Por Rafael Nieto Loaiza
Puede que no sea el autor intelectual, pero no hay duda de que Petro es responsable del intento de asesinato de Miguel Uribe.
Su discurso de odio, sus injurias y calumnias y señalarlos como criminales, desde nazis y fascistas hasta asesinos y esclavistas, marcan a sus contradictores, ponen una diana en su pecho y “legitima” la violencia contra ellos.
Su diatriba de “guerra a muerte” y enarbolar su bandera, que ha llevado con un pin en su pecho y tenía de fondo en su oficina, fueron un paso más en la justificación de la violencia sin cuartel contra los «enemigos”, incluso los civiles y no combatientes, como en esa etapa nefasta de la gesta libertadora de Bolívar. Era cuestión de tiempo que, después de las agresiones de Petro, alguien apretara el gatillo.
Además, sus decisiones de gobierno han fortalecido a los grupos violentos, a estas alturas todos mafiosos, a lo largo y ancho del país. So pretexto de la “paz total”, entre ceses del fuego que paralizan a la Fuerza Pública, la designación de sus capos y jefes como “gestores de paz” y los afanes gubernamentales para esconderlos y evitar su extradición, todos los grupos criminales son más fuertes y más peligrosos que hace tres años. Y mucho más ricos, por los inmensos ingresos que reciben por sus negocios del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro y la extorsión, que están todos disparados. Entre enero y abril de 2025, el secuestro se incrementó un 40% en comparación con el mismo período del 2024. El año pasado, solo en Bogotá, la extorsión registró un aumento del 63,52%, alcanzando cotas históricas.
En paralelo, Petro y la izquierda extrema han debilitado de manera metódica a la Fuerza Pública. Barrieron con casi un centenar de generales; nombraron un MinDefensa, Velásquez, incompetente y enemigo de los militares; minaron su moral; le ataron las manos con ceses del fuego que impiden que se hagan operaciones ofensivas contra los bandidos pero no les exigen dejar de delinquir; se disminuyó su presupuesto y capacidad logística y, en consecuencia, tiene muchísimas menos capacidades operativas y tácticas que en 2022.
Para rematar, no solo desmanteló el sistema de inteligencia, clave en la lucha contra la delincuencia e indispensable para combatir la criminalidad organizada y el terrorismo, sino que lo politizó, lo infiltró y lo puso al servicio del M19. Lo que ha hecho este gobierno con la Dirección Nacional de Inteligencia es un pecado imperdonable, pero es casi igual de grave lo que ha ocurrido con Migración y la UNP, todos en cabeza de compadres de Petro en el Eme.
Finalmente, de Petro dependen la Policía y la UNP, encargadas de brindar la protección indispensable a quienes tienen un riesgo especial. La UNP está plagada de exguerrilleros, está penetrada por la criminalidad (según ha confesado su mismo director), sus camionetas son usadas para actividades delincuenciales, y determina la prestación de sus servicios con base no en la necesidad y el riesgo sino en criterios ideológicos y de lealtad, como lo prueba que Miguel Uribe y su equipo hicieron 23 peticiones, sin ningún éxito, para que mejoraran su esquema de seguridad y que al concejal Barrios, que acompañaba a Miguel en el momento en que intentaron asesinarlo, le anunciaran que le retirarían el vehículo blindado asignado después de que tras el atentado, con toda razón, pidiera la renuncia del director de la Unidad.
Así que sí, Petro incitó a la violencia contra sus opositores y tiene una ineludible responsabilidad política en la tentativa de homicidio de Miguel Uribe. Y no solo no la asumió sino que se ha encargado de difundir teorías sobre el crimen que hacen ruido y confunden y pretenden sacar rédito del desastre. El afán de victimizarse y la afirmación de que el atentado tenía por motivación desestabilizar su gobierno son infames.
Que el crimen fue político no debería discutirse. Que tuvo como propósito amedrentar a los opositores de Petro y de la izquierda extrema, tampoco. Miguel es no solo el senador más votado del país sino el más opcionado para ser el candidato del principal partido de oposición. La pregunta que queda por resolver es si fue un crimen de Estado. Me temo que con esta Fiscalía nos quedará la duda.
