Por: Rafael Rodríguez-Jaraba*
La democracia no es perfecta, es perfectible, y, a pesar de sus debilidades, es la mejor expresión posible de libertad, igualdad y orden. Su vigencia se legitima, con la voluntad y el querer mayoritario de los ciudadanos en favor de un Estado que sea respetuoso de los derechos fundamentales a la crítica, el disenso, la oposición constructiva y civilizada, y la movilización pacífica.
El deber más sagrado de un Estado, es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, debiendo reprimir con fortaleza a las minorías criminales que buscan imponer la anarquía y el caos.
Secuestrar ciudadanos con fines extorsivos y someterlos a torturas y tratos crueles y degradantes no merece perdón alguno. Quienes atentan contra la vida y la libertad, sea cual fuere la causa o motivo, conspiran contra la sociedad y deben ser legalmente reducidos y justamente procesados por autoridad de la ley.
Proteger la democracia es responsabilidad de la sociedad y no solo del Estado, de ahí la necesidad que la nación entera mantenga una postura firme y decidida en defensa de ella.
El ELN ha demostrado hasta la saciedad, su condición de banda narcoterrorista, carente de principios, ideas e ideales. Si alguna vez el ELN tuvo una razón que justificara su mesiánica paranoia, hoy solo cuenta con un botín manchado de sangre inocente y con la condena de una sociedad que lo repudia y aborrece. Con su accionar criminal ha demostrado que tan solo son una banda de delincuentes disfrazados de verde.
Por injusta, cruel y abominable que sea la condición de civiles secuestrados, el Gobierno no puede quebrantar el Estado de Derecho, renunciar a la legalidad, sacrificar la justicia y plegarse a un nuevo chantaje bajo el señuelo de alcanzar una nueva paz.
Se quiera o no admitir, intentar un acuerdo con el ELN, es una nueva celada a la institucionalidad, que no garantiza la consecución de la paz, como tampoco, la vida ni el regreso de los secuestrados, y mucho menos, la abolición de esta práctica abominable. En cambio, sí complace la urgente necesidad que tiene el narcoterrorismo y la delincuencia de oxigenar su accionar y fortalecer su poderío.
Colombia no debe olvidar las masacres de las Farc con cilindros bombas; los pueblos arrasados; los ajusticiamientos públicos; el boleteo extorsivo; los aviones secuestrados; los falsos retenes; las pescas milagrosas; los miles de policías y soldados asesinados o mutilados; los centenares de huérfanos y viudas; los secuestros de La María y del Kilómetro 18; la voladura del edificio de la Policía en Cali; el atentado al Palacio de Justicia de Cali; y, el asesinato de consejeros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Tampoco la nación debe olvidar, el atentado del ELN con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá que dejó 23 muertos, las permanentes voladuras de oleoductos y las decenas de asesinatos que ha perpetrado contra civiles, militares y policías.
No sigamos cediendo terreno al narcotráfico y la violencia. No aceptemos la dictadura del secuestro. No mostremos más indolencia y debilidad. No igualemos la decencia con la delincuencia. Restablezcamos la autoridad sin violentar la ley. Hagamos valer el orden constitucional y la voluntad de las mayorías, y exijamos el regreso incondicional de los secuestrados. No hagamos que la vida de tantos inocentes se haya sacrificado en vano. No juguemos a la amnesia y al chantaje.
La sentida necesidad de alcanzar la paz, no nos debe inducir a la ingenuidad y menos, a renunciar al ideario de principios y valores en que se funda la democracia. Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su consecución no puede servir para violar la ley, premiar criminales y burlar inocentes.
Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras prebendas, constituye una rendición velada del Estado, una claudicación de la ley y un premio a la felonía.
En la Colombia exacerbada de hoy, el único diálogo posible con criminales debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorciones, secuestros y narcotráfico; y, a la inmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos, los que por ser imprescriptibles no son negociables.
Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales, constituye un quebrantamiento de la legalidad y un manifiesto desacato al Estatuto de Roma, tratado universal, de imperativo cumplimiento para Colombia.
Que no se olvide que, el Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional, no admite ni permite, que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido.
Difícil, muy difícil será, que la actual Corte Constitucional, acepte que mediante el espurio Fast Track de nuevo se violente la Constitución Nacional y, se perdone, premie y gratifique el terrorismo y la criminalidad.
A menos que Petro pretenda derogar el Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, podrán los negociadores nombrados por el remedo de gobierno que preside, premiar la villanía, hacer concesiones económicas y conferir status político a los criminales del ELN.
Sería prudente preguntar a los gobiernos de los países garantes y acompañantes en el proceso de sometimiento del Gobierno al ELN, si están de acuerdo en que, se quebrante el Estatuto de Roma y que los delitos de lesa humanidad prescriban. Es predecible que sus respuestas serían inmediatas y negativas, en contraste a como fueron sus precipitadas aceptaciones a cohonestar con un nuevo proceso orientado a premiar el crimen.
Es claro que el margen de maniobra de los negociadores del Gobierno es reducido, lo que permite concluir, que tienen muy poco para negociar y el ELN muchas penas por pagar.
Los hechos y el derecho dan razones; el deseo tan solo ilusiones. Por eso no debemos razonar con el deseo ni alimentar una esperanza antes fallida que, bajo el asedio terrorista, nos hizo soñar con una paz que tan solo entronizó la impunidad, y acrecentó la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico.
Colombia exige una Paz justa y permanente, y su consecución solamente puede partir del sometimiento incondicional de la criminalidad.
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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
