La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos al Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su presunta participación en los hechos que rodearon la entrega irregular de contratos de una empresa en la que fungía como gerente, dentro de un proceso contractual que realizó la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en diciembre de 2009.
Según las pruebas de los investigadores, la empresa ICM Ingenieros supuestamente habría pagado un soborno, cercano a los 800 millones de pesos, a un grupo de funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial, al mismo director de la UMV, Iván Hernández (sentenciado tras aceptar cargos), y a algunos concejales de Bogotá como Andrés Camacho Casado, Hipolito Moreno y Orlando Parada (procesados por el «Carrusel» de la contratación en la Capital). Todo, para recibir un contrato de pavimentación y reparcheo en la capital de la República que tuvo un costo de $24 mil millones.
«Durante los meses de diciembre a febrero de 2009, el señor Álvaro Cruz Vargas entregó a varios funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales que manejaban dicha entidad dineros con el fin de que fueran favorecidas las uniones temporales azfaltos 2009, quenes eran adjudicatarias de contratos para la prestación del servicio de azfaltos para la ciudad de Bogotá», explicó el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte, encargado del tema.
Cruz, al parecer, deberá deberá responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de confianza calificado.
El llamado del ente investigador no quiere decir que el mandatario departamental sea culpable de los cargos que se le imputan y la Fiscalía tendrá que demostrarcon pruebas su responsabilidad. Sin embargo, por la gravedad del caso, fuentes de la entidad, aseguraron que fiscal encargado solicitará que se le impongan al funcionario medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad.
