Por Rafael Nieto Loaiza
Llevo un par de años advirtiendo que el comportamiento demográfico en Colombia ha cambiado de manera radical y plantea un desafío colosal. El promedio de vida ha aumentado de manera sustantiva y ahora es de 77,5 años, 74-75 los hombres y 80-81 las mujeres. En paralelo, hubo 433.678 nacimientos el año pasado, una caída del 4,5% en comparación con 2024. Nuestra tasa de fertilidad, 1,0 en 2025, es la más baja de América Latina y es menor que la de todos los europeos, excepto España. Para el año 2050, uno de cada cinco colombianos tendrá más de 65 años. Y si en 2023 había 6,6 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, las proyecciones advierten que hacia el año 2070 serán apenas 2,4.
Colombia enfrenta una transición silenciosa pero inexorable: el país está envejeciendo mucho más rápido de lo que está adaptando su economía. La transformación altera por completo la sostenibilidad de nuestro aparato productivo y fiscal. Los datos expuestos por el Estudio Especial del Banco de la República, «Cambio demográfico y sus impactos económicos en Colombia», son contundentes y exigen reflexiones profundas. Las alarmas están encendidas y el análisis técnico nos obliga a plantear soluciones estructurales e inmediatas ante este drástico cambio.
La transformación demográfica cambia radicalmente la ecuación de las pensiones, la salud, el cuidado y el crecimiento general del país. Sencillamente, habrá menos trabajadores sosteniendo las crecientes necesidades de una población mayor. La reforma pensional promovida por Petro no resuelve el problema de fondo; por el contrario, lo agrava ostensiblemente al basarse en un modelo insostenible que recarga de forma irresponsable las obligaciones fiscales sobre las futuras generaciones.
Para empeorar el panorama, la realidad actual demuestra que el país llega muy mal preparado a esta encrucijada institucional. Por un lado, la informalidad general, del 55% en promedio, significa que menos de la mitad de los colombianos cotiza para pensión y aporta al sistema de salud. Por el otro, la productividad de nuestra economía es muy baja, al menos en parte ligada al desastre de la muy mala calidad de la educación pública y privada, como prueban los resultados de PISA. Además, hoy en día solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación recibe efectivamente una pensión. Para las mujeres la cobertura es todavía menor, una brecha socioeconómica alarmante que se explica en buena parte por los altos índices de informalidad laboral sistémica femenina y por las pesadas cargas históricas de cuidado no remunerado que tradicionalmente han recaído sobre ellas en el hogar.
Ante esto, se debe garantizar obligatoriamente un piso de ingresos digno para quienes llegarán a la vejez sin una pensión. Estos mecanismos solidarios son indispensables en una sociedad justa, pero exigen una financiación fiscalmente sostenible a largo plazo. Ampliar la cobertura de manera desordenada y sin prever su costo real solo aplaza y profundiza el problema central. La ruta correcta es la de la responsabilidad, aumentar progresivamente el subsidio del adulto mayor blindando siempre la viabilidad fiscal de la nación, tal como lo demostramos desde el Centro Democrático al promover con éxito la ley 1912 de 2018.
Paralelamente, se debe construir un verdadero sistema nacional de cuidado. Aumentar la participación laboral femenina requiere guarderías y educación preescolar de calidad y atención integral a adultos mayores que logren liberar parte del tiempo que hoy millones de mujeres destinan al cuidado doméstico no remunerado. Desde el CD hemos dado pasos firmes en esa dirección con iniciativas como la ley ‘Estado Contigo’, priorizando el apoyo a las madres cabeza de familia para aliviar sus cargas diarias.
Por otra parte, con una población en edad de trabajar que crecerá cada vez menos en las próximas décadas, se debe aumentar con urgencia la productividad. Lograrlo exige una mejor educación y formación técnica para el trabajo, una mayor adopción tecnológica en todos los sectores y la eliminación de obstáculos regulatorios para que las empresas crezcan y se formalicen adecuadamente.
Asimismo, se debe adaptar el mercado laboral a una sociedad longeva: facilitar jornadas flexibles, capacitación constante y contratación formal de trabajadores mayores, además de desarrollar la «economía plateada» alrededor de servicios de salud, esquemas de cuidado, vivienda, tecnología adaptada y servicios financieros específicos.
El gasto público también tendrá que cambiar con rigurosidad. Una menor población infantil puede liberar gradualmente algunos recursos en áreas como la educación. Esos ahorros se deben redireccionar estrictamente para atender las crecientes necesidades de salud, cuidado y protección en la vejez.
Hay, además, una discusión profunda que Colombia tendrá que abordar sin dogmatismos ideológicos. Cada vez vivimos más años y muchas personas conservan durante mucho más tiempo su experiencia, productividad y plena capacidad de trabajar. No tiene sentido que el mercado laboral expulse anticipadamente ese valioso capital humano. Por eso se deben crear condiciones normativas para que quien quiera y pueda seguir activo tenga como hacerlo, promoviendo mayor flexibilidad laboral y una transición más gradual hacia el retiro.
