Por: Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
Sabido es que los gobiernos y las agencias de inteligencia de todos los Estados suelen adquirir tecnología enfocada en la prevención del crimen y el terrorismo, iniquidades que se padecen en Colombia y que cada día van en aumento. El perseguir y combatir la criminalidad impone contar con las mejores herramientas para llevar a cabalidad tan delicada misión. De tiempo atrás se conoce que Colombia emplea las plataformas «Esperanza» y «Puma».
El pasado 4 de septiembre, encontrándose el país en medio de una delicada situación por el paro camionero, sorprendió a los colombianos la alocución de Gustavo Petro, en cadena nacional, al dar lectura a un informe de la UIAF según el cual la Dirección de Policía Nacional, Dipol, pagó a mediados del 2021 once millones de dólares en efectivo por un mal llamado software, el que en realidad era un instrumento para realizar distintas labores de interceptación y perfilamiento.
También trajo a colación interceptaciones ilegales a magistrados de las Altas Cortes y se reivindicó como víctima recordando que también lo fue el expresidente Uribe.
El presidente sabía que el documento de la UIAF no podía ser revelado sin autorización de la IMPA de Israel pero, de acuerdo con su acostumbrada manera de violentar las normas, olímpicamente dejó saber que, como era el «presidente de la República, y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición”.
Inmediatamente se planteó la discusión sobre si el presidente debió revelar esa información de gran interés para la seguridad nacional. Las repercusiones no se hicieron esperar. Se produjo una grave consecuencia como es la suspensión temporal de nuestro país del grupo Egmont, organización que reúne a Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante cooperación e intercambio de inteligencia financiera que provee la principal plataforma para el intercambio seguro de este tipo de información. Está conformada por las agencias financieras de 177 países. Esto por supuesto beneficia a los criminales, especialmente a los narcotraficantes que están de plácemes por el aumento de la producción de coca y a los grupos terroristas que se encuentran en diálogos con el gobierno.
Así el tema de Pegasus, adquirido, según se dice, a NSO Group de Israel, y su implementación en Colombia, se convirtió en controversia. Las nuevas noticias sobre transporte de dinero en efectivo, en aviones con tripulaciones específicas, generan interrogantes sobre la autoría de estos movimientos y la responsabilidad respecto de ellos. La investigación está en curso, las versiones institucionales son contradictorias y lo último que se ha dicho lo fue por el Ministro Velásquez quien expresó “(…) se hace evidente que la operación se habría hecho sin dejar registros. Además, de que no hay un rubro de gastos reservados que se hayan destinado para la adquisición del software”, por lo que la Fiscalía desplegara una misión a Israel como parte de la investigación.
No obstante, poco efecto se cree consiga esa delegación cuando ya se encuentran por completo rotas las relaciones con ese país. Por otra parte, la información disponible no permite concluir, como a veces con ligereza se hace que la administración de Iván Duque esté directamente involucrada. NSO Group vende otro tipo de tecnología, además del software Pegasus.
Muchas hipótesis se podrán discutir pero lo particular de esta operación es que se plantee y se estudie la suposición de una posible suplantación del Estado colombiano. Es decir, que quienes llevaron a cabo estas operaciones lo hicieron en nombre del gobierno sin el conocimiento o autorización de sus altos mandos. Se abre así una línea de investigación crítica. En este sentido, si se demostrara que autores internos o externos obraron de forma autónoma sería cuestión de identificar a los responsables y determinar si hubo abuso de poder o acceso indebido a recursos de inteligencia. Operaciones de esa cuantía siempre serán sospechosas y está comprobado que el banco Hapoalim, el más grande de Israel, la recibió.
Sin embargo, una suplantación efectiva requeriría una estructura lo suficientemente sofisticada para eludir los controles internos y, a la vez, simular una operación oficial, lo que sería complejo en un contexto de vigilancia y auditoría gubernamental, por lo que será necesario revisar a fondo los procedimientos, la cadena de mando, y los posibles vacíos de seguridad que habrían permitido una operación de esa naturaleza sin el conocimiento directo del gobierno en funciones.
Esa herramienta requiere de capacitación especializada para operar y gestionar sus funciones complejas. Este no es un software que pueda activarse sin un conocimiento técnico detallado, dada su naturaleza intrusiva y su diseño para el monitoreo avanzado. Un aspecto clave aquí es la implementación de un programa de entrenamiento que permita a los operativos entender cómo usarlo sin generar alertas ni rastros visibles. Se impone entonces imaginar que recibieron capacitación por vías alternativas. Esta opción implica la posibilidad de actores externos o facciones internas con recursos y conocimientos avanzados, lo cual añade gravedad al asunto.
Al parecer la tripulación de los dos vuelos efectuados se alojó en dependencias del club de la policía ubicado al norte de la ciudad. Cuando se describe a esta tripulación se puede pensar que fueron los elementos humanos que cumplieron el papel mencionado. Por lo tanto, cualquier investigación debería centrarse en si hubo manuales de operación, sesiones informales de entrenamiento o asesorías externas.
Al día de hoy hay versiones encontradas entre lo que comunica la Fiscalía, que ya ha interrogado a varios integrantes del gobierno Duque y lo que ha informado al país la Procuradora General de la Nación.
Las recientes declaraciones del ministro de Defensa no aclararon nada y más bien confundieron aún más a la opinión pública al afirmar que la “operación para adquirir Pegasus también pudo tener registros adulterados para evitar dejar rastros sobre su adquisición”.
También se conoció, por información publicada en el Diario El Tiempo, que la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, la que en sesión reservada realizó el debate de control político por el caso de Pegasus, pidió a la Fiscalía que priorice las declaraciones de la fiscal Angélica Monsalve, de Hollman Morris y de Edison Bolaños de la revista Rayo. Confirmaron que la compra se hizo de manera ilegal y que si existieron las chuzadas. Finalmente anunciaron que elevarán denuncia penal por el caso.
Mención especial merece lo que acontece con la periodista Vicky Dávila a raíz de una denuncia en su contra interpuesta por Orlando José Serpa Teherán el pasado 24 de septiembre. El denunciante solicita investigarla por “interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal, traición a la patria, y los demás que resulten de la investigación”.
Ella, califica de temeraria esa denuncia que ya cuenta con la apertura de una noticia criminal en su contra. Indicó que lo que se pretende es deslegitimar el trabajo de la Revista y se quiere que se revelen las fuentes. En sus redes reitera: “No tengo nada que ver con Pegasus. Petro lo sabe. El país lo sabe. Aquí me conocen muy bien. Si otras personas cometieron delitos, pues que respondan”.
Por su parte la Procuraduría General, dejó conocer que esa investigación contra la destacada periodista no tiene bases sólidas, particularmente porque la reserva de las fuentes es un derecho protegido por la Constitución.
Finalmente hay que tener muy claro que las investigaciones derivadas del asunto Pegasus no pueden coartar la libertad de expresión periodística. Este caso apenas comienza y no existe prueba de la existencia de esa herramienta. Muchos interrogantes se tienen y deben ser objeto de respuestas claras. Ya son varias las denuncias instauradas. Ya Petro en su más reciente alocución afirmó que el dueño de la empresa NSO Group, Rangonen, empresa propietaria de Pegasus, “delinquió en Colombia» por presunto lavado de activos.
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
