El tema salió a flote porque el magistrado Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, pidió el expediente y se destapó su desaparición. La perdida de un proceso en Colombia solo nos trae el recuerdo de las épocas de los poderosos narcotraficantes que utilizaban esta práctica.
La corrupción en la justicia no deja de asombrar a los colombianos. A otros sonados casos de irregularidades, ahora se le suma el de la misteriosa pérdida o robo de un expediente judicial completo sobre la disputa por los predios en la Isla de Barú, cerca a Cartagena (Bolívar), que la mafia pretende despojarles a sus legítimos herederos.
La pieza procesal extrañamente se perdió en el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar. Este es un caso único dentro de las anomalías que se viven a diario en la desprestigiada justicia colombiana.
Recordemos que las tierras pertenecen ancestralmente a la familia Barrios. Sin embargo, la esposa de Fabio Ochoa Vásquez, el hermano menor del Clan Ochoa, del Cartel de Medellín, quien paga una larga condena en Estados Unidos a donde fue extraditado en 2001 por reincidir en narcotráfico, le compró 26 hectáreas de un terreno en Barú a unos usurpadores de los predios, cuyos verdaderos dueños o herederos, los Barrios, tenían la posesión desde los años 20, pero fueron despojados. Ver nota en La Otra Cara.
Los Barrios emprendieron un ardua batalla llegal para recuperar sus terrenos, que ha pasado por diferentes instancias en las cuales el tema se ha definido a favor de los nativos, pero el asecho constante de la mafia tiene a la justicia flaqueando en este caso, que llegó mediante tutela a la Corte Constitucional, que, como órgano de cierre, podrá punto final a la querella y determinará a quién pertenecen los predios de Barú.
Fue allá, en la Corte Constitucional, en donde se percataron, sin querer, de la pérdida del expediente sobre Barú, el cual beneficiaba a los Barrios.
Resulta que el magistrado ponente del caso en la Constitucional, Antonio José Lizarazo, le solicitó el expediente a la Juez Séptima de Familia de Cartagena y esta, para su sorpresa, le dijo que no se lo podía entregar porque se lo prestó al Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, donde se perdió desde el 2012.
Así quedó comprobado en una carta de respuesta que le envió el propio Secretario General del citado Tribunal de Bolívar, Juan Carlos Galvis Barrios, el pasado 14 de julio de 2017, a la Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia del Circuito Oral de Cartagena, Lesvia Marmolejo Ramírez.
El Secretario Galvis Barrios confirma textualmente: «En atención a sus memoriales de la referencia, recibidos los días 10 y 11 de julio de la presente anualidad (2017), mediante el cual solicitan «se devuelvan al Juzgado los 28 cuadernos restantes que fueron prestados a esa judicatura y que fueron remitidos con oficio número 007 de enero de 2012″, me permito informarle que en este momento nos encontramos en la tarea de búsqueda e indagación acerca del paradero de dichos 28 cuadernos, los cuales se encuentran extraviados actualmente».
El Tribunal Administrativo mediante su vocero legal ratifica: «Desde ese momento y hasta la fecha, se han realizado innumerables esfuerzos por encontrar los cuadernos restantes sin éxito, razón por la cual se ha determinado su situación de extraviados». Es decir, el expediente se perdió o se lo robaron.
Según los herederos originales de las tierras Barú, damnificados con esta inusual desaparición, el Secretario del Tribunal Administrativo de Bolívar, Juan Carlos Galvis Barrios, quien ahora asegura que el expediente se extravió, fue el mismo que lo recibió el 26 de enero de 2012, lo cual resulta curioso. La pieza procesal también estuvo en manos del magistrado sustanciador Arturo Matson Caraballo ¿Quién responde?
Algo pasa en la Constitucional
Según los interesados en el proceso de Barú, los magistrados de la Corte Constitucional llevan más de siete años con este caso en su poder, el cual tiene ponencia favorable para los herederos, sin resolverlo… ¿la mafia sigue actuando en las altas esferas?
Es decir, en el Alto Tribunal se engavetó esta tutela durante todo ese tiempo, algo nunca visto en Colombia, pues estas acciones son de rápido cumplimiento, según la Constitución Nacional y no podrían pasar de tres meses.
El tema volvió a salió a flote porque el nuevo magistrado de la Constitucional, Antonio Lizarazo, pidió el proceso y se destapó su inexplicable desaparición.
La perdida de un expediente en nuestro país solo nos trae el recuerdo de las épocas de los poderosos narcotraficantes que utilizaban esta práctica. O algunos famosos personajes reconocidos en la vida pública que ordenaron quemar establecimientos para borrar las pruebas contra sus defendidos.
En este inverosímil caso hay que preguntarse: ¿Cómo se penaliza en Colombia la pérdida de un expediente, especialmente cuando hay intencionalidad?
Por Sixto Alfredo Pinto
