Hace unos días, uno de los firmantes de esta carta, recibió una invitación del director de Le Monde Diplomátique, edición Colombia, para que expresara su opinión sobre el tema del “blindaje de los acuerdos de paz, entre el Gobierno y las FARC”, el invitado aceptó, con la única condición de que pudiera expresarse libremente. Su opinión aparece publicada, en la edición número 156 correspondiente al mes de junio de 2016.
El mismo medio de comunicación, decidió organizar, un debate sobre el dicho tema, el día 14 de julio del presente año, escenario donde nuevamente se expuso un resumen de las tesis centrales de los firmantes:
1) Desde el punto de vista jurídico, el denominado “blindaje”, es precario, ya que no se está celebrando un verdadero tratado internacional. El Gobierno Nacional habiendo podido reconocer el estatus jurídico de “beligerantes” a la FARC, para darle mayor solidez al Acuerdo, no lo hizo.
2) Los acuerdos han comenzado al revés; esto es por lo procedimental y no por lo sustancial; pues lo primero debía ser: amnistía e indultos; Asamblea Nacional Constituyente y participación política de quienes dejaban las armas.
3) Más importante, que el blindaje de la legalidad, era el blindaje de la legitimidad que podía darle la sociedad civil y sus organizaciones sociales; y que paradójicamente, ésta en un proceso donde se estaba decidiendo su suerte, había sido excluida por parte del gobierno y ahora volvía a serlo o por ambas partes, que habían sustituido una verdadera constituyente por un plebiscito.
4) La sociedad civil, titular del derecho a la paz por mandato del artículo 22 de la Constitución Colombiana, sociedad que no ha sido violenta, si no objeto de la violencia, donde los actores armados, tanto del Estado como del no Estado, le han vulnerados sus derechos fundamentales, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la igualdad, a la paz, etcétera, mira positivamente que cese esta violación masiva de sus derechos; y convencida, como dice el preámbulo de la declaración de derechos de la ONU, que la causa fundamental de las rebeliones, es la violación de los derechos, que en consecuencia, la manera de prevenir las violaciones, es precisamente respetando derechos; para que haya verdadera paz, paz con justicia social, medirá con el rasero de los derechos todo el proceso de paz; de modo que si antes, durante y después del proceso, se tienen en cuenta los derechos de la sociedad civil y no sólo los de los negociadores de La Habana, habremos hecho algo positivo.
5) varios de los asistentes, expresaron opiniones similares y otras distintas.
Estas tesis, no fueron refutadas, por el otro expositor, sin embargo éste quiso encubrir su pobreza argumentativa, con el ataque personal, la calumnia, la difamación y la mentira, contra quienes sostenían algunas de las tesis arriba resumidas. Su argumento final, fue amenazarnos con que nos estigmatizaría por medio de ANNCOL. No paso un día, entre la amenaza y su ejecución, cuando los dueños de ANNCOL difunden sus nuevos epítetos estigmatizatorios, denigrantes, calumniosos y mendaces, contra quienes participamos en el debate. Y, como lo hicimos, como lo hacemos siempre, de frente, sin disfraces, le dimos la cara al columnista de ANNCOL, pues estuvimos compartiendo la mesa con él en el debate, no entendemos entonces porque la foto que aparece en el artículo no corresponde a ninguno de los que participamos en el debate, por lo que concluimos que fue puesta de mala fe o por el propio columnista o por ANNCOL, con riesgo para la vida de alguien que no participó en el debate, ni sabemos cómo piensa sobre el tema.
A propósito de fotos, las hubieran podido obtener de los archivos de los organismos de inteligencia del Estado, desde el antiguo DAS, que las hizo como parte de la operación Amazonas bajo el gobierno de Uribe, hasta las que ha hecho la policía actual, bajo el gobierno de Santos cuando protestábamos en defensa del voto en blanco.
El columnista, a través de ANNCOL, nos pone en la mira del Gobierno al sugerirle “tomar nota” del “descontrolado coletazo” que pone en riesgo la paz y, lo más grave, “la seguridad de los lideres revolucionarios en movilización política”, lo que resulta gravísimo ya que nos señala como eventuales determinadores de muertes futuras. Además, nos acusa de hacer anuncios de guerra que no hemos hecho y de poner en riesgo la construcción de la paz; señalando que hacemos parte de “descontroladas fuerzas oscuras que amenazan la convivencia” y le exige al gobierno que actúe contra ellas; es decir contra nosotros, por el único delito de pensar distinto a él. Frente a esta última sugerencia, nos preguntamos ¿Cuál agencia estatal o paraestatal debe tomar nota y a que procedimientos podríamos ser sometidos?.
Le decimos al columnista de ANNCOL, a ANNCOl, y a quienes están detrás de ANNCOL; al Gobierno y a quienes están detrás del Gobierno; a Uribe y a quienes están detrás de Uribe que su estigmatización y sus amenazas, no nos harán cambiar nuestra forma de pensar; y mucho menos la de expresarnos con libertad. Que sólo la cambiaremos, cuando haya argumentos y razones que nos demuestren lo contrario, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza, de la violencia y de la amenaza directa o indirecta. Que seguiremos andando a pie, en bicicleta o en bus, sin guardaespaldas, en los mismos lugares de siempre, de residencia o de trabajo, que ellos bien conocen; y como siempre pensando y actuando como hombres y mujeres racionales y libres; aún a riesgo de perder nuestro derecho a la vida o a la integridad personal; pues de nada vale conservarlas a costa de nuestra dignidad. Preferimos morir a vivir indignamente; esclavizados física o mentalmente.
Por su atención. Gracias.
Jeritza Merchán Díaz; Sebastián González, Jaime Araujo Rentería, Jorge Ignacio Salcedo Galán.
C.co. a distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales.
Vea en PDF la carta pública POR EL DERECHO AL PENSAMIENTO Y LA LIBRE EXPRESIÓN.
Por Jaime Araujo Rentería
Abogado Constitucionalista
