Por: José Félix Lafaurie Rivera
Al regresar de Cuba después del sexto ciclo de negociaciones con el ELN, me siento obligado, como en rondas anteriores, a compartir con los lectores mis percepciones, algunas agridulces, otras esperanzadoras.
Sobre las primeras, el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las “interpretaciones” del ELN, ya no solo semánticas —secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son “impuestos” —, sino de valoración de sus compromisos firmados.
En cuanto al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como “marco de referencia” el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la “toma de rehenes”, el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al ELN, precisando además que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir un pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen “prisioneros de guerra”.
El tema del Mecanismo no es de poca monta, como investigador y notario frente a eventuales incumplimientos —que los hubo—, y garantía para la sociedad, en un proceso que necesita apoyo ciudadano, pero además compromete la vocería y el prestigio de la ONU. Como los espacios se llenan, al cierre de la ronda se publicó el informe del CERAC, externo y no vinculante, pero registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos.
Mi segunda percepción tiene que ver con el ambiente de dificultad en medio de discusiones circulares que parecían sin salida y obligaron al aplazamiento de la clausura. Pero bueno, la dificultad les da mayor valor a los resultados.
Pasemos a las esperanzadoras: al final, hubo resultados. El primero es la prórroga del cese por 180 días, con el compromiso de suspender retenciones económicas —secuestros extorsivos—, que ahora serán objeto de seguimiento por el MMV; no obstante, empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal sino permanente, por ser un crimen de lesa humanidad, con o sin cese.
El segundo resultado es el compromiso de no reclutar menores, y su mancha es calificar como tales a los menores de 15 años. Aunque así lo establece el DIH, considero infame darle un fusil a un adolescente de 16 años; por ello me quedo con la mayoría de edad legal en Colombia y, sobre todo, con el Protocolo de la Convención de Derechos del Niño sobre su participación en conflictos armados (2002), que la prohíbe para menores de 18 años.
El tercer resultado es el Fondo Multidonante, sobre el cual hay que insistir en que se trata de buscar donaciones de países acompañantes, garantes o interesados, mas no para entregarle dinero al ELN, sino para actividades transformadoras de paz en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, algo en lo seremos rigurosos para que no se desvíe un solo peso.
Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del ELN, pero no ha cesado y la zozobra persiste en los territorios; 180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a los secuestrados. El ELN debe decir cuántos y quiénes son. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias.
180 días después…, la paz de Colombia está muy lejos todavía, pero menos que ayer.
@jflafaurie
