Por Eduardo Padilla Hernández.
El 23 de abril pasado, tuvo lugar en el auditorio Antonio Nariño un panel de expertos centrado en la autonomía de los jueces, presidido por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.
En el contexto actual de Colombia, la reflexión acerca de la autonomía judicial y la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación cobra una relevancia fundamental.
Durante el reciente Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, organizado por la Procuraduría en Cartagena, expertos y magistrados coincidieron en que la independencia judicial y el control disciplinario no constituyen conceptos antagónicos, sino que son pilares complementarios de un Estado democrático que garantiza los derechos humanos.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 reafirma que la Procuraduría se mantiene facultada para investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluidos aquellos elegidos por voto popular, siempre que se asegure el pleno respeto al debido proceso y se cumplan los estándares interamericanos.
Este fallo no solo clarifica el panorama jurídico interno, sino que también resguarda a Colombia de posibles sanciones internacionales derivadas del incumplimiento de tratados de derechos humanos.
El rápido avance de la tecnología ha transformado nuestras formas de vida, trabajo y comunicación. Innovaciones tales como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la tecnología de cadena de bloques están revolucionando diversas industrias y generando nuevas oportunidades. En consecuencia, las empresas se ven obligadas a adaptarse a estas transformaciones para mantener su competitividad. La adopción de la transformación digital no es únicamente una opción, sino una imperiosa necesidad para aquellas empresas que aspiran a prosperar en el mercado contemporáneo.
No obstante, uno de los aspectos más críticos del debate fue la advertencia sobre los riesgos asociados a la eliminación de la Procuraduría. Tal como fueron señalados por los magistrados Juan Carlos Cortés y José Fernando Reyes Cuartas, desmantelar esta institución constituiría un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los principios democráticos.
La Procuraduría representa uno de los pocos mecanismos de control efectivo sobre la función pública en Colombia, especialmente en contextos donde otros órganos de control han evidenciado limitaciones.
En un momento en que el país enfrenta tensiones políticas y desafíos estructurales, resulta imperativo reconocer que el fortalecimiento de los órganos de control disciplinario, al tiempo que se protege la autonomía judicial, es una tarea de delicado equilibrio, pero fundamental.
La justicia disciplinaria no debe ser concebida como una amenaza, sino como una aliada en la promoción de la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones.
En la actualidad, más que en cualquier otro momento, la corrupción y la politización representan una amenaza para la estabilidad democrática. Por ende, la preservación de estos equilibrios no debe considerarse simplemente un asunto técnico o meramente jurídico, sino que, de hecho, se trata de una cuestión de supervivencia democrática.
Colombia requiere no sólo de jueces autónomos, sino también de mecanismos eficaces que aseguren que dicho poder no se desvíe de su función de servicio a la sociedad.
En definitiva, el mensaje del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario es claro: fortalecer la autonomía judicial no implica debilitar los mecanismos de control, sino que, por el contrario, aboga por su perfeccionamiento.
La democracia colombiana depende de nuestra capacidad para mantener esa tensión esencial entre libertad y responsabilidad, así como entre poder y control. Abandonar cualquiera de estos componentes equivaldría a abrir la puerta a formas de arbitrariedad que la historia nos ha enseñado a temer.
