El Ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó a Santa Marta para vigilar el proceso junto con las autoridades competentes.
El departamento del Magdalena vive una de las vísperas electorales más agitadas de los últimos años. A menos de 24 horas de las elecciones atípicas para elegir gobernador, un operativo de la Policía Metropolitana de Santa Marta en la vía conocida como la Y de Ciénaga detonó un estallido político: un vehículo fue detenido transportando más de cincuenta millones de pesos en efectivo, junto con abundante propaganda vinculada a la campaña de Rafael Noya. El conductor no pudo justificar la procedencia del dinero ni la razón para movilizarlo con material político, lo que abrió la puerta a sospechas sobre presunto uso irregular de recursos en pleno periodo de restricción electoral.
Este episodio ocurre justo en un momento de alta sensibilidad institucional. Con instrucciones precisas del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, arribó hoy a Santa Marta para asumir personalmente la vigilancia del proceso y garantizar que la contienda se desarrolle bajo principios de legalidad, seguridad y respeto a la voluntad ciudadana. Su presencia marca un hecho inusual, interpretado como una señal de firmeza del Gobierno Nacional en su propósito de impedir cualquier distorsión del voto.
“La institucionalidad se hace presente para proteger la democracia, no para favorecer candidatos. Aquí lo que va a imperar es la legitimidad y el orden”, declaró uno de los asesores del ministro. Benedetti se instalará temporalmente en Santa Marta y despachará desde la capital del Magdalena, transformando este territorio en epicentro nacional del seguimiento electoral. No es un gesto simbólico, sino un movimiento estratégico: control, supervisión y reacción inmediata frente a cualquier irregularidad.
La misión del Ministerio del Interior es clara: blindar el proceso electoral. Esto incluye vigilancia al censo, verificación de la Registraduría, monitoreo de traslados de mesas y observación directa de la logística en los puestos de votación. La consigna es evitar que el poder administrativo, las estructuras regionales o los recursos estatales se conviertan en herramientas de presión o manipulación. Benedetti advierte que se activarán mecanismos para impedir que funcionarios, contratistas u operadores institucionales interfieran en el proceso. Lo que antes se asumía como una práctica casi normal, participación indebida, presiones, favores y movilización de votantes- esta vez será objeto de supervisión con lupa.
El Ministerio también ha desplegado canales especiales para recibir denuncias. Habrá comisiones destinadas a hospitales, sedes institucionales y zonas críticas, con el objetivo de documentar y actuar frente a posibles casos de coacción o manipulación del electorado. Los ciudadanos podrán aportar pruebas mediante videos, fotografías o reportes directos, ya que, como enfatizó un asesor del MinInterior, “la institucionalidad está para defender el voto, no para encubrirlo”.
La Gobernación del Magdalena también estará bajo observación prioritaria. El ministro Benedetti ha destacado que su presencia busca prevenir cualquier intento de intervención desde el poder departamental. Equipos coordinados entre Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo estarán atentos para actuar frente a cualquier señal de participación indebida. La consigna es que ningún bien público, vehículo institucional, contratista o estructura estatal sea utilizada para favorecer candidaturas.
Paralelamente, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Marta, desde donde Benedetti dirigirá el monitoreo del orden público y las condiciones de seguridad durante todo el proceso. En conexión directa con la Policía Nacional, el Ejército, la Registraduría y los organismos de control, se hará seguimiento minuto a minuto a lo que ocurra en municipios con historial de tensión electoral, riesgo de constreñimiento o compra de votos. Todo quedará documentado, todo será observado y, si es necesario, se actuará sin dilación.
La presencia del Gobierno en el Magdalena se interpreta como una apuesta institucional: demostrar que el Estado puede intervenir no para influir, sino para proteger. Que la democracia no es solo votar, sino garantizar que ese voto sea libre, limpio y respetado. En un departamento donde el pasado electoral ha estado marcado por presiones, venganzas políticas y tensiones históricas, la vigilancia central puede convertirse en un punto de inflexión.
En medio de este contexto, el decomiso del dinero vinculado a propaganda política ha encendido aún más la atención pública y ha elevado la exigencia de claridad y verificación. Mientras las autoridades avanzan en la investigación sobre el origen del dinero y su destino, el mensaje institucional se mantiene firme: esta vez, el proceso no estará solo bajo observación; estará bajo garantía.
