Por: Tania Otero Arroyo – Odontopediatra – Presidente Fundación George Washington – Autora «Discapacidad y Jurisprudencia»_
El 7 de agosto de 2026 Colombia escuchó una frase que no estaba en el libreto tradicional de una posesión presidencial. El Presidente Abelardo De La Espriella dijo: «Las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los cuidadores y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad no serán invisibles en mi administración».
No fue retórica. Fue una declaración de principio de Estado que hoy, a 56 días de gobierno, empieza a tener hechos.
Durante años, la discapacidad en Colombia se atendió desde la caridad. La Corte Constitucional, en más de 30 años de jurisprudencia, dijo lo contrario: la discapacidad no es enfermedad, es diversidad funcional que exige ajustes razonables, salud como derecho fundamental autónomo y protección reforzada a los niños.
El Presidente recogió esa jurisprudencia y la convirtió en decreto. Su primer acto económico fue ordenar el congelamiento del gasto público. Pero con una excepción que lo define: «Los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados». Mientras se recorta burocracia, se preserva salud, educación y atención a discapacidad.
El segundo hecho es simbólico pero poderoso. En sus redes el Presidente publicó: «No se trató solo de una silla de ruedas, se trató de traer esperanza y nuevos comienzos… Firme por los niños y Firme por la Patria». Quien ha visto a un niño con parálisis llegar en carreta porque no tiene silla entiende que una silla no es un objeto, es escuela, es juego, es dignidad.
El tercer hecho es de justicia. «Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua», afirmó. Y trazó una línea roja: «El que reclute a un menor no tendrá mesa de diálogo ni privilegios». Según el ICBF, 30 jóvenes fueron extraídos de riesgo de reclutamiento en el primer mes. Para un niño con discapacidad, tres veces más vulnerable a la violencia, esa protección es vital.
El programa «13 Compromisos de la Patria Milagro con los Tigrillos» lo concreta: primera infancia como prioridad nacional, salud integral y salud mental, educación con propósito y entornos seguros.
Hoy el país tiene más de 1.2 millones de niños con discapacidad. Madres que dejan de trabajar para ser cuidadoras sin salario. Niños que esperan meses por una terapia.
El compromiso del Presidente hoy abre una ventana histórica: convertir la jurisprudencia en presupuesto. Presupuesto para transporte escolar accesible puerta a puerta, para centros de neurorehabilitación en municipios, para empleo a cuidadores, para sillas de ruedas no como donación, sino como derecho.
Si los niños son sagrados, como ha dicho el Presidente, los niños con discapacidad deben ser doblemente sagrados. Nos enseñan que no hay discapacidad, hay entorno discapacitante. Y por primera vez, el Estado está decidiendo cambiar ese entorno.
