Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
La corrupción es un fenómeno que origina pobreza, constriñe el desarrollo y espanta la inversión. Y es el panorama que el gobierno Petro, el del cambio, nos presenta cotidianamente.
La corrupción enriquece a funcionarios deshonestos y afecta el futuro de las nuevas generaciones.
El desenfreno por hacerse a los dineros públicos, fruto de los impuestos, para desviarlos a acciones reprochables desde todo punto de vista priva al pueblo de recursos vitales y causa desconfianza en el gobierno y en la institucionalidad.
Se quebrantan las leyes y la democracia.
Desde la campaña presidencial de Petro tenemos conocimiento de conductas reprochables. Cabe recordar lo dicho por Guanumen , estratega del Pacto Histórico : «La línea ética pues se va a correr un poco”. A la luz de acontecimientos posteriores, se quedó corto.
En uno de tantos casos de corrupción se encuentra envuelta Sandra Ortiz, ex Consejera Presidencial para las Regiones, quien luego de eludir durante varios días una cita con la justicia finalmente debió cumplirla y enfrentar la decisión judicial de ir a prisión, específicamente al Buen Pastor. No obstante, la juez 3 de Garantías reconsideró la decisión inicial y la remitió a una guarnición militar.
Ante la falta de eficacia y rapidez de la justicia esta decisión marca un hito significativo en la lucha contra la corrupción. Ortiz ha sido imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en relación con un esquema de desvío de fondos en la UNGRD. El asunto involucra la malversación de más de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de camiones cisternas para comunidades en La Guajira, uno de los departamentos con más carencias.
Y por ese camino se ha revelado una red de corrupción que alcanza a altos funcionarios del ejecutivo y a congresistas. Las investigaciones señalan que los recursos desviados fueron utilizados para sobornar a políticos de alto nivel con el objetivo de asegurar su respaldo a diversas reformas impulsadas por el gobierno en el Congreso.
Desde luego esas reformas, fruto de un presunto cohecho, una vez se pruebe debidamente el delito, deben desaparecer del ordenamiento normativo del Estado, dada su ilegitimidad.
La detención de Ortiz envía, entonces, un contundente mensaje sobre la determinación de las autoridades judiciales para enfrentar la corrupción sin que importe el rango de los implicados.
La fiscal del caso sustentó ante la juez de garantías la necesidad de la detención: «Lo anterior evidencia que la imputada eliminó y destruyó apartes relevantes de la conversación que permitían demostrar la exteriorización del comportamiento delictivo de ella. Este es un presupuesto que nos lleva a concluir que es altamente probable que la imputada pueda seguir destruyendo medios de conocimiento que acrediten las conductas y la participación de terceras personas en los hechos.»
Los laboratorios forenses en que se apoya la fiscalía deben recuperar los mensajes borrados del celular de la investigada. El hecho de borrar conversaciones con Sneyder Pinilla sería indicio de la entrega de sobornos.
No quede duda que ese tipo de decisiones restituyen la confianza en la justicia y la convierten en punto de partida para la reconstrucción de la sociedad. Por razones obvias la población colombiana está harta de tanta corrupción y exige mayor transparencia y rendición de cuentas.
Este monumental caso de corrupción pone en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y la supervisión en las entidades estatales como prevención y para garantizar la utilización pulcra de los recursos públicos.
Vendrán más actuaciones tras la detención completamente justificada de Sandra Ortiz. Se llevarán a cabo nuevas investigaciones y posibles imputaciones a funcionarios y políticos, lo que ampliará las repercusiones de este caso.
En la audiencia de imputación a Ortiz se ventiló el rol que desempeñó Carlos Ramón González Merchán, de quien hoy no se conoce su paradero, personaje que inició su vida pública como líder estudiantil y posteriormente se unió al M-19 con el alias de «Mario Santander». Fue escolta de Jaime Bateman Cayón. En mayo de 2023 Petro lo nombró director del Dapre. Y en 2024 su nombre fue involucrado a este escándalo. Según investigaciones de la Fiscalía habría ordenado direccionar contratos millonarios para beneficiar a políticos como Iván Name y Andrés Calle.
A raíz de estas acusaciones presentó su renuncia al cargo y esta fue aceptada en el mes de agosto de dicho año. Desde entonces no se han reportado nuevas actividades públicas de González. Su implicación en el escándalo de la UNGRD ha generado debate en la política colombiana afectando tanto al gobierno Petro como a su partido Alianza Verde.
Es probable que haya salido del país y esperamos que no se le haya silenciado.
En definitiva la detención de Sandra Ortiz representa un avance en la lucha contra la corrupción pero también plantea desafíos al sistema político y al administrativo. Es esencial que las autoridades continúen investigando y adopten las medidas necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión pública, juzgando a todos aquéllos que se han visto involucrados en escándalos de corrupción sin atender a su filiación política o económica o de cualquier otra clase, para que, como lo expresara Horacio “La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”.
Pildorita : Informamos a nuestros lectores que la columna dejará de aparecer durante las fiestas decembrinas y regresará el próximo 11 de enero. Para todos muy feliz navidad y un próspero año nuevo.
