Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
El sentimiento de justicia es interior y se exterioriza a través de los comentarios que las personas, en uso de su derecho a la libre expresión, utilizan para compartir las impresiones que les causan, entre otras, las sentencias judiciales.
Desde tiempo atrás se ha reconocido que la independencia y autonomía de los jueces no se afecta por las acotaciones que pueda realizar el público, por el contrario, como lo expusiera el Dr. Rodrigo Uprimny Yepes “la mejor garantía a la independencia judicial es que sus decisiones estén sometidas a un intenso escrutinio público por cuanto la independencia no es un privilegio sino una garantía para que los jueces puedan decidir conforme a derecho, sin presiones indebidas de otros poderes públicos y privados.”
Los razonamientos precedentes tienen que ver con el reciente comunicado 71-2025 de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 31 de julio. Aunque lo suscriben los más altos jueces del país y busca la defensa legítima de la independencia judicial, contiene afirmaciones que, vistas desde el lente de la libertad de expresión, resultan inquietantes y problemáticas.
Dice la CSJ en algunos de los apartes del corto comunicado: “… Hoy, dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.
“Ese tipo de afirmaciones no solo erosionan la credibilidad y la confianza pública en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos….”
Es comprensible y necesario que la Corte rechace las amenazas, las presiones indebidas y los ataques personales contra jueces. En un país como Colombia, donde la violencia ha tocado incluso los estrados judiciales, es fundamental proteger la integridad de quienes administran justicia.
El problema surge cuando el comunicado introduce un matiz que puede ser malinterpretado —o peor aún, mal utilizado—: se dice que las críticas públicas a las decisiones judiciales “erosionan la credibilidad” del sistema y “ponen en riesgo la vida e integridad” de los jueces. Además, se afirma que los desacuerdos deben expresarse “en el marco del debido proceso”. ¿Qué significa esto en términos reales? ¿Que la ciudadanía, los medios y los líderes de opinión no pueden cuestionar decisiones judiciales fuera de un expediente formal? ¿Que el único canal legítimo de disenso es el proceso judicial mismo?
Si así fuera, estaríamos frente a una concepción profundamente restrictiva del debate democrático, que puede tener cierta cercanía a la censura. Una cosa es combatir la injuria, la calumnia o las amenazas, y otra muy distinta es acotar el derecho de opinar, disentir o incluso indignarse frente a fallos judiciales que parecen contradictorios, tardíos o abiertamente errados. El disenso no es una amenaza para la justicia; es parte esencial de su control social.
Más inquietante aún es el silencio del comunicado respecto a los ataques que provienen del poder Ejecutivo. En los últimos meses, hemos visto al presidente Gustavo Petro y a su círculo más cercano lanzar duras críticas contra jueces, fiscales y cortes. Ha hablado de “golpes blandos”, de “dictadura judicial” y de supuestas conspiraciones. ¿Está la Corte incluyendo estas declaraciones bajo la categoría genérica de “sociedad en general”? O, en aras de la prudencia institucional, ha decidido no citarlas? Si la Corte se refiere a las agresiones verbales del oficialismo, bien haría en decirlo con claridad. Y si no se refiere a ellas, el mensaje resulta incompleto y, por lo tanto, injusto. Porque no se puede pedir ponderación a los ciudadanos comunes mientras se guarda silencio frente al discurso incendiario, en muchas ocasiones lleno de odio, del jefe de Estado.
En una democracia madura, el respeto a la justicia no se impone desde los estrados, sino que se gana con transparencia, con sentencias bien motivadas ajustadas a la ley y con disposición al escrutinio público. Pretender que toda crítica erosiona la institucionalidad es confundir el desacuerdo con el sabotaje.
La Corte está en su derecho de pedir respeto. Pero debe tener presente que ese respeto también se construye escuchando, tolerando el disenso y recordando que los jueces —como todos los servidores públicos— también están sujetos a la crítica.
Cuando un amplio sector de la población manifiesta su inconformidad con una decisión judicial porque observa que abiertamente se aparta no sólo de la ley, sino de la Constitución y de variados tratados internacionales, el “error” no está en la opinión que justificadamente así lo señala, que siente que ese fallo no es justo, sino en quien debiendo convencer a su sociedad, mediante la argumentación que reclaman las decisiones judiciales, no logra hacerlo, no se legitima.
Las demoras judiciales, muchas de ellas bastante injustificadas, las decisiones amañadas que se han comprobado e incluso las actuaciones delictivas del cartel de la toga, no se hubiesen conocido de no haber sido por el escrutinio riguroso a los operadores de la justicia.
Un sistema judicial solo obtiene su reconocimiento cuando funciona correctamente, ofrece un foro para que las resoluciones judiciales se emitan con apego a la ley, libres de cualquier sesgo, de apreciaciones subjetivas, porque únicamente así podrán persuadir a la población de su legalidad, justicia y razonabilidad evitando comentarios que le resten credibilidad. De no ser así, dan cabida al reproche por no ser una decisión judicial justificada.
Pildorita: El cierre definitivo de HJCK no es solo el final de una emisora. Es una pérdida cultural irreparable para Colombia. La HJCK fue fundada el 15 de septiembre de 1950 por los visionarios: Eduardo Caballero Calderón, Hernando y Alfonso Martínez Rueda, Alfonso Peñaranda, Gonzalo Rueda Caro y Álvaro Castaño Castillo.
HJCK fue mucho más que una frecuencia radial: fue una trinchera de la cultura, un refugio para la palabra y la música, un espacio donde la inteligencia y la sensibilidad no eran marginales, sino protagonistas.
