Uno de los logros de Gustavo Petro Urrego, cuando fue Alcalde de Bogotá, entre los años 2012-2015, fue rebajar las tarifas del servicio público de transporte Transmilenio para favorecer a las clases menos favorecidas de la Capital de la República que a diario usan este medio con el fin de movilizarse.
A raiz de esto, Petro fue investigado desde 2016, cuando ya había salido del cargo, por la Contraloría Distrital de Bogotá que lo señaló de haber promovido un supuesto detrimento patrimonial al emitir el Decreto 356 de junio del 2012, en el cual bajaba en unos $300 en pasaje del sistema de transporte masivo capitalino.
La cuestionada medida de Petro consistía en reducir a $1.500 el precio del tiquete del Transmilenio, en horas en las que menos se congestionaba el sistema por la baja afluencia de pasajeros, en las mañanas y las tardes. Es decir, en las llamadas horas valle, de lunes a viernes.
La Contraloría argumentó que con la decisión administrativa de Petro se generó un presunto déficit y se afectaron los recursos del Distrito, especialmente los de Transmilenio.
Ese proceso derivó en que la Contraloría de Bogotá le impuso a Petro una sanción o multa fiscal de $217.000 millones y le embargó sus cuentas.
Sin embargo, Petro le respondió a esa medida con una demanda de nulidad pidiendo que se suspendieran los efectos de dicha multa del órgano del control.
El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en su momento, en noviembre de 2017, le dio la razón al exalcalde y luego el Consejo de Estado, el 27 de septiembre de 2021, ratificó esa decisión.
El electo Presdiente de Colombia en esa época manifestó en su cuenta de Twitter: «Por bajar las tarifas de Transmilenio para hacer más sostenible la ciudad, aumentando la demanda por el transporte público y para disminuir la pobreza, fui embargado y procesado. Hoy la justicia nos da la razón».
Pero faltaba lo más importante, el pronunciamiento de la misma Contraloría local que lo había sancionado en el pasado, entidad que tenía como nuevo jefe a Andrés Castro Forero, elegido por la mayoría del Consejo de Bogotá y uno de los más grandes conocedores del tema fiscal en Colombia.
Luego de siete años, el 5 de enero de 2022, la Contraloría de Bogotá, bajo el mando del experto Andrés Castro, revocó, en un fallo de segunda instancia la sanción contra Petro por haber reducido la tarifa de Transmilenio.
Según el fallo N°001 de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, el ente de control bogotano, indicó que no fue posible demostrar con pruebas contundentes el detrimento patrimonial del que se habló en el pasado. Petro ganó finalmente la batalla.
La decisión a favor de Petro también se aplicó para algunos de sus entonces funcionarios, que habían sido sancionados. Se trató de Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda; Rafael Rodríguez, exsecretario de Movilidad; y María Constanza García, exsecretaria de Movilidad de Bogotá.
Esa absolución de Castro Forero para el exalcalde por su presunta responsabilidad fiscal fue vista como una forma de hacer justicia, no solo para Petro, sino a favor de los usuarios del Transmilenio, quienes en últimas se beneficiaron con la rebaja de la tarifa del sistema.
