Por: Rafael Rodríguez-Jaraba
Columnista de Opinión.
Luego de ocho meses de haber asumido el poder, la desilusión, la reprobación y el rechazo de la nación por el gobierno de Gustavo Petro, es mayoritaria, manifiesta e inequívoca. Son tantos sus yerros, mentiras, falacias y despropósitos, que su permanencia en el poder empieza a ser indeseable.
La población ya se muestra hastiada de sus repentismos, improvisaciones y retaliaciones, así como de sus amenazas veladas con todo aquel que discrepe o discuta sus obtusas ocurrencias. Si bien las miserias de la política disuaden la intervención de muchos ciudadanos en asuntos estatales, es claro que cada día que transcurre, más colombianos advierten la necesidad de hacerlo, ante la amenaza que Petro y sus corifeos destruyan la Democracia y el Estado de Derecho.
Pero la población civil se pregunta, qué se puede hacer para acabar o al menos neutralizar esta tragedia nacional que se padece, la que afecta el presente y compromete el futuro de la patria.
Como demócratas, y, ante todo, debemos respetar la voluntad popular y, por ende, reconocer a Petro como presidente, sin renunciar a cuestionar la forma extraña como fue elegido, como tampoco, a ejercer una oposición cívica, pacífica y fundamentada a su gobierno, de manera que su debilitamiento sea resultado de sus propias torpezas y desaciertos, y no de la animosidad que despierta su credo regresivo, pendenciero y comunista.
De ahí la importancia que la población civil, desprovista de posturas sociales, económicas, ideológicas o partidistas, siga manifestando su desagrado y rechazo al gobierno, mediante marchas pacíficas y congregaciones cívicas que demuestren que las calles y las plazas no le pertenece a Petro, como de manera amenazante, arrogante y frecuente lo afirma.
De igual manera se hace necesario, que la sociedad les recuerde a los miembros del Congreso, que no fue Petro quien los eligió; que quienes los eligieron fueron sus electores y que es a ellos a quienes se deben y representan, y, en consecuencia, deben actuar consultado el bien común y no los intereses del Gobierno. Que tampoco deben olvidar, que son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones, y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos, para fletar su conciencia y dignidad a cambio de prebendas.
La nación debe exigir a los miembros del Congreso, que honren sus deberes y obligaciones, y que antepongan su integridad a la conveniencia, su pulcritud a la componenda, su honor a la felonía y su coherencia a la desinteligencia, de manera que eviten convertirse en peones de un gobernante torpe y perturbado, que no cesa de dar muestras de ineptitud e incapacidad para dirigir la nación.
Dadas las circunstancias actuales y ante el clamor nacional para que el Gobierno retire su arrevesada reforma a la salud, la que el propio y ondulante ex ministro de Educación y antes de Salud, Alejandro Gaviria califica de “suicidio”, el Congreso debe hundirla, por ser un paso al vacío que aumentaría la corrupción, destruiría el sistema y afectaría a todos los colombianos, en especial, a los más pobres y vulnerables.
No se entiende cómo se puede intentar aniquilar un sistema, calificado dentro de los 20 más eficientes del mundo, en el que, sin considerar el ingreso económico de los usuarios, todos tienen derecho a la misma cobertura de servicio.
Menos se puede entender, que, a pesar de algunos reparos al sistema, los mismos usuarios y la nación en general, abogue por su mantenimiento e inclusive, que la mayoría de la población manifieste plena conformidad y satisfacción con el servicio que recibe.
Pero aún más difícil resulta entender, que Petro pretenda que un servicio tan sensible como el de salud, lo pasen a manejar organismos estatales regionales, con lo que se aumentaría, la burocracia, el desgreño y la corrupción, propias de la administración pública y, se estimularía la voracidad insaciable de los políticos en las regiones.
Pero lo que más preocupa, es que la reforma a la salud que plantea Petro y su ministra Corcho, acabe la calidad del servicio, burocratice su funcionamiento y aumente de manera incontrolada sus costos, haciéndolo absolutamente ruinoso e insostenible. Y, lo peor de todo, es que Petro propone una reforma sin disponer de un estudio serio y confiable que permita conocer un diagnóstico real sobre la salud del sistema.
El empirismo porfiado, aventurado y temerario de Petro, es insuperable, y son muchos los daños y perjuicios que le sigue infligiendo a Colombia, algunos de ellos irreparables, o al menos, que demandarán muchos años resarcirlos.
Petro destruye o arruina lo que funciona, y solo siembra desconfianza, zozobra e incertidumbre. No en vano la sociedad civil cada día levanta más su voz de protesta y no cesa de manifestar su rechazo y condena ante tantos despropósitos y desvaríos.
Es tiempo de unirnos en defensa de nuestra imperfecta democracia y en señal de desaprobación al inepto y descuadernado gobierno que padecemos. De ahí la necesidad de seguir marchando en señal de repudio por el Gobierno, así como de aquellos Congresistas plegados a sus dádivas, al igual, que para pedir a la Corte Constitucional que cumpla su deber de defender la vigencia de la Constitución Nacional ante las intentonas de Petro y su bancada de violentarla.
Colofón. Es legalmente previsible, que antes que tarde, la Corte Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de muchos de los artículos de la reforma tributaria aprobada irresponsablemente por el Congreso, la que como está bien probado, además de inconstitucional, es regresiva, recesiva e inflacionaria por desestimular el crecimiento, el empleo, el ahorro, el consumo y la inversión, y, ante todo, innecesaria dado el nivel histórico de recaudo alcanzado el año anterior y proyectado para lo que falta de la actual vigencia fiscal.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
