La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y toma como punto de partida una sentencia del Tribunal Superior de Montería relacionada con trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar.
La Red Nacional de Veedurías Ciudadanas solicitó a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación investigar presuntas irregularidades en la ejecución, supervisión e interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Córdoba, manejado especialmente por la Gobernación del citado departamento de la Costa Caribe, bajo el mando actual de Erasmo Zuleta Bechara.
La denuncia fue presentada por Luis Eduardo de la Hoz López, director nacional para Contratación Pública de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, y está relacionada con el contrato de suministro No. SE-LP-020-2021, celebrado por la Secretaría de Educación de Córdoba, que depende de la Gobernación del citado departamento, con la Fundación Social Construyendo Vidas para atender el PAE durante la vigencia fiscal 2022.
Hay que aclarar que dichas irregularidades con el PAE vienen desde las gobernaciones de Edwin Besaile Fayad (1 de enero de 2016 – 18 de enero de 2018); Sandra Patricia Devia Ruiz (Encargada desde el 18 de enero de 2018 – 21 de enero de 2019); Orlando Benítez Mora (1 de enero de 2020 – 31 de diciembre de 2023) y Erasmo Elías Zuleta Bechara (1 de enero de 2024 – hasta hoy).
En este caso, la Gobernación podrá decir que delegó el tema en la Secretaría de Educación del departamento, pero recordemos que un gobernador delega funciones no responsabilidad. Porque la Sentencia con el Radicado 62645 del 13 de septiembre de 2023 del Magistrado Ponente Gerson Chaverra Castro de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia establece textualmente: «La delegación de funciones en materia contractual, no exime de responsabilidad al ordenador del gasto».
El documento de la denuncia de De La Hoz toma como principal antecedente una sentencia proferida el 19 de agosto de 2025 por la Sala Quinta de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro de un proceso laboral promovido por trabajadoras vinculadas a la ejecución del programa. La veeduría aclara que su propósito no es atribuir anticipadamente responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, sino solicitar que las autoridades determinen si los hechos documentados judicialmente podrían generar algún tipo de responsabilidad.
Esta es la denuncia de De La Hoz en la Fiscalía:
Las mismas trabajadoras manipuladoras de alimentos denunciaron maltrato laboral
De acuerdo con los antecedentes recogidos en la denuncia, un grupo de trabajadoras que se desempeñaban como manipuladoras de alimentos presentó una demanda laboral contra la Fundación Social Construyendo Vidas y solicitó que el departamento de Córdoba fuera declarado solidariamente responsable.
Entre los hechos discutidos en el proceso judicial se señaló que algunas trabajadoras habrían recibido una remuneración mensual de $300.000, suma inferior al salario mínimo legal mensual vigente para 2022. También fueron alegados incumplimientos relacionados con prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería determinó la existencia de relaciones laborales respecto de cinco de las demandantes y estableció obligaciones relacionadas con diferencias salariales, cesantías, intereses, primas, vacaciones, seguridad social y sanción moratoria en los casos correspondientes. Además, declaró solidariamente responsable al departamento de Córdoba frente a las condenas impuestas a la Fundación.
Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó la decisión de primera instancia mediante sentencia del 19 de agosto de 2025. Según la denuncia, el Tribunal consideró acreditada la prestación de servicios de determinadas trabajadoras para la Fundación y concluyó que las actividades estaban directamente relacionadas con la ejecución del PAE.
La lupa está sobre la supervisión y la interventoría
Uno de los principales interrogantes planteados por la veeduría está relacionado con los mecanismos de vigilancia utilizados durante la ejecución del contrato.
La denuncia solicita establecer quién ejerció la supervisión y la interventoría, cuáles eran sus obligaciones frente a la verificación de las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores, qué informes fueron presentados y si se certificaron pagos al contratista sin comprobar previamente el cumplimiento de las obligaciones laborales exigibles.
También se pide determinar si existieron advertencias sobre las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y, en caso de haberlas, qué actuaciones adelantó la administración departamental.
La veeduría plantea además establecer si las eventuales consecuencias económicas derivadas de las condenas judiciales pudieron generar una afectación al patrimonio público y si existen otros trabajadores que hayan enfrentado situaciones similares durante la ejecución del mismo contrato.
Contraloría deberá establecer si hubo afectación de recursos públicos
Uno de los puntos centrales de la denuncia es determinar si las situaciones advertidas pudieron tener una consecuencia fiscal.
La solicitud presentada ante la Contraloría General de la República busca establecer si se produjo un eventual detrimento patrimonial como consecuencia de posibles deficiencias en la estructuración, ejecución, vigilancia, supervisión o interventoría del contrato.
En particular, se pide determinar qué recursos públicos ha tenido que destinar o deberá destinar el departamento de Córdoba para cumplir las condenas judiciales y si esos desembolsos pudieron haberse evitado mediante una adecuada vigilancia contractual.
También piden determinar posibles responsabilidades disciplinarias y penales
La Procuraduría fue llamada a establecer si los servidores públicos encargados de la contratación, supervisión, vigilancia o control del contrato pudieron incumplir sus deberes funcionales, especialmente en materia de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores vinculados al operador del programa.
Por su parte, la Fiscalía deberá valorar los hechos y documentos relacionados con la ejecución del contrato para determinar si alguna actuación u omisión pudiera tener relevancia penal. Sin embargo, la propia denuncia enfatiza que no atribuye anticipadamente la comisión de delitos a una persona determinada.
Este es el radicado de la queja en la Fiscalía para el que la quiera consultar:
¿Cuánto dinero público está comprometido?
Entre las solicitudes formuladas a las autoridades se encuentra establecer el valor total de los recursos públicos que el departamento de Córdoba haya pagado o deba pagar como consecuencia de las condenas derivadas de estos hechos.
La veeduría también pide revisar el expediente contractual completo, identificar al ordenador del gasto, funcionarios responsables, supervisor e interventor, además de obtener los informes de supervisión e interventoría, las certificaciones que sustentaron los pagos y la documentación laboral y de seguridad social presentada por el contratista.
Otro de los interrogantes planteados es si existen otros procesos judiciales, reclamaciones o conciliaciones relacionadas con trabajadores vinculados al mismo contrato y si situaciones similares se presentaron en otros contratos u operadores del PAE en Córdoba.
Una denuncia que pone nuevamente el foco sobre el PAE
La denuncia sostiene que los hechos adquieren especial relevancia por estar relacionados con recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar y porque existe una decisión judicial que estableció obligaciones laborales derivadas de la ejecución del programa y responsabilidad solidaria de la entidad territorial.
Ahora serán los organismos competentes los llamados a determinar si existieron fallas en la supervisión e interventoría, si se incumplieron deberes funcionales y si las consecuencias económicas derivadas del proceso laboral pudieron representar una afectación para las finanzas públicas.
Como prueba principal, la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas aportó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería del 19 de agosto de 2025 y solicitó que las autoridades recauden tanto el expediente judicial como la totalidad del expediente contractual. Se espera su pronunciamiento en este posible tema de corrupción que afecta a la niñez de Córdoba.
