Por: Eduarado Padilla Hernández,
Magíster en Derecho y Profesor de Derecho Ambiental.
Los pasivos pensionales, la falta de productividad y, en general, los problemas de sostenibilidad de las empresas del Estado están abriendo la puerta a la corrupción y a las oportunidades para seguir desfalcando las arcas de la nación. Tal es el caso de la venta de Electricaribe S. A. ESP, que se divide en dos empresas a saber: Caribe Sol (posteriormente Air-e) asignada territorialmente a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira y, por otra parte, Caribe Mar (posteriormente Afinia) asignada territorialmente a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.
En primer lugar, se tiene que Caribe Sol tiene activos por 2.9 billones de pesos, un patrimonio de 2.5 billones y unos pasivos que ascienden a cuatrocientos doce mil millones de pesos. Su venta se pactó en 31 mil millones, casi que ochenta veces un valor menor que el de su patrimonio. Para amortiguar el impacto de la cifra, se acordó un Plan Mínimo de Inversión en un plazo de cinco años por 2.5 billones.
Para hacer más explícito lo anterior ha de decirse que el Estado solo recibió 31 mil millones que alcanzaron, por poco, a cubrir parte del pasivo pensional y, finalmente, es el comprador el que recibe los beneficios del plan de inversión a mediano plazo. Lo que resulta peor: este plan no sale del bolsillo del comprador, sino de los usuarios, pues el contrato permite que se cobre mediante tarifa.
¿Quiénes son entonces los beneficiarios? Latín American Capital, Capitalizadora del Tolima y Empresa de Energía de Pereira, siendo la primera quien tiene actualmente el 75% de la participación en la compañía; no obstante, se debe aclarar que detrás de estas 3 empresas está el controlante Servigenerales S.A. tal y como reposa en la Cámara de Comercio y ¿quién está detrás de esta empresa? Luis Alberto Ríos Velilla, reconocido empresario del sector de servicios públicos.
Por su parte, Caribe Mar, tiene activos por 2.7 billones, un patrimonio de 2.3 billones y pasivos por 391 mil millones, por esta empresa se le pagaron al Estado mil millones de pesos ($1.000.000) y, nuevamente, bajo la figura del Plan Mínimo de Inversión por 3.1 billones en cinco años, se buscó reducir el impacto. También, el cobro por tarifa le daría beneficios al comprador: Empresas Públicas de Medellín.
Una vez más se evidencia que la falta de veeduría ciudadana y de los órganos de control es lo que permite que el país sea desfalcado una y otra vez sin vislumbrarse un halo de justicia. Esta denuncia busca consolidarse como una voz que logre despertar a la ciudadanía de un letargo que ha sido cómplice de la corrupción imperante en el país. a diario se pactan negocios que juegan con el bienestar de los colombianos y con la construcción de un mejor futuro; sin embargo, todos vendados por asuntos triviales, esquivan la vista y la atención de lo verdaderamente importante: nuestros recursos como nación.
