Por Rafael Nieto Loaiza
Cuatro hechos: uno, el proyecto del MinJusticia para legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas; dos, los narcos pagan un millón de dólares para ingresar a la “paz total” de Petro; tres, la disminución acelerada de las operaciones militares y policiales en todo el país, en especial pero no exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico; cuarto, la presencia armada de las Farc en Yarumal. Los hechos están conectados entre si.
Que las Farc entren a Yarumal como Pedro por su casa, como un par de semanas antes habían hecho en Policarpa y en Balboa, prueba que la paz de Santos nunca llegó. Las Farc siguen más vivas que nunca. Tanto las que nunca firmaron el pacto, las disidencias, como aquellas que sí lo hicieron y después traicionaron lo acordado, las reincidencias. Contaban con algo menos de seis mil hombres en armas para fines de 2021 y se presume que su número haya crecido el año pasado. Son grupos mafiosos.
La incursión de las Farc en los tres municipios y la ausencia absoluta de reacción por parte de la Fuerza Pública demuestra que, además, el cese del fuego de Petro esconde la paralización de las Fuerzas Militares y la Policía, que nada hacen distinto a esconderse en sus cuarteles. Ese cese del fuego no cuenta con reglas y procedimientos claros ni con mecanismos de verificación. En la práctica, el cese del fuego supone que la Fuerza Pública no opera contra los grupos violentos. Esos grupos, mientras tanto, campean a sus anchas por sus áreas de influencia, adoctrinando, amedrentando y delinquiendo. La población civil está a su merced. Incluso, se vio, las escuelas y sus niños. El cese del fuego ha creado muchos caguancitos a lo largo y ancho de todo el país.
Semejante situación es inconstitucional, no tengo duda. Así lo advirtió el Fiscal Francisco Barbosa cuando sostuvo que “ni Policía ni Ejército, por vía administrativa, ni por ley de la República, ni por decreto, ni resolución, pueden abandonar el territorio nacional, porque tienen una obligación”, y resalto que, en caso de existir una orden, deberán responder por omisión o prevaricato. La admonición cayó en oídos sordos.
El descenso de las operaciones militares y policiales, sin embargo, venía desde antes del cese al fuego. Según la FIP, las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra los grupos violentos se redujeron un 70% durante el primer trimestre del Presidente Gustavo Petro. Hace pocos días, el Fiscal decía que “los resultados operativos son lamentables en términos de incautación de cocaína en Colombia y destrucción de cultivos ilícitos” y agregaba que había 2.260 órdenes de captura por homicidios sin ejecutar por parte de la Policía. El 23 de enero había señalado que «en los dos últimos años, en promedio, llegamos a incautar entre 25 y 35 toneladas de coca mensual. Pero del 1.º de enero a hoy, cero”. El Director Antinarcóticos respondió hace un par de días de manera inusual. Dijo que la «Policía Nacional ha incautado, en el 2023, 35 toneladas de cocaína”. Después se sinceró: “parte de estas incautaciones se realiza en territorio internacional”. Es decir, no las hizo la Policía colombiana porque ella no opera en aguas internacionales. Las hicieron norteamericanos o europeos, pero la Policía se las adjudica como propias. La Policía está en mora de decir cuántas toneladas realmente se incautaron en territorio continental y el mar territorial de nuestro país. Las cifras que da ya no son confiables.
El Director Antinarcóticos también confesó algo sumamente grave: incómodo, sostuvo que la Policía no estaba erradicando porque los hombres «se están reentrenando”, que esperaba iniciar cuando «así se decida” y que no había definición de lo que se iba a hacer este año en erradicación. La culpa, por supuesto, no es del pobre coronel Cárdenas, que solo obedece. Pero el Director de la Policía sí tiene que salir a poner la cara y decir si tiene órdenes o no del MinDefensa y de Petro de poner en el congelador las operaciones contra el narcotráfico, como lo muestran los hechos.
Mientras tanto, Fiscal y los jueces negaban la suspensión de órdenes de captura de al menos dieciséis capos del narcotráfico solicitada por Petro, entre ellos varios extraditables. Y Semana revelaba que a los narcos les están pidiendo un millón de dólares para ser vinculados como gestores de paz, evitar la extradición y quedar en libertad. «En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado, con cierta regularidad y temor, el nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente”, agrega la revista. El hermano de Petro, con el antecedente de haberse reunido con narcos en la Picota, dijo que “están usando mi nombre”.
Finalmente, también se conoció que desde el Gobierno pretenden legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas, es decir, 136.680 h, el 67% de las 204.000 que había a diciembre de 2021. Esas h producen 938 Tn de cocaína de las históricas 1.400 del 21. Una barbaridad.
No se cuál de las noticias es más grave. Parecen probar que el pacto de la Picota, nunca investigado, fue una realidad y que ahora se pagan los favores de entonces y se cumplen los acuerdos alcanzados en campaña. Un escándalo peor que el del proceso 8.000. Aún si tal acuerdo no existiera, los hechos muestran un Gobierno que favorece, de todas las maneras posibles, a los mafiosos, desde los de las Farc hasta los del Clan del Golfo. Pero nada pasa. Con la excusa de la “paz total” llegamos a la narcocracia. Mientras, cercanos al Gobierno se hacen millonarios. Y nadie se inmuta.
