La Guajira no tuviera escasez de agua potable, porque existe el río Ranchería, el problema es que no tiene políticos honorables.
Desde hace mucho tiempo, periodistas, líderes y comunidades, vienen denunciando la trágica suerte de los habitantes del departamento de La Guajira.
Su adverso destino se debe a que fueron expropiados de sus dos riquezas (el carbón y el agua).
El río Ranchería, único caudal de agua en la región, les fue quitado para ser utilizado por la empresa el Cerrejón, por los ganaderos y agricultores poderosos de ese sector del país.
A raíz de todos estos problemas, en lo que va corrido de 15 años, van cerca de diez mil niños muertos de inanición.
A todos estos males se les suman el saqueo a las riquezas y a los fondos públicos de la Guajira, por parte del imperio de las sombras que camina impune como Pedro por su casa.
Mientras hombres, mujeres y niños de la ranchería, como animales, mueren de hambre y de sed, el imponente mafioso, en su mansión, se mece tranquilo en una hamaca, disfrutando de su vida placentera, con whiskey, deliciosas comidas y abundante agua potable.
Desde la curul de su mecedora, rodeado de un ejército de asesinos, lleva la contabilidad del polvo, mientras presume la potestad que tiene sobre la honra y bienes de la comunidad ancestral.
¿Dónde está la autoridad competente, el Bienestar Familiar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
¿Acaso van esperar a que finalice el exterminio de la nación Wayúu?
Los niños de esas comunidades nativas estudian en escuelas a cielo abierto, sentados sobre troncos de árboles, mientras los hijos de los congresistas estudian en locaciones adecuadas con todas las comodidades, como si el pueblo hubiese depositado en las urnas un voto de olvido.
¿Será que el pueblo tiene que padecer aún más sufrimiento para poder despertar consciencia? Si en 235 años no ha despertado, ya no creo que despierte.
De todos modos, se hace urgente y necesario que el presidente Petro declare insubsistente a sus asesores. Presumo que ellos están trabajando a favor de la oposición, pues los decretos del Ejecutivo sobran, porque hay suficientes instrumentos legales en la Constitución y las leyes, capaces de señalar las soluciones de salud, alimentación, educación, vivienda, agua potable y demás derechos humanos de las comunidades Wayúu.
El decreto del Ejecutivo no aporta nada nuevo, ni soluciona nada, porque existen otros mecanismos jurídicos.
El acceso al agua potable está garantizado por convenios internacionales, por la ley 99 que creó el Ministerio del Medio Ambiente, por los decretos reglamentarios, y otras normas, y la calidad del agua está establecida en el decreto 475.
La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia, ubicado en el nororiente del país. Según un estudio del Ideam, La Guajira es el tercer departamento del país con mayor susceptibilidad al desabastecimiento de agua en temporada seca, con una afectación en al menos del 50% de sus municipios.
La economía de La Guajira depende en gran medida de la explotación de recursos humanos como la sal marina, el gas y el carbón, ingresos que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de la población, entre ellas el acceso al agua potable. La escasez de agua en La Guajira ha llevado a los Wayúu a un estado de desnutrición que ha cobrado la vida de casi 15.000 niños en quince años.
Es importante que se tomen medidas para abordar la problemática de la escasez de agua en La Guajira.
En este sentido, el gobierno colombiano ha lanzado un plan para llevar agua potable a la región.
Además, existen organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región para proporcionar acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las personas.
Otra cosa: las relaciones con el pueblo Wayúu no deben ser a través de la Cancillería, pues esa no es una comunidad extranjera.
