Por: Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
Oportuno es recordar algunas de las promesas que en su momento formuló el actual presidente, una de ellas y en la cual enfatizó en su discurso de posesión “ni familia ni amigos ni compañeros ni colaboradores, nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”; otra, “La despolitización del servicio exterior y el fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular son dos pilares complementarios de cualquier estrategia para dinamizar el papel de Colombia en el mundo. Al tiempo que el uso clientelista de cargos diplomáticos y consulares para pagar favores políticos ha tenido un impacto nefasto en la política exterior y el detrimento patrimonial, una proyección internacional audaz y efectiva no se logra sin un cuerpo profesional y especializado en múltiples áreas del quehacer mundial, que se forma en el servicio público dentro de un sistema de carrera al que se ingresa por concurso de méritos”, y una más, eliminar los gastos suntuarios o superfluos en pro de la austeridad.
Compromisos que, como emerge de la designación de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Roma, resultan todos incumplidos.
Baste ver que desde 1999 el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la administración de Andrés Pastrana, cerró la Embajada de la FAO y sus funciones se desempeñaban desde la embajada colombiana en Italia. Ahora, sin que se conozca razón que realmente justifique su reapertura, salvo quizás oscura necesidad, se dispuso abrirla. Sólo por el tema económico, sin sede ni embajador titular, le costaba a Colombia dos millones de euros anuales. Por supuesto, entonces, los gastos se elevaran en detrimento de la población colombiana.
Y cuando se conoce que quien vaya a fungir como su representante es Armando Benedetti, hecho que se comprobó el pasado 2 de febrero cuando en la página de la presidencia se cargó su hoja de vida como postulante al cargo de embajador ante la FAO, surgieron numerosos interrogantes e inquietudes. Nombrar a quien recibió desobligantes calificativos por parte del Ministro de Relaciones Exteriores cuando se conocieron controversiales audios relacionados con un ingreso de $15.000 millones a la campaña, no declarados en las cuentas, es por completo un despropósito, a menos que se quisiera callarle y tenerle lejos de Colombia. Al fin y al cabo era o es uno de los hombres de confianza de Petro.
Dicha postulación hace “sospechar” que hay evidentemente una preparación calculada para permitirle llegar a un organismo por completo técnico del que poca noción tiene, pero que le permite escabullirse, si se quiere, de su responsabilidad en las investigaciones que se le siguen en la Corte Suprema de Justicia y en las llamadas a declarar por la violación de los topes en el proceso que cursa en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y en el Consejo Nacional Electoral.
Quizás, por ello, la celeridad quedó más que evidente cuando el pasado 6 de febrero el gobierno nacional, con claros visos de ilegalidad al ser suscrito por un Canciller suspendido, expidió el decreto No. 0108 mediante el cual se le nombra como embajador ante la FAO, plaza que fue bien escogida por no requerir de beneplácito.
No se conoce una posesión tan veloz. Aún sin publicarse, el cuestionado personaje se desplazó a Roma y en escasas 48 horas después toma posesión ante la embajadora en Italia.
En sana lógica a ninguna persona en sus cinco sentidos le puede caber en la cabeza que se designe como embajador a quien tiene serios reparos y en medio de una descontrolada ira, otros dirán borracho, denunció que gracias a su gestión se consiguió un positivo resultado en la pasada campaña presidencial por la consecución de 15.000 millones que permitieron la victoria en la costa atlántica y en el Chocó. Esa declaración que debía ser expresada ante la justicia, ya en circunstancias de normalidad, hizo saber que se acogería al derecho de guardar silencio, era más que suficiente para no tener en cuenta su nombre. Pero váyase a saber que secretos posee el nuevo embajador y la pupila que formó en su Utl siendo senador como fue Laura Sarabia.
En el despacho de la doctora Cristina Lombana cursan varias causas contra Benedetti. Por muerte de la senadora Piedad Córdoba no se consiguió que fuera juzgada y extraditada a los Estados Unidos. Su muerte termina los procesos. Ahora con esta “fuga” reprochable y un nombramiento ilegal de Benedetti como embajador ante la FAO, los procesos van a parar a la justicia ordinaria.
El proceso más significativo es el que enfrentaba el exsenador Benedetti de un posible enriquecimiento ilícito por 2.919 millones de pesos, que la defensa del encartado se limitó a recusarla. Tenía otros por diferencias patrimoniales sin justificar en el cual rindió indagatoria, pues se rige por la Ley 600 y aún no se ha resuelto su situación jurídica. La defensa cuestionó la actuación de la Corte y dejó saber que esos hechos acontecieron siendo congresista. El otro proceso era sobre lavado de activos y finalmente uno que tenía que ver con Centros Poblados por las irregularidades en el proceso de licitación de puntos digitales.
No obstante el favorecimiento que el gobierno Petro le dispensa, el cínico Benedetti señaló que esta embajada “no es lo que hubiera querido, pero es lo mejor”, por supuesto que es lo mejor pues de caerse el nombramiento, como es más que probable acontezca ante su ilegalidad manifiesta, Italia le dará protección.
El muy cuestionado funcionario esperemos no se salga con la suya pero todo apunta que sí lo conseguirá. Mientras desempeñe esa función consular los procesos por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia seguirán en la fiscalía muy lejos de la CSJ y de la magistrada Cristina Lombana.
Pildorita. Rechazo por completo los graves hechos protagonizados en las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia, a través de los cuales pretendieron presionar a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que eligiera Fiscal General de la Nación que hicieron recordar aquellos aciagos 6 y 7 de noviembre de 1985. La Justicia representada en las Altas Cortes, sus autorizados voceros, los funcionarios merecen el más absoluto respeto. La sociedad civil firmemente unidos tenemos la obligación irrenunciable de rodearles, exigir y velar por su protección.
