Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La delicada controversia territorial con el Perú, en cuanto a la soberanía sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas, no debe reducirse a una cortina de humo promovida por el presidente Gustavo Petro. Los colombianos tenemos la obligación de recordar que, por conflictos limítrofes, ya nos vimos abocados a una guerra con Perú: la Guerra Colombo-Peruana (1932–1933). Este lamentable hecho fue el resultado de una combinación de disputas territoriales no resueltas, ambiciones políticas y sentimientos nacionalistas.
Durante la época colonial, los límites entre los virreinatos del Perú y de la Nueva Granada (actual Colombia) no estaban claramente definidos. Al independizarse ambas repúblicas en el siglo XIX, cada país reclamó territorios amazónicos con base en antiguos títulos coloniales vagos y contradictorios. Perú se fundamentó en los derechos del antiguo Virreinato del Perú, mientras que Colombia lo hizo en la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada.
Antes del enfrentamiento militar, ambas naciones intentaron resolver el conflicto, firmando en 1922 el Tratado Lozano-Salomón. Gracias a este acuerdo, Colombia obtuvo la región de Leticia y el llamado Trapecio Amazónico, asegurando así su salida al río Amazonas. En su momento, el tratado fue firmado en secreto y ratificado sin consultar debidamente a la población peruana, lo que generó un fuerte descontento en Perú, especialmente entre militares y civiles de la región de Loreto.
Este contexto explica la toma de Leticia el 1.º de septiembre de 1932, cuando grupos de civiles peruanos armados ocuparon el territorio. El entonces presidente peruano, Luis Miguel Sánchez Cerro, apoyó tácitamente la ocupación, lo que desencadenó un conflicto diplomático y posteriormente militar.
La respuesta de Colombia no se hizo esperar. Bajo el mandato del presidente Enrique Olaya Herrera, se movilizaron tropas y una flota militar por el río Amazonas para recuperar el territorio. Hubo fuertes enfrentamientos navales y combates en la selva. Por intermediación de la Liga de las Naciones —precursora de la ONU—, se acordó el cese del fuego, lo que condujo a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1934, ratificando el tratado de 1922. Gracias a este protocolo, Leticia fue devuelta a Colombia, confirmando su soberanía sobre el Trapecio Amazónico.
Los fenómenos naturales son inevitables, y escapan al control de los Estados. Por un nuevo escenario geográfico han surgido varias islas con posterioridad a los tratados, entre ellas, la isla Santa Rosa que emergió alrededor de la década de 1970 como resultado de la división natural del río Amazonas, que partió en dos la isla peruana de Chinería. Esta nueva isla se ubica frente a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Hoy se informa que la isla Santa Rosa se unió a la Chinería por lo que ya se indica que la isla Santa Rosa no existe, pero Perú y Colombia le siguen llamando así.
En julio de 2025, en un acto altamente cuestionable, el Perú promulgó la Ley N.º 32403, por la cual se formaliza la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto y otorga a sus autoridades la administración local de la isla. Con ello, las autoridades peruanas buscan reafirmar su soberanía en la zona, alegando que la isla siempre ha estado bajo su jurisdicción y negando que exista conflicto limítrofe alguno. No obstante, la ocupación de hecho no genera derechos jurídicos internacionales.
Ante esta situación, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, argumentando que su creación y administración fueron unilaterales y violan el Tratado de Río de Janeiro de 1934. Según Petro, cualquier nueva formación territorial debe ser asignada por mutuo acuerdo.
Actualmente, la isla a la que se sigue dando ese nombre, alberga entre 2.500 y 3.500 habitantes. En medio de esta delicada coyuntura, el ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes manifestó que el conflicto actual obedece a “un descuido histórico de la periferia colombiana”, señalando que el país ha tendido a subestimar sus regiones fronterizas. Según Londoño, mientras Perú actuaba de forma “discreta, lenta pero efectiva” —estableciendo presencia con colonos, escuelas y autoridades—, Colombia simplemente no prestó atención. Desde su perspectiva, la única forma de evitar problemas futuros es definir conjuntamente la línea de frontera fluvial, incluso en el caso de islas recientes.
Es importante reiterar que este problema tiene una causa natural y lleva más de diez años gestándose, por lo cual no puede endosarse la responsabilidad exclusivamente al gobierno colombiano actual.
Ante la tensión, Colombia ha solicitado reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera (COMPERIF), con el fin de acordar bilateralmente la asignación de territorios surgidos tras los tratados de 1922 y 1929. Petro informó que la comisión ya fue convocada y deberá sesionar en septiembre de este año para abordar esta controversia diplomáticamente.
Sin embargo la presidente de Perú ha descartado una solución por vía diplomática. Y a raíz de un sobrevuelo de una aeronave militar de Colombia ha enviado una nota de protesta. Es probable, entonces, que el caso llegue eventualmente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Aunque Colombia renunció al Pacto de Bogotá, tras el fallo sobre el litigio con Nicaragua, aún puede acudir a dicha Corte a través de otros instrumentos jurídicos internacionales.
Lo que menos necesitan hoy Colombia y Perú es un nuevo conflicto armado. Los colombianos tenemos la obligación de estar unidos en el manejo de este sensible aspecto de interés nacional. La diplomacia debe prevalecer, y la negociación directa entre voceros autorizados de ambas naciones debe insistirse en que sea la primera solución a considerar con el objetivo de obtener resultados satisfactorios para ambas naciones.
