La Corte Constitucional deberá emitir su fallo decisivo: Les devolverá las tierras a sus verdaderos dueños o caerá en las trampas legales que han implementado González -Ochoa de Medellín y compañía.
Cartagena
La Corte Constitucional, engañada, podría dejar sin herencia a los Barrios, una familia humilde de la isla de Barú, a 45 minutos en lancha de Cartagena (Bolívar) y favorecer a la esposa de un reconocido narcotraficante, quien pretende quedarse con esas tierras, que compró a bajo precio en extrañas circunstancias, y que ahora lucha jurídicamente con toda clase de acciones cuestionables.
Su nombre es Beatriz González, es la esposa de Fabio Ochoa Vásquez, el hermano menor del Clan Ochoa del Cartel de Medellín, quien fue extraditado en 2001 a Estados Unidos por reincidir en narcotráfico y paga una larga prisión allá. La señora González de Ochoa terminó comprándole 26 hectáreas de un terreno de la Isla Barú a los usurpadores de un predio, cuyos verdaderos dueños o herederos, los Barrios, tenían la posesión desde los años 20, pero fueron despojados.
El abogado Luis Alfonso Barrios, quien pertenece a la familia de herederos de las tierras de Barú, reveló que tuvo que ceder el poder a otros juristas para que lo representaran en este espinoso caso, porque ha sufrido varios ataques judiciales por denunciar algunos hechos.
Barrios manifestó hace un tiempo a Noticias Uno, que uno de los obstáculos que enfrenta su familia, los propietarios originales de esos predios costeros de inmensa belleza, recursos ecológicos y atractivos turísticos, es que ellos han escuchado a la esposa del citado mafioso decirles en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella. Ver la nota Aquí.
“Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, afirmó el abogado Luis Alfonso Barrios a Noticias Uno.
Luego de esa versión, se dice que el cuestionado ex magistrado Francisco Ricaurte es un gran lobbista en este caso, y que recientemente los González-Ochoa han interpuesto una serie de nulidades inexistentes en este proceso para confundir a la Corte Constitucional, que revisa la larga querella, que inexplicablemente lleva seis (6) años en ese Alto Tribunal y 20 años de litigio entre las partes, pues, el pleito se inició en 1998.
La Corte Constitucional deberá emitir su fallo decisivo: Les devolverá las tierras a sus verdaderos dueños o caerá en las trampas legales que han implementado González Ochoa de Medellín y compañía.
Por Rigoberto Pauleta B.
