Por Eduardo Padilla Hernández.
Ya nos hemos acostumbrado a oír los innumerables casos de corrupción de las instituciones públicas, por lo que parece increíble que aun nos sorprendamos cuando los medios de comunicación bombardean los nuevos resultados que demuestran que para los corruptos no hay límites.
Y si bien, la corrupción en su más amplia definición la entendemos cómo: el manejo inadecuado, por parte de un funcionario público, de los recursos y funciones públicas en beneficio de intereses particulares, por acción u omisión; entonces cualquier acto que configure esta conducta debe obligar a las autoridades judiciales y de control para castigar al infractor con las máximas penas, particularmente cuando el funcionario, dotado de poder y con la obligación primordial de propender por el bienestar general, se aparta dolosamente de su investidura violentando derechos fundamentales colectivos, como el medio ambiente.
Por años, los escasos recursos encaminados a la protección y conservación del medio ambiente se han convertido en la caja menor de políticos nacionales y regionales, que han visto en las Corporaciones Autónomas Regionales, un nicho para que, desde las direcciones de estas entidades, se desarrolle rampantemente la corrupción, so pena de atentar contra el sustento de la vida misma.
La CAR – CUNDINAMARCA, es una de estas instituciones ambientales, que el constituyente de 1991 soñaba con que, con el paso del tiempo, se consolidaran en el territorio desarrollando las máximas funciones de autoridades ambientales. Que lejos nos encontramos hoy de la idea romántica de unas entidades en las que todos los actores territoriales se sentaran alrededor del medio ambiente para ordenar y planificar el territorio, con una visión de sostenibilidad.
Aunque la noticia que han difundido los medios parece una mas en casos de corrupción, debemos darle la justa medida a lo que ocurre con el río Bogotá. De nada ha valido la intervención del Estado desde el Ministerio de Ambiente, o la sentencia del Consejo de Estado que en marzo de 2014 condenó a entidades nacionales, departamentales y municipales a que realizaran las gestiones para obtener la descontaminación del Río, uno de los ejes hidrográficos de nuestro país; por que, junto con la sentencia, que determinó unas acciones específicas para la descongestión; también vieron una serie de recursos que incrementaron la bolsa de la CAR, haciéndola más atractiva para los corruptos.
La CAR CUNDINAMARCA es la corporación que mayores recursos maneja para la gestión de los recursos naturales, entendiendo que el territorio de esta autoridad ambiental, que abarca 105 municipios en 2 departamentos, tiene que atender las problemáticas en torno a la administración de los recursos naturales de la zona de mayor desarrollo social, económico e industrial del país, ejerciendo una fuente presión sobre los afluentes hídricos del territorio.
Por esto, unos de los principales retos de la jurisdicción de la corporación es el Río Bogotá que, a todas luces, le ha quedado grande a más de 6 administraciones que han pasado desde la Ley 99 de 1993.
Esta sanción que le ha impuesto la Procuraduría al Director de la CAR, Néstor Franco, no hace sino confirmar que en definitiva la institucionalidad ambiental requiere de una profunda revisión, pues es el reflejo de lo que está pasando en todo el país.
Vea la decisión de la Procuraduría contra Franco, el pasado 7 de mayo, en el BOLETÍN 289:
Ya mucho se ha debatido acerca de la necesidad de destinar mayores recursos para la gestión ambiental, pero debemos ponernos del lado del gobierno, cuando en un solo acto jurídico, una sola corporación destina 35 mil millones de pesos sin el lleno de los requisitos legales, no de aquellos formales que terminan volviéndose un rifi rafe con los entes de control, sino de los requisitos de fondo que fundamentan la contratación estatal desde los cimientos.
Estos 35 mil millones de pesos que el Dr. Franco, abogado de profesión con especialización en derecho administrativo y Doctorado en el exterior pendiente de grado, como consta en la página del SIGEP, consultada a la fecha; representan el presupuesto de al menos 5 Corporaciones de menores de Recursos que tienen que atender un sin numero de problemáticas sin el soporte de contar con el respaldo económico. Esto quiere decir que la CAR en una vigencia, colocó sin el cumplimiento de los principios de contratación, el presupuesto que otras autoridades ambientales hubieran podido destinar al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
Y es que hay que darle la lectura adecuada a la gravedad de lo que pasa en la CAR, no se trata de un contrato más que se debe discutir con los entes de control y vigilancia, se trata de un perjuicio para el país ambiental en general. Corporaciones como la CDA que tienen que atender más de 18 mil hectáreas en 3 departamentos donde se concentra la mayor biodiversidad de nuestro país, podrían desarrollar un proyecto de tal envergadura en 5 años de congelar su presupuesto.
Así que la noticia no debe ser otro caso de corrupción, su justa medida es que mientras que en la CAR se discute si se aplicó o no el principio de planeación, fundamental para la ejecución de los recursos del estado, por que es el que permite garantizar que los recursos de los ciudadanos que se invierten en la gestión, realmente se invierten para lo que se necesitan. Tema que el Dr. Franco debe manejar al dedal, como abogado especialista en derecho administrativo.
Así las cosas, no se trata de un choque entre las instituciones, no se trata de un caso más de corrupción, no se trata de la interpretación normativa, por favor, saquemos la discusión de los estados judiciales y de las oficinas estatales, y llevémosla a la realidad de un país que día a día ve como la estabilidad de sus ciudadanos tambalea desde la profunda concepción de los derechos fundamentales, tanto individuales, como colectivos ganada con la Constitución de 1991.
Para 2019 debemos agachar la cabeza y aceptar que seamos víctimas de un Gobierno que busca cubrir su “hueco” fiscal sacando del bolsillo de los Colombianos los recursos que supuestamente necesita para garantizarnos la existencia misma: la salud, la educación, la seguridad y obviamente la protección del medio ambiente.
El primer cuestionamiento que debemos hacer es si el “hueco” fiscal no será producto de casos como el de CAR-CUNDINAMARCA, que no solo vale 35 millones del Convenio Inicial, sino que además nos costó 62 mil millones de pesos adicionales en las adiciones y modificaciones por la falta de conocimientos del ejecutor, que valga la pena decir son también entidades estatales (Alcaldía de Chía y Empresa de Servicios Públicos de este municipio).
Resulta perversa entonces la actuación de los funcionarios, que olímpicamente hoy discuten si se cumplió o no con los requisitos, en un contrato que alcanzó a valer más de 97 MIL MILLONES DE PESOS. En la vida real, no en ese país imaginario en el que los altos funcionarios de Colombia parecen vivir, donde la plata crece en los árboles, me preguntó, es necesario probar la falta de planeación en un contrato que se cuantificó en 35 millones, pero terminó costando 97 mil millones, es decir que se incrementó el 227% argumentando ajustes por imprevistos luego de la celebración?
No se requieren de mayores títulos universitarios o formación académica para entender que lo que la Procuraduría castiga acertadamente en el caso de Franco, es justamente la culpabilidad en la toma de decisiones al para invertir los recursos públicos, con los agravantes obvios de tal situación, por tratarse de un contrato que no alcanzó el resultado esperado, por tratarse de un contrato que se valió de una figura definida por Ley para facilitar la inversión territorial como lo son los convenios, por tratarse de un contrato que desarrolla lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia del río Bogotá, por tratarse de recursos encaminados a la protección de los derechos fundamentales, por tratarse del mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos, etc.. etc., etc.
Pero hay que ir más allá del Director de la CAR, quien en un acto de indolencia, twiteo que va a suspender la realización de convenios ante la sanción de la Procuraduría, hay que volver los ojos a otros actores que desde el 2015 han avalado con su silencio el desastres de 97 Mil millones de pesos. El Consejo Directivo de la CAR – CUNDINAMARCA, quien anualmente debe aprobar los informes financieros que se entregan por parte de la administración de la entidad pública. Este organismo cuenta con presencia del Presidente de la República a través de su delegado, del Ministerio de Ambiente, de la Gobernación de Cundinamarca y Boyacá, de las ONG de la jurisdicción, y otros encumbrados miembros, además de las entidades que participan en los comités interinstitucionales de seguimiento al cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. Como pueden decirnos ahora que no tenían conocimiento de tal situación, o que teniendo el conocimiento no actuaron para prevenir que nuevamente veamos como esta considerable suma de dinero sencillamente fue mal invertida. Así mismo, la Contraloría General de la República que anualmente audita las cuentas de la CAR tardaron 4 años en darse cuenta de las irregularidades, que oportuna habría sido la intervención de los auditores que anualmente se sientan 6 meses a auditar a estas entidades.
Será hora de empezar a hablar de la corrupción verde, un nuevo fenómeno que tal vez ya no sorprenda al país, pero no por eso dejará de hacer llorar a la tierra.
