Tras más de dos meses de haberse declarado el aislamiento preventivo obligatorio, fue convocada una marcha nacional para denunciar los abusos policiales en medio de la cuarentena, los asesinatos de líderes y lideresas, y la corrupción en tiempo de la pandemia, además de diferentes exigencias sobre la alimentación, vivienda y trabajo.
Y es claro que estas dificultades se han agudizado en medio de la pandemia y han acentuado las desigualdades que históricamente afecta los sectores más empobrecidos y con menos posibilidades del país, dichos problemas aprovechados por sectores con intereses de alterar las masas.
Aunque con fundamento, la movilización del pasado 15 de junio, perdió su sentido al momento de verse involucrada la oposición y poner exigencias sin base e incitando al desorden público; y es que saquear establecimientos de comercio, destrozar bienes públicos o imponer barricadas que afectan intereses colectivos no cabe en un movimiento que tiene como finalidad defender derechos o exigir el reconocimiento y la solución de problemas que perturban a sectores mayoritarios de la población nacional.
Por lo expuesto con anterioridad es evidente que en estas protestas el sentido principal se desvaneció, principalmente por politizarlas y por el interés de algunos en el desorden, personas que financiadas para desestabilizar la buena o mala labor de unos gobiernos: financiación que se comprobó antes de la pandemia, única y exclusivamente para crear caos, desorden y ejercer violencia.
No había ningún interés de dialogar, ni exponer las demandas que convocaron estas manifestaciones, sino básicamente el interés era vandalismo, violencia y arriesgar la vida de las personas que participaron en ellas y las de todo un país que busca una normalidad económica.
