Por Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Durante los 13 meses que lleva al frente del gobierno el Presidente Gustavo Petro ha hecho varios llamamientos a movilizaciones y marchas. En uno de los primeros discursos como presidente no fue posible saber cual era el objetivo de que, como pedía, salieran «ríos de gente» a llenar las calles y plazas de todo el país. En otra ocasión el llamado fue para las enfermeras. Quería que salieran a las calles frente a los hospitales para discutir la proyectada reforma a la salud. En su primer «balconazo» desde la Casa de Nariño también pidió una movilización. Y hubo varias ocasiones más, la más reciente fue la alocución desde los Montes de María que después se transmitiría por TV. Allí la movilización invocada por el presidente fue la de las negritudes.
Los motivos nunca quedan demasiado claros. En el caso de los «ríos de gente» en las calles y plazas no hay ni la menor mención de esto y no se dice qué deberán hacer esos «ríos». Tampoco explica la metodología que deberían usar las enfermeras para discutir la reforma en las calles. En reciente discurso el presidente llegó al extremo de invocar el Bogotazo, diciendo que las gentes, los jóvenes, los campesinos sabrían qué hacer, aunque él ya no estuviese en este mundo.
Sobran los comentarios entre otras cosas porque el Bogotazo ocurrió en el año 1948. Y este es un país que tiende a la mala memoria los jóvenes en particular poco saben de la historia.
Por otra parte, no resulta comprensible que, desde el gobierno, se pida formular observaciones a un proyecto de ley que entre otras cosas invita a los campesinos a movilizarse en procura de una reforma agraria.
Los asesores del gobierno no deberían ignorar que, desde que existe la carrera de Derecho, las facultades reglamentarias solo operan cuando existe la norma que se pretende reglamentar. Ese es el alcance del artículo 189 numeral 11 de la Constitución que contempla la potestad reglamentaria, a través de la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
Entonces si no se tiene una ley que contemple la reforma agraria, como se pretende ahora expedir un decreto que carece del marco normativo que se dice reglamentar. Nadie la conoce, no se sabe en que norma está. Ya la propia Procuraduría General de la nación deja conocer la gran preocupación que tiene y reitera que “es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo…”
Este decreto pésimamente redactado, habla de Comités municipales para la reforma agraria y defiende la reforma agraria pero no aparece la reforma agraria.
Se habla de acceder a la tierra y resulta que hasta ahora, ya cumplido un año de gobierno, se dio comienzo a la compra de las tierras (3 millones de hectáreas) que la ministra Mojica redujo a 1millón y medio. Pero la realidad es que escasamente han adquirido 32.000 hectáreas, aclarándose que esa compra y cualquier otra en si misma, no es ni será una reforma agraria.
Y si ya las compraron, si las tienen, qué sentido tendría una movilización para tener acceso a ellas. Porque es el gobierno quien asumió la obligación de adquirirlas, como lo expresó y quedó registrado.
En la más reciente invitación conocida esta semana el gobierno publica el denominado Plan de Trabajo para la Movilización Nacional Campesina en apoyo a la reforma Agraria se indica que su objetivo general será “lograr la movilización del campesinado en favor de las reformas del gobierno, en particular de la Reforma Agraria, posibilitando sus niveles de articulación y organización, tanto a nivel regional como nacional.”
Son sus objetivos específicos realizar en el presente mes de septiembre, 24 Asambleas Campesinas y Populares, preparatorias de la movilización nacional del campesinado que será el 27 de septiembre de 2023, para lo cual tendrán concentraciones en seis ciudades del país.
En la mente confusa del mandatario pareciera que desea hacer la reforma agraria que Alfonso López Pumarejo pretendió en los años de 1936 realizar. Soñar con ejecuciones del pasado, emular a López Pumarejo, Jorge Eliecer Gaitán e incluso a Álvaro Gómez es no estar en sintonía con los tiempos modernos. El tiempo pasa y las circunstancias cambian. Ya no estamos para reforma de López Pumarejo ni menos para bogotazos. Este «señor» está fuera del tiempo, sus discursos son anacrónicos, en todos ellos se distingue el llamado a la división y a inocular odio. Que peligro y riesgo al que expone al país con movilizaciones campesinas.
Estos cuestionados llamados a movilizaciones presentan graves peligros de confrontación entre ciudadanos. También de invasiones de tierras. Pero lo peor es el desconocimiento que se hace del papel que corresponde al Congreso de la República, que es la institución a la que corresponde hacer la reforma agraria.
Bogotá, septiembre 9 de 2023
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
Movilizaciones y Reforma Agraria
Durante los 13 meses que lleva al frente del gobierno el presidente Petro ha hecho varios llamamientos a movilizaciones y marchas. En uno de los primeros discursos como presidente no fue posible saber cual era el objetivo de que, como pedía, salieran «ríos de gente» a llenar las calles y plazas de todo el país. En otra ocasión el llamado fue para las enfermeras. Quería que salieran a las calles frente a los hospitales para discutir la proyectada reforma a la salud. En su primer «balconazo» desde la Casa de Nariño también pidió una movilización. Y hubo varias ocasiones más, la más reciente fue la alocución desde los Montes de María que después se transmitiría por TV. Allí la movilización invocada por el presidente fue la de las negritudes.
Los motivos nunca quedan demasiado claros. En el caso de los «ríos de gente» en las calles y plazas no hay ni la menor mención de esto y no se dice qué deberán hacer esos «ríos». Tampoco explica la metodología que deberían usar las enfermeras para discutir la reforma en las calles. En reciente discurso el presidente llegó al extremo de invocar el Bogotazo, diciendo que las gentes, los jóvenes, los campesinos sabrían qué hacer, aunque él ya no estuviese en este mundo.
Sobran los comentarios entre otras cosas porque el Bogotazo ocurrió en el año 1948. Y este es un país que tiende a la mala memoria los jóvenes en particular poco saben de la historia.
Por otra parte, no resulta comprensible que, desde el gobierno, se pida formular observaciones a un proyecto de ley que entre otras cosas invita a los campesinos a movilizarse en procura de una reforma agraria.
Los asesores del gobierno no deberían ignorar que, desde que existe la carrera de Derecho, las facultades reglamentarias solo operan cuando existe la norma que se pretende reglamentar. Ese es el alcance del artículo 189 numeral 11 de la Constitución que contempla la potestad reglamentaria, a través de la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
Entonces si no se tiene una ley que contemple la reforma agraria, como se pretende ahora expedir un decreto que carece del marco normativo que se dice reglamentar. Nadie la conoce, no se sabe en que norma está. Ya la propia Procuraduría General de la nación deja conocer la gran preocupación que tiene y reitera que “es alarmante la expedición de un decreto que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo…”
Este decreto pésimamente redactado, habla de Comités municipales para la reforma agraria y defiende la reforma agraria pero no aparece la reforma agraria.
Se habla de acceder a la tierra y resulta que hasta ahora, ya cumplido un año de gobierno, se dio comienzo a la compra de las tierras (3 millones de hectáreas) que la ministra Mojica redujo a 1millón y medio. Pero la realidad es que escasamente han adquirido 32.000 hectáreas, aclarándose que esa compra y cualquier otra en si misma, no es ni será una reforma agraria.
Y si ya las compraron, si las tienen, qué sentido tendría una movilización para tener acceso a ellas. Porque es el gobierno quien asumió la obligación de adquirirlas, como lo expresó y quedó registrado.
En la más reciente invitación conocida esta semana el gobierno publica el denominado Plan de Trabajo para la Movilización Nacional Campesina en apoyo a la reforma Agraria se indica que su objetivo general será “lograr la movilización del campesinado en favor de las reformas del gobierno, en particular de la Reforma Agraria, posibilitando sus niveles de articulación y organización, tanto a nivel regional como nacional.”
Son sus objetivos específicos realizar en el presente mes de septiembre, 24 Asambleas Campesinas y Populares, preparatorias de la movilización nacional del campesinado que será el 27 de septiembre de 2023, para lo cual tendrán concentraciones en seis ciudades del país.
En la mente confusa del mandatario pareciera que desea hacer la reforma agraria que Alfonso López Pumarejo pretendió en los años de 1936 realizar. Soñar con ejecuciones del pasado, emular a López Pumarejo, Jorge Eliecer Gaitán e incluso a Álvaro Gómez es no estar en sintonía con los tiempos modernos. El tiempo pasa y las circunstancias cambian. Ya no estamos para reforma de López Pumarejo ni menos para bogotazos. Este «señor» está fuera del tiempo, sus discursos son anacrónicos, en todos ellos se distingue el llamado a la división y a inocular odio. Que peligro y riesgo al que expone al país con movilizaciones campesinas.
Estos cuestionados llamados a movilizaciones presentan graves peligros de confrontación entre ciudadanos. También de invasiones de tierras. Pero lo peor es el desconocimiento que se hace del papel que corresponde al Congreso de la República, que es la institución a la que corresponde hacer la reforma agraria.
Bogotá, septiembre 9 de 2023
