Corte: ¡publique el expediente!

Ana María Abello

 

@AniAbello_R

“Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y acomedida, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra (…)”, este es un aparte de la solicitud inusual en el mundo jurídico que le hizo el presidente Uribe a la Corte Suprema de Justicia a través de su abogado Jaime Granados. ¿Por qué es inusual? Porque la reserva sumarial cumple el fin primordial de garantizar entre otros, el derecho fundamental a la presunción de inocencia amparado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué el presidente Uribe querría renunciar a algo que, en teoría, sirve para garantizar su derecho a que se le presuma inocente? La respuesta es simple: porque autoridades judiciales han filtrado a cuentagotas y de manera descontextualizada información reservada a periodistas cuya obsesión y razón de ser es sacar a Uribe del escenario político. Detrás de esos periodistas existen intereses políticos de aquellos que no han podido derrotarlo en las urnas y detrás de esos intereses existe un proyecto para llevar a Colombia por el camino oscuro del socialismo que ha destrozado a países como a la otrora libre y próspera Venezuela.

Las filtraciones a periodistas se han convertido en aberraciones tan naturales que muchos de ellos no se molestan en disimular lo que bajo toda luz es la violación a un derecho fundamental de un ciudadano. Es así como vemos que, sin ruborizarse, el miembro de la mesa de trabajo de BluRadio, Ricardo Ospina, le dijo al presidente Uribe al aire: “(…) el anónimo llegó a tres correos distintos a la Corte Suprema. Llegó al despacho de la Magistrada Lombana, al despacho del doctor Alarcón y a la Secretaría de la Sala de Instrucción y por eso se dio el cruce de cables, pero nos informan desde la Corte que (…)”.

El episodio de Ospina no es aislado, el bloguero Daniel Coronell lo ha hecho en incontables ocasiones. ¿Cómo olvidar la columna “Quemen eso” publicada el 12 de agosto de 2019 en la que Coronell se basó en un audio mal transcrito? En dicho artículo Coronell pretendía enlodar a Sergio Araujo diciendo que había evidencia de la participación de personal de Uribe en la búsqueda de declaraciones. Coronell se defendió con desfachatez diciendo que el audio en cuestión hacía parte del material probatorio de la Fiscalía en el caso que se adelantaba contra el presidente Uribe. “La primera noticia que tuve yo de la existencia de ese audio fue ayer domingo poco antes de la nueve de la mañana. Lo que no puede decir el señor Araujo es que yo cambié una palabra deliberadamente cuando estoy mostrando el papel de la Fiscalía. Ese papel dice exactamente lo que transcribí. Antes de publicarlo le hice varios ejercicios de verificación”.

El Espectador tampoco se queda atrás como medio de difusión de las filtraciones de la Corte. En su artículo de ayer 8 de agosto titulado “Caso Uribe: las versiones encontradas sobre el congresista Prada según la Corte”, dicen que “El Espectador conoció el extenso documento de esa corporación en el que da detalles de las versiones encontradas (…)” el extenso documento al que se refieren es a la providencia de más de 1.500 páginas con la cual la Corte sustentó su decisión de iniciar el juicio contra el presidente Uribe y aplicarle la medida de aseguramiento de detención. Ese artículo del Espectador es uno entre muchos más en los que hacen referencia a material sujeto a la reserva sumarial.

Gonzalo Guillén y Julián Martínez también filtran investigaciones judiciales y audios en el portal La Nueva Prensa que, según fuentes serias, antes se llamaba El Blasfemo de propiedad de Daniel Mendoza. Mendoza es el autor de la serie Matarife con la que le llenaron la cabeza de mentiras y el corazón de odios a los jóvenes, como si la tarea de Fecode no hubiese sido amplia y suficiente. El rol que ellos cumplen es el de criminalizar al uribismo y deslegitimar la elección del Presidente Duque.

Las filtraciones de los elementos protegidos por la reserva del sumario acarrean sanciones para los funcionarios judiciales que filtran y para los que se encarguen de difundirla siempre y cuando se les compruebe su responsabilidad en la obtención de la filtración. Esto no quiere decir que los medios de comunicación estén libres de responsabilidad porque su esencia es la de cumplir con una labor social lo que significa que tienen un deber mayor y se extiende, a mi parecer, a las redes sociales. Esto lo escribo en el momento en que me entero de que las 1.554 páginas del auto del Magistrado Reyes circulan por las cuentas de Facebook y WhatsApp de los que celebran la decisión contra Uribe.

Tan pronto el abogado Granados hizo pública la solicitud de Uribe a la Corte, sus detractores como Iván Cepeda salieron en masa a rechazarla y a anticipar que la Corte, la misma que se negó a dictarle medida de aseguramiento al protagonista de una Crónica de una Fuga Anunciada (Santrich), no aceptará que el expediente sea público. Si se niega, que es lo más probable, tendremos que exigir que cesen las filtraciones y que sean expeditos porque son muchos los que caen en la tortura psicológica, propia de un secuestro, de años de proceso y de proyectos de decisiones filtrados. El mejor ejemplo es Luis Alfredo Ramos cuyo proceso inició hace nueve años. El proyecto de ponencia que define su situación jurídica fue filtrado a Noticias Uno (Coronell) al que Ramos entuteló y se fue con las manos medio vacías porque a pesar de que el noticiero sirvió como medio de difusión de una filtración irregular solamente salieron con un regaño porque el verdadero culpable se encuentra entre alguno de los funcionarios del Magistrado Eyder Patiño, encargado de su caso. Dudo que encuentren al responsable.

Los colombianos merecemos una justicia imparcial y alejada de las motivaciones políticas y es por ese motivo que el llamado a reformarla a través de una Constituyente es cada vez más enérgico. Hoy es Uribe Vélez la víctima del despojo de sus derechos fundamentales, mañana puede ser usted.

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