Por José Félix Lafaurie Rivera
No es la primera vez. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el actual ministro, Indalecio Dangond, fue asesor de Aurelio Iragorri, FEDEGÁN enfrentó cuestionamientos semejantes. Años antes, Juan Camilo Restrepo había contratado una costosa auditoría externa que produjo numerosos titulares y señalamientos controvertidos. Entretanto, la Contraloría calificó nuestra gestión de 2013 con 89 puntos sobre 100 y ¡100 sobre 100 en el componente financiero! Posteriormente, sobre la gestión de 2015, emitió concepto favorable y opinión sin salvedades sobre los estados financieros. Las sospechas ocuparon titulares; los resultados documentados de la Contraloría respaldaron nuestra gestión. Conviene no olvidar esa historia.
Mención especial merece Jaime Daza Almendrales, a quien conozco de toda la vida. Durante veinte años como representante legal del Fondo Nacional del Ganado ha asumido la responsabilidad de una operación nacional exigente, con enormes desafíos sanitarios, presupuestales y administrativos. Su rigor, austeridad y rectitud no son frases de ocasión: los he visto en su trabajo diario. Lo afirmo sin vacilaciones: durante su gestión no ha tenido hallazgo con responsabilidad fiscal, disciplinaria ni penal por manejo indebido de estos recursos. Su honorabilidad merece respeto, sin eximirlo, como a nadie, del escrutinio.
La auditoría debe desarrollarse con independencia, rigor y garantías. Esperamos conocer sus alcances, metodología y conclusiones, y que los resultados reciban tanta publicidad como el anuncio. Investigar posibles irregularidades no equivale a comprobarlas.
Pero esta discusión tiene otra dimensión. La democracia tiene formas que obligan, especialmente a quienes ejercen el poder. Mi padre, José Vicente Lafaurie Acosta, escribió que «la autoridad está íntimamente ligada a la fuerza moral» y advirtió que, sin el principio moderador de la razón y la inteligencia, «no hay autoridad, hay poder». Un despacho ministerial no es propiedad privada de quien lo ocupa: está al servicio de los ciudadanos. Respetar a quien discrepa no es cortesía opcional, sino obligación de quien representa al Estado. El poder lo confiere el cargo; la autoridad se conquista con la razón y la fuerza moral.
El artículo 39 de la Constitución protege la autonomía gremial. Los gremios no existimos para aplaudir automáticamente ni para oponernos por sistema. Representamos a nuestros afiliados, proponemos soluciones, señalamos desacuerdos y apoyamos las políticas que benefician al país. Reconocemos los esfuerzos gubernamentales en seguridad rural y mantenemos nuestra disposición a concertar de manera permanente.
Cooperar no significa someterse. Disentir no es irrespetar. El poder puede ejercerse sin escuchar; la autoridad, jamás.
@jflafaurie
