El caso, que involucra a exfuncionarios de la administración Petro, vuelve a los estrados en paralelo al inicio del nuevo proceso de licitación del servicio de aseo en Bogotá.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto una nulidad solicitada por la defensa de Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en la implementación del modelo “Basura Cero” durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro. La decisión permite que el caso retorne al Juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá, donde la Fiscalía podrá presentar formalmente la acusación contra Bravo, Jaime Humberto Mesa Buitrago y Ricardo Agudelo Sedano, exdirectivos de Aguas de Bogotá.
Los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando la Alcaldía de Bogotá reformó el esquema de prestación del servicio de aseo. La Fiscalía señala que la administración distrital, a través de la EAAB, adquirió 278 camiones recolectores usados, que presentaban fallas técnicas y no cumplían con los requisitos operativos. Según el ente acusador, los vehículos habrían generado un detrimento patrimonial estimado en 116 mil millones de pesos. El proceso penal deberá resolverse en un plazo de dos años.
La reapertura del caso ocurre en un momento en que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) alista los pliegos para la nueva licitación del servicio de aseo en Bogotá. La actual operación, adjudicada en 2018 y vigente hasta diciembre de este año, está a cargo de cinco operadores: Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. El nuevo contrato buscará definir el esquema que regirá hasta 2033.
Aunque aún no se ha divulgado el monto oficial de la licitación, la adjudicación anterior tuvo un valor cercano a los 4,8 billones de pesos. El nuevo modelo incluiría rutas diferenciadas para residuos orgánicos, una planta de biogás y medidas para mitigar la saturación del relleno Doña Juana.
De acuerdo con fuentes del sector, empresas nacionales e internacionales han mostrado interés en el proceso. Entre ellas se encuentran Urbaser, Atica, Veolia, Suez, FCC y Resiter. Asimismo, se ha reportado cooperación técnica entre la Alcaldía de Bogotá y la ciudad de Copenhague, Dinamarca, a través del Danida Fellowship Centre.
Durante la implementación del modelo de aseo en 2012, la empresa Gestión Integral del Medio Ambiente (GIMA), vinculada al empresario Darío Arturo Beltrán Ortiz, participó en la logística y provisión de equipos. Documentos públicos relacionan a Beltrán con empresas internacionales como Industrial Waste Services (IWS), compañía con sede en Florida, cuya trayectoria fue objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses en la década de 1980. El modelo presentado en ese entonces no logró consolidarse y derivó en acumulaciones de residuos en distintos sectores de la ciudad.
Beltrán ha estado vinculado a otros contratos en Colombia y en el exterior. En México, figura como representante de Sinergias Ecológicas de México S.A. de C.V., empresa que ha operado en municipios como Puebla y Tulum. En asambleas corporativas aparece también el abogado Eduardo Rafael Noriega de la Hoz, quien fue secretario general de la Alcaldía de Bogotá y tiene vínculos con la actual administración nacional.
Según datos extraídos de las plataformas SECOP I y II, empresas relacionadas con Beltrán han suscrito contratos con entidades como Corpoamazonía y Migración Colombia por más de 600 millones de pesos. También se reportan vínculos contractuales con el Fondo Colombia en Paz y participación indirecta en negociaciones de infraestructura con empresas extranjeras.
Actualmente, Beltrán registra procesos judiciales de carácter civil y comercial, varios de ellos en etapa ejecutiva por obligaciones financieras. No existen fallos en firme en su contra relacionados con el modelo de aseo implementado en Bogotá en 2012.
El proceso judicial contra los exfuncionarios públicos se reanuda en un contexto donde el servicio de aseo vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de política pública de la capital. Las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de la prestación de este servicio esencial en la ciudad durante los próximos ocho años.
