Por: Eduardo Padilla Hernández.
Abogado profesor de Derecho Ambiental.
En enero de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería admitió una demanda de Acción Popular instaurada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, con la cual pretendía, a través de la misma, el amparo de los derechos colectivos al goce del medio ambiente como patrimonio común de la humanidad, necesario para la supervivencia y desarrollo económico y social de los pueblos.
En el documento, la entidad regional exige el manejo de tratamiento de aguas residuales vertidas directamente al río Sinú, con el fin de garantizar la protección a los recursos naturales renovables como el agua, el aire, el medio ambiente sano, los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyen en él.
Así mismo, la corporación reclama la efectiva prestación del servicio público de alcantarillado, al goce de la seguridad y salubridad publica, y los demás intereses relacionados con preservación del medio ambiente en el municipio de Montería, Córdoba.
A su vez, la alcaldía de Montería le envió un oficio de requerimiento a Veolia, donde le solicitó los ensayos fisicoquímicos de laboratorio realizados en el período comprendido de los años 2020-2021 a los vertimientos de la PTR Nor-oriental, Sur-oriental y margen izquierda, con la finalidad de poner en consideración los argumentos planteados por la Car-Cvs.
Pero han transcurrido 11 meses y la red de alcantarillado de la capital cordobesa continúa descargando todas las aguas excrementicias de la ciudad directamente en el río Sinú, sin ningún tratamiento previo antes del vertido, cosa que ocurre desde el año 2014, sin que ninguna autoridad tome cartas en el escatológico asunto que origina la contaminación del torrente principal y demás humedales, entre otros, el caño Bugre, la Ciénaga Grande y el propio mar Caribe, donde el río Sinú finaliza su recorrido.
La contaminación abarca el medio, el bajo Sinú y la costa cordobesa, en una longitud de 68 kilómetros que hay desde Montería hasta la bahía de Cispata, en el mar Caribe, donde el río Sinú vomita toda la materia fecal vertida por el alcantarillado de Montería, lesionando la salud de las comunidades ribereñas, desde Montería hasta San Bernardo del Viento, incluyendo a Cereté, San Pelayo y Lorica, entre otras poblaciones.
Los miles de ciudadanos afectados por esta mega contaminación deberían levantarse para originar un escándalo nacional y señalar a los culpables para que sean castigados.
El fluido del alcantarillado está constituido por aguas fecales, aguas de lavado, sustancias sólidas y diferentes restos de naturaleza inorgánica y orgánica, en la cual se desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural los patógenos relacionados con la materia orgánica.
La conducta delictiva resultante de la inoperancia de la empresa de acueducto, alcantarillado y obras complementarias de Montería, en complicidad con funcionarios de ese municipio, consiste en que no verifican el incumplimiento del otrosí 09 del 2014, ni la inejecución de las obras obligantes del POI en la optimización de las tres PTAR del sistema, las cuales presentan déficits operativos desde 2014 de más de 500 lps, con sus efluentes contaminados con fecales y coliformes que se vierten en el río Sinú en la calle 26 y calle 57, sin PSMV.
Por tanto, se trata de acciones ilegales y delictivas que vulneran la normatividad ambiental.
Los concesionarios de servicios públicos de Montería contaminan y convierten en Cloaca Sanitaria los Ecosistemas Hídricos de esa ciudad, cuya infección se hace extensiva a todos los municipios del medio, bajo Sinú y la costa cordobesa.
El año 2022 ha sido fatal para la salubridad ambiental monteriana por la contaminación ambiental generada por el incumpliendo de los contratos de concesión de los tres Servicios Públicos de la AAA, por el vertimiento de sus efluentes contaminados sobre fuentes hídricas de la cuenca aluvial del río Sinú.
Por otro lado, el Concesionario de basuras Urbaser, por recepcionar basuras de otros municipios vecinos de Montería, colmó el basurero de Loma Grande cinco años antes del vencimiento de su contrato, por la emanación de lixiviados tóxicos y venenosos sobre predios vecinos y fuentes hídricas de comunidades indígenas, incluido el Caño Sierra Chiquita, según lo cita el fallo sancionatorio del Juzgado Tercero Civil del Circuito, del 2022, lo cual genera conflictos graves de orden público con la población afectada, por incumplir irresponsablemente un contrato de concesión y no tratar los lixiviados contaminantes generados por la inejecución de las obras de tratamiento de residuales que se traducen en delito ambiental.
Esta inejecución de obras del POI por Veolia tipifica un peculado por apropiación de recaudo de más de 60 mil millones de pesos, tal como lo cita la Procuraduría GN en su control de advertencia de agosto del 2020, donde le exige al alcalde tomar medidas urgentes para su recuperación y la ejecución de la infraestructura sanitaria colapsada, con déficit operativo por el crecimiento y expansión urbana de Montería en el último decenio y que el alto tribunal demanda un SPD óptimo, como lo exige la RAS 2017.
La inejecución de las obras de tratamiento de residuales se convierte en delito ambiental, cohonestado por la alcaldía de Montería, entidad que no trata de frenar la dispersión de fecales en medios hídricos.
Este problema obliga a la población civil a autodefenderse con acciones populares para salvaguardar su derecho a la Salud, como sujetos activos y damnificados ambientales de los concesionarios, por incumpliendo de sus respectivos contratos que han convertido al río Sinú en una enorme Cloaca receptora de materia fecal que es derramada en el principal afluente del departamento de Córdoba, como es el río Sinú, cuyas aguas contaminadas están envenenando a un inmenso sector de la población adyacente.
