecuencia eran los traslados. Los militares que no presentaran bajas tenían que quedarse en el monte o en el cerro indefinidamente, mientras que los que sí reportaban podían patrullar en los pueblos y gozar de mejores condiciones.
Las amenazas de Montoya para los que no presentaban «bajas»
La Sala de Reconocimiento encontró que la tercera consecuencia negativa de no presentar bajas fue la amenaza ejercida por el comandante de la IV Brigada de ejercer la facultad discrecional para retirar de los cargos o de la institución a miembros de esa unidad militar. El general (r) Mario Montoya Uribe influía en la decisión de retirar a oficiales y suboficiales, lo que hizo que fuera temido. Él tenía la posibilidad de realizar malas anotaciones en el folio de vida y esto podía repercutir en la baja del servicio y el fin de las carreras militares de sus subalternos. La presión no cesaba incluso en contextos en los que el enemigo estaba diezmado y no era fácil de encontrar. Esta presión indiscriminada intensificó la competencia que favoreció la ocurrencia del fenómeno.
Daños causados a los civiles
De los 130 crímenes documentados, 53 personas fueron asesinadas en el 2002 y 77 en el 2003. De ellas, 113 eran hombres, once niños, cinco eran mujeres y cuatro niñas. Además, tres víctimas se encontraban en condición de discapacidad. La mayoría de las víctimas directas fueron hombres (86,9%) y las sobrevivientes son, en gran proporción mujeres (76.5%). De los 81 crímenes que confesaron los comparecientes ante la JEP, 33 fueron además personas desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas. En el marco de las investigaciones judiciales en la justicia ordinaria, se pudo establecer la identidad de algunas de las víctimas desaparecidas forzadamente. Sin embargo, la Sala encontró que 25 víctimas permanecen sin identificar. Esta fue una práctica recurrente de los antiguos integrantes de la IV Brigada. Los despojaron de cualquier indicio que pudiera ayudar a dar con su paradero.
Las víctimas de las conductas esclarecidas fueron, en su mayoría, pertenecientes a la población campesina del oriente antioqueño. Su pertenencia rural les hizo estar mayormente expuestas a situaciones de vulnerabilidad económica y a la confrontación armada.
¿Qué sigue para Montoya y los otros implicados?
Tras ser notificados, los nueve imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones frente a lo determinado en el Auto de la JEP.
