Por Eduardo Padilla Hernández
Profesor universitario
Un país no se frena solo por corruptos. Se frena también por envidiosos con puesto. Y de esos hay legiones en el Estado.
La envidia en el sector público no grita. Susurra en comités. Se disfraza de “rigor técnico” cuando dice “hay que revisar muy bien ese proceso” para engavetar la idea del colega que se atrevió a proponer. Se viste de “tradición” cuando sentencia “eso nunca se ha hecho aquí” para castigar al que quiere cambiar algo.
El resultado es el mismo: el que sobresale, paga.
¿Por qué pasa tanto en lo público? Porque todo es comparable. Todos saben cuánto gana el de al lado, quién viajó a la comisión, a quién felicitó el ministro. Y porque muchos creen que el poder es una torta pequeña: si tú subes, yo bajo. Helmut Schoeck lo advirtió hace 60 años: las sociedades que ven el éxito ajeno como amenaza, progresan menos. Se dedican a serruchar.
El problema es que en el Estado el serrucho tiene firma. Tiene el sello que niega la licencia viable porque “ese empresario ya tiene mucha plata”. Tiene el correo que pide “un concepto más” hasta que el proyecto se vence. Tiene la estabilidad laboral que protege al mediocre y expone al brillante.
Así perdemos dos veces. Primero, se va el talento. La razón número dos por la que los jóvenes capaces renuncian al Estado no es el sueldo: es la cultura de bloqueo. Segundo, reina la mediocridad. Si destacar te vuelve blanco, nadie levanta la mano. Se impone el manual de “mejor no hacer para no equivocarse”.
No confundamos esto con control. El control es sano. Si el proyecto es malo, túmbelo con argumentos. Si es bueno, apóyelo aunque el aplauso se lo lleve otro. La diferencia entre veeduría y envidia está en la intención: una cuida lo público, la otra quiere que el otro caiga.
Existe la envidia benigna: ver al colega que ascendió y preguntar “¿qué hizo que yo pueda aprender?”. Esa construye. La que nos tiene jodidos es la maliciosa: la que siente placer cuando al otro le va mal. La neurociencia mostró que ese placer es real. Por eso hay mesas directivas que brindan en silencio cuando el proyecto del “brillante” se hunde.
La Constitución dice que la función pública es para el interés general. Cada vez que un funcionario bloquea por envidia, viola el juramento que hizo al posesionarse. No necesita robarse un peso para hacerle daño al país. Le basta con firmar para que nada pase.
El legado de un servidor público no es su cargo ni su pensión. Es si usó su firma para construir o para que nadie más construyera.
Colombia no aguanta más funcionarios chiquitos. Si le duele el éxito ajeno, tiene dos caminos: ser el lastre o ser el trampolín. Solo uno le sirve al país.
