Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Los colombianos sin distingos, desprovistos de todo tipo de sesgo político, partidista, ideológico o social, debemos manifestar nuestro reconocimiento a los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República, por su actuación responsable, fundamentada y valerosa, al votar por el archivo del regresivo y descuadernado proyecto de reforma a la salud, independientemente de la inconstitucionalidad manifiesta que viciaba su trámite, por surtirse como el de una ley ordinaria y no estatutaria, desconociéndose lo establecido en la Carta, así como en la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional.
Lo ocurrido, no debe interpretarse como una derrota del Gobierno y un triunfo de la oposición; lo ocurrido constituye una victoria de la democracia y del Estado de Derecho, y, vivo testimonio de la independencia de las instituciones republicanas.
También debe entenderse, como el triunfo de la razón sobre la pasión, de la ciencia sobre la ocurrencia, de la planeación sobre la improvisación y de la coherencia sobre la inconsistencia.
Que nadie olvide que, científicos, académicos, profesionales, técnicos, economistas y financieros vinculados al sector de la salud, así como dirigentes gremiales, empresariales, cívicos y sociales, al igual que líderes de opinión de todos los matices y vertientes ideológicas, coincidimos en discrepar, con la manera impositiva, improvisada, desafiante e intimidante con que el presidente pretendió sacar adelante su reforma a la salud.
Tampoco se debe ignorar que, los sectores más representativos de la nación, al unísono, están de acuerdo en que, el presidente debe respetar el Estado de Derecho, la división del poder y las instituciones republicanas, y que cualquier reforma que pretenda promover, se debe hacer dentro del marco de la Constitución y la ley, con el respeto que merece el Congreso, y no, con apremio o chantaje, y menos, bajo la amenaza de promover una movilización popular que no sería nada distinto a un nuevo paro criminal.
Con todo y sus debilidades, imperfecciones y defectos, la democracia, en la que vivimos, ha demostrado su valía y fortaleza y, cómo en ella se mantiene vigente e incólume su principio medular de, la separación del poder; separación de la que surgen, las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial que son ejercidas por órganos distintos, autónomos e independientes, lo que evita la concentración del poder en uno solo, y, que ocurra, lo que previno Charles Louis de Secondat el Barón de Montesquieu cuando dijo:
“Todo hombre que tiene poder, se inclina por abusar de él y va hasta que encuentra límites, y, para evitar que se abuse del poder, se hace necesario, que el poder detenga el poder”
Con la división del poder, se confía la vigilancia del poder que ostentan sus tres ramas, a ellas mismas, de manera que, cada rama tenga capacidad dispositiva para vigilar, controlar y detener los excesos de las otras, y así, impedir que, por abuso, vanidad, ambición o autoritarismo, alguna de ellas predomine o intente subyugar a las otras.
Es así como en el artículo primero de nuestra Ley de Leyes se establece que, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Luego en su artículo 113 se prescribe que, son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial y, que tienen funciones separadas, pero deben armonizar sus labores sin comprometer su independencia, en aras de la realización de sus fines.
Luego la misma Carta señala que, ella misma es, la norma de normas, y que en todo caso de incompatibilidad entre ella y las leyes u otras normas jurídicas, sus disposiciones se prefieren y aplican, siendo deber de todos los ciudadanos acatarla al igual que a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
Pero hoy, ante las arremetidas del Gobierno, estos preceptos fundacionales están amenazados y en entredicho, y peor aún, algunas iniciativas legislativas están orientadas a socavar los principios rectores de la democracia, a deformar la República, a concentrar el poder en el gobernante, a debilitar a las autoridades y a destruir la economía de mercado, bajo el falso y manido pretexto de hacer más justa e incluyente a la sociedad, y con ello, supuestamente allanar un nuevo camino al desarrollo, cuando en realidad, lo que se está es retrocediendo y destruyendo lo construido con tanto esfuerzo, empeño y sacrificio durante más de 200 años de vida republicana.
Si bien la Democracia permite y protege el derecho a la libertad de pensamiento político, partidista o ideológico, su ejercicio no puede comprometer la vigencia de la misma Democracia, y menos, la destrucción de la estructura de la República y de su Estado de Derecho, como tampoco, la infamación de la fuerza pública y la entronización de la criminalidad, el narcotráfico y el comunismo.
Es por esto, que la nación ha empezado a manifestar de manera creciente, cívica y pacífica, su rechazo, repudio y condena a las iniciativas legislativas y a las acciones administrativas que son contrarias a los principios de Libertad y Orden, las que, antes que consolidarlos y fortalecerlos, los debilita y destruye.
Prueba lo anterior, los recurrentes actos abusivos del Gobierno, entre ellos, el cometido la semana que termina, como fue la intervención a la EPS Sanitas, valiéndose de falsa y al parecer inexistente motivación, en razón a que la disminución de su reserva técnica, fue causada por la deliberada demora del mismo Gobierno en indexar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y en girar los recursos que le adeuda, aparte del manifiesto impedimento y por ende, procedente recusación del Superintendente de Salud, quien ha dado incontables muestras de su ánimo y propósito deliberado de acabar o, como lo él lo llama, de “sepultar” las EPS.
Es por esto, que el Consejo de Estado debe actuar de inmediato y en ejercicio de sus facultades legales, tal y como lo establece el artículo 238 de la Carta, el que le confiere la potestad de suspender provisionalmente, por motivos y con los requisitos que establezca la ley, lo efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, independientemente del predecible resultado que tendría, tanto la acción de nulidad que se promueva contra el acto administrativo que ordenó la intervención y toma de posesión de Sanitas, como el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y, seguramente, de reparación de daño, que pudiera instaurar Sanitas.
Ante la incertidumbre y zozobra que produce en la sociedad y el mercado, las iniciativas improvisadas, enrevesadas e insostenibles del Gobierno, los miembros del Congreso de la República no deben olvidar, que no fue el presidente quien los eligió; que quienes los eligieron fueron sus electores y es a ellos a quienes se deben y representan, y, en consecuencia, deben actuar consultando el bien común, el interés general y no, los intereses de un gobernante pasajero.
Tampoco los Congresistas deben olvidar, que, son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones, y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos, para fletar su conciencia y vender la dignidad a cambio de prebendas.
La nación espera que los miembros del Congreso, sigan honrando sus deberes, y que antepongan su integridad a la conveniencia, su pulcritud a la componenda, su honor a la felonía y su coherencia a la desinteligencia, de manera que eviten convertirse en simples peones o alfiles de un gobernante perturbado y mesiánico, que no cesa de dar muestras de querer concentrar todos los poderes, dividir la sociedad, arruinar la economía y destrozar la democracia en la que fue elegido. El Congreso debe impedir la destrucción del Estado de Derecho y con ello, la destrucción de la democracia y la República, y, por ende, su propia destrucción.
Colofón: El domingo 21 de abril saldré a marchar, para respetuosamente solicitar al Consejo Nacional Electoral, que se pronuncie de manera definitiva, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la elección e investidura del presiente, o bien, para que se demuestra que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley.
Lo que no conviene, es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para avocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
