Por Rafael Nieto Loaiza
La descomposición económica del país, reflejada en niveles históricos de deuda y déficit fiscal, está enmascarada por la revaluación del peso que, por cierto, no se debe en nada a la gestión del gobierno, excepto en lo malo. El peso está más por el debilitamiento global del dólar y su erosión como moneda refugio, pero también por el aumento sustantivo de las remesas y tres bonanzas simultáneas, la del café, el oro y la cocaína. Si para el 2024 las remesas alcanzaron los USD 11.848 millones, para 31 de diciembre de este año estarán por los USD 13.000 millones. El café combina los mejores precios en cincuenta años y la producción más alta desde 1992, 14.8 millones de sacos. El oro superó los USD 4.500 la onza y la producción nacional sigue creciendo, aunque el 75% sea ilegal. La extraordinaria producción de cocaína, en cambio, se debe a Petro. Sus políticas no ha hecho cosa distinta que favorecer a los narcos. Aunque el gobierno logró impedir que el SIMCI publicara los resultados de su medición del 2024, todo muestra que la producción de cocaína estuvo alrededor de las tres mil toneladas.
Jamás en nuestra historia habíamos tenido una confluencia de precios y producción de materias primas, legales e ilegales, como la de este año. Sumadas las remesas, estamos inundados de dólares. Además, la revaluación del peso permite importaciones mucho más baratas. Agréguese el fenómeno del neijuan, una combinación de factores que, en la búsqueda de las compañías de preservar participación de mercado, ha traído la caída de precio de los productos chinos. Esa coyuntura de más dólares y más baratos y de precios menores de los productos importados ha permitido un mayor consumo de los hogares que, en lo sustantivo, explica el crecimiento proyectado de 2,6% de la economía para 2025 después de dos años de anemia.
Pero detrás de la coyuntura la situación es insostenible. Aunque los presupuestos con que ha contado son los más altos de la historia y saltaron de $350,4 billones en 2022 a $546,9 billones el próximo año, un 56% más, nada le alcanza a Petro. Para rematar, la tributaria de su primer año espantó a muchos. Según la DIAN, el 28% de los más ricos se fueron del país para no pagar las excesivas tarifas de esa reforma. Además, contrario a lo que predicaban, la reforma tributaria exacerbó la desigualdad: la participación en el recaudo de impuestos al patrimonio de los más ricos cayó cerca de un 10% y el recaudo total, que aumentó inicialmente, está disminuyendo. En oposición al discurso de la izquierda, los datos muestran lo que algunos sostenemos: los impuestos excesivos espantan los capitales y le hacen mucho daño a la economía.
Una mirada comparada, además, muestra que tasas de tributación moderadas atraen inversionistas nacionales y extranjeros, aumentan el crecimiento y contribuyen decisivamente a disminuir la pobreza. Dos ejemplos son Irlanda, donde el impuesto de sociedades se sitúa en el 12,5% y es apenas del 6,25% para las empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo, y Estonia, donde la tasa general es del 22% pero las pequeñas empresas no pagan impuestos sobre los ingresos anuales y los beneficios reinvertidos.
Todo lo contrario a lo que Petro ha hecho. La tasa de renta de Colombia es la cuarta más alta del mundo y la más alta de América Latina y de la OCDE. Unos impuestos que invitan a cambiar de residencia fiscal a los que pueden, como muestran las cifras de ricos que se han ido, y a evadir a los que se quedan. Unos impuestos que empobrecen y que, además, no mejoran la desigualdad. Unos impuestos que esquilman a quienes tributan que, en todo caso, son pocos. Unos impuestos que, de aplicarse como pretende Petro, en 20 años se comerían todo el patrimonio de los declarantes. Un atraco legal, literalmente.
Y que no alcanzan porque el gobierno derrocha, gasta muy mal lo recaudado, casi todo en funcionamiento y poquísimo en inversión, y roba sin parar. Así no habrá plata que sea suficiente jamás, por mucho que cada dieciocho meses nos claven otra tributaria por ley o tramposamente como se pretende ahora con la emergencia económica.
Declaración que la Constitucional debería haber suspendido. La Corte en general merece aplauso. Con esta decisión, solo reproche. La Constitución no tiene vacaciones, la inconstitucionalidad de la emergencia es incuestionable, la trampa del gobierno es evidente y monumental es el daño a la economía y a la transparencia en las elecciones.
Feliz año para todos los lectores y sus familias. Y que el 2026 nos permita un nuevo gobierno y un cambio de verdad para devolverle la esperanza a los colombianos y reconstruir el país.
