Por Rafael Nieto Loaiza
La última edición de la revisa Semana trae un resumen sucinto que muestra el rápido deterioro de la economía y la seguridad nacionales. Las cifras son muy preocupantes y muestran un futuro muy oscuro. El “diagnóstico es alarmante” y «Colombia va mal”, concluye el semanario.
El artículo, en una curiosa omisión, deja por fuera los últimos hechos de corrupción que afectan a Gustavo Petro y su familia. No es tema menor. Hacia adelante tendrán un impacto enorme en el gobierno.
Que el hijo y el hermano de Petro estén señalados de recibir dinero a escondidas y de personas vinculadas hoy y en el pasado con hechos de corrupción y con el narcotráfico, a cambio de favores gubernamentales, destruye de raíz el relato de la izquierda y de quien llegó a la Casa de Nariño montado sobre sistemáticas acusaciones de venales y mafiosos a los gobiernos anteriores y a sus contradictores políticos.
Por eso el afán de Petro de desligarse del escándalo. Pero los hechos son tozudos. Han sostenido que Petro apenas se enteró de lo ocurrido pidió a la Fiscalía que investigará a su primogénito. Falso. Solo lo hizo el dos de marzo, cuando supo que Vicky Dávila divulgaría una entrevista con quien había sido su nuera. Si por las declaraciones de la exesposa de Nicolás se creía que Petro se había enterado de sus andanzas a principio de febrero, cuando se reunió con ella, hoy hay certeza de que tenía conocimiento al menos desde diciembre, cuando su hija Andrea le contó. Lo dice Mary Luz Herrán, mamá de Andrea. Petro calló tres meses. Se quedó mudo hasta que supo que el escándalo era inatajable.
Petro, en entrevista con Cambio, quiso poner aún más distancia y refiriéndose a su hijo dijo que “no lo crié, esa es la realidad”. La lectura ciudadana sobre semejantes declaraciones es que desnudan la mala condición humana de quien hoy ocupa la Casa de Nariño, capaz de negar a su primogénito. Petro, para justificarse, sostuvo que no lo había criado porque había estado preso y en la clandestinidad y sugirió que la conducta de Nicolás era resultado de haber sido educado por la familia de la mamá. Nicolás nació el 21 de junio de 1986. La desmovilización del M19 se firmó el 09 de marzo de 1990. Nicolás no había cumplido cuatro años. Desde ese momento Petro pudo «criarlo». Más maluco aún, una de las primas de Nicolás reveló que la mamá había demandado a Petro por inasistencia alimentaria y le advirtió que “no escarbe la historia familiar porque sale mal librado”.
Como si no fuera suficiente, la verdad es que Petro ha llevado de la mano a su hijo en la política, en un ejercicio de ese nepotismo que tanto ha criticado a otros. Fue él quien hizo a Nicolás jefe del Pacto Histórico en el Caribe y también quien le puso la tarea de buscar recursos para su campaña presidencial. Que solicitara dinero a antiguos narcos, a corruptos, a contratistas, tampoco debería sorprenderlo. Petro se lo había pedido, como lo prueba un video público en que conversa de eso con Armando Benedetti. En fin, era inevitable que el episodio de Nicolás tomando plata debajo de la mesa recordara el de Petro recibiéndola en bolsas. Hijo de tigre…
Con su hermano no es distinto. Desde inicios de año, la prensa ha informado que varios mafiosos sostienen que personas cercanas al gobierno piden sumas millonarias para incluirlos entre los beneficiarios de las decisiones gubernamentales tomadas con el pretexto de “la paz total”. Juan Fernando Petro estuvo desde el principio entre los señalados. No son meros decires. Hay audios en manos de autoridades norteamericanas. De hecho, el 23 de enero, la Fiscalía abrió investigación de oficio contra el colactáneo presidencial. De manera que su solicitud al ente acusador de que investigara a su hermano no solo era extemporánea sino inútil. Ya la Fiscalía estaba en la tarea y Petro lo sabía.
Para rematar, es inevitable ligar los señalamientos contra el hermano de Petro con lo ocurrido en campaña, cuando se supo que Piedad Córdoba, Danilo Rueda y Juan Fernando Petro visitaron a mafiosos, parapolíticos y corruptos en varias cárceles. En una entrevista con Juan Pablo Calvás, Petro dijo que las reuniones de su hermano se daban en el marco de lo que denominó «el perdón social”. Desde entonces se especuló sobre si ese “perdón” se daría a cambio de apoyos electorales. El “pacto de la Picota”. Además de las declaraciones públicas de los jefes de varios de los grupos criminales a favor de Petro, las cifras muestran que ese apoyo se tradujo en votaciones ampliamente mayoritarias para él y el Pacto Histórico en las áreas de más control e influencia de esos bandidos. Además, un amplísimo abanico de decisiones gubernamentales benefician a los narcotraficantes y sus bandas. Es legítimo preguntar si todo es parte de un acuerdo, incluido el nombramiento como alto comisionado de Rueda, uno de los asiduos visitantes de cárceles durante la campaña.
Aunque dudo mucho de que se atrevan, por mucho menos armó la Suprema el proceso de la parapolítica. Ahora, más allá de lo que ocurra con los procesos judiciales, es indudable que quedó hecha añicos la credibilidad del discurso del cambio y la lucha contra la corrupción de Petro y la izquierda. Y que el derrumbe de ese relato lo debilita y le restará gobernabilidad en lo que resta de su mandato.
