Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Desde hace varios meses se oían voces solicitando la renuncia del Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a causa de diferentes sucesos en los que se involucró y también por los resultados de su cartera. Esta semana se produjo un nuevo escándalo de corrupción por motivo de anónimos que llegaron a ese ministerio y que el ministro remitió a la Fiscalía. Allí se menciona a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y a Nicolás Alcocer, entre otros. Se trata de injerencias indebidas en contratos de la Hidroeléctrica Urrá S. A. Posteriormente, Gustavo Petro solicitó la renuncia del ministro.
La Hidroeléctrica manifestó: “Informamos que la empresa no ha tenido ningún tipo de presión en la adjudicación de contratos, ni en la venta de energía. La investigación sobre venta de energía realizada por la Contraloría General de la República concluyó que las ventas de energía en contratos a agentes del mercado están acorde a los mecanismos y precios del mercado”.
Así, el país se enteró de que altos funcionarios y personas muy cercanas al presidente podrían estar implicadas en presuntas irregularidades en contratos públicos, lo que una vez más ha suscitado debates acerca de la transparencia y la ética que deben estar siempre presentes en la administración pública.
Resultan llamativos los términos de la renuncia de Bonilla. Se infiere de ella la presunta existencia de delitos, solo que no fue en beneficio propio. Se puede, entonces, pensar que fuese en beneficio de terceros. Y no es difícil encontrar quiénes pueden ser esos terceros.
Dice así, en uno de sus apartes:
“Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, ni cometí delito alguno en provecho personal.”
Al solicitar esta dimisión Petro afirmó que no creía en la culpabilidad de Bonilla pero que era necesaria su renuncia para evitar que lo despedazaran por su lealtad a los programas del gobierno. En su reemplazo fue nombrado el viceministro Nicolás Guevara.
Como consecuencia se debilita la cohesión del gobierno y se afecta la agenda de reformas. En especial la discusión de la ley de financiamiento o segunda reforma tributaria que, para el bienestar de la mayoría de los colombianos, sería laudable que no pasara en el Congreso.
Por supuesto, las impudicias que cotidianamente salpican al gobierno y la vinculación de altos funcionarios a las mismas erosiona la confianza de los ciudadanos, siembra dudas e incertidumbres sobre la política gubernamental y el futuro económico del país. Resulta necesario que Petro asuma el liderazgo como presidente y despeje las inquietudes en búsqueda del equilibrio institucional.
Y una primera actitud positiva de Petro sería dejar de evadirse mediante sus frecuentes e innecesarios viajes al exterior. En el tiempo que lleva de gobierno, dos años largos, ha completado 51 viajes internacionales. Es un récord. Y ha contaminado mucho la atmósfera con el combustible fósil que usan las aeronaves en las que se desplaza.
Otra decisión preocupante es la escogencia del nuevo ministro. José Antonio Ocampo, el primer ministro de Hacienda, goza de gran credibilidad a nivel internacional. Bonilla, quien llegó a reemplazarlo, es conocido a nivel nacional. Ahora, el recién nombrado es un desconocido, lo cual genera recelos acerca de la estabilidad fiscal del país en un momento en el cual se están buscando nuevos impuestos para financiar el presupuesto del 2025, el que será fijado por decreto y por el momento aún no se conoce.
Si bien los banqueros, por alguna extraña razón, le han dado una buena acogida al recién nombrado, lo cierto es que su hoja de vida no le califica propiamente para esa delicada tarea, pues su experiencia es más en el campo de la ingeniería mecatrónica, con una maestría en ciencias económicas.
Ya veremos su desenvolvimiento en medio del caos en que está hoy la nación, especialmente en materia económica, cada vez más cerca del default o recesión. Una de las mayores preocupaciones del ciudadano común es la volatilidad de los mercados financieros que afecta el tipo de cambio y las tasas de interés entre otras variables. Y también la canasta familiar terminará afectada negativamente.
El nuevo ministro afrontará el reto de las reformas propuestas. El Congreso sesionará hasta el 16 de diciembre. Reanudará labores en febrero de 2025 en un entorno de escrutinio y resistencias políticas y sociales.
Seguramente van a proseguir las investigaciones en curso. La Corte Suprema de Justicia se hará cargo de los casos de congresistas comprometidos en los diferentes escándalos por corrupción. La profundización de las averiguaciones del caso de la UNGRD puede conducir a más funcionarios implicados y generar nuevas crisis en el gobierno afectando su estabilidad y capacidad de gestión.
En resumen, la transición en el Ministerio de Hacienda ocurre en un momento crítico para Colombia, con implicaciones significativas en la esfera política y económica. La capacidad del nuevo ministro para manejar estos desafíos será clave para el futuro inmediato del país. Confiemos en que supere la pésima gestión de Ricardo Bonilla, causante en gran parte del desorden fiscal que nos aqueja y que tiene al país al borde de la ruptura de la regla fiscal que, es aquella que permite consolidar la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Pildorita: Feliz día de velitas y bienvenida la Navidad.
